Las inquietudes del diputado Rossi

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se ha sorprendido de que, después de ocho años que lleva en el cargo, ahora se encuentre ante la "primera" movilización popular propuesta para frustrar la sanción de una o más leyes. Una vez más, llama la atención lo que ha dicho . Se olvida el diputado Rossi de que, en julio de 2008, el kirchnerismo trasladó a sus partidarios hasta el Congreso de la Nación con el fin de presionar a los legisladores para que apoyaran la malhadada resolución 125, contra los productos agropecuarios. Aquéllos fueron llevados en gran parte en caravanas de ómnibus, según costumbre de la facción política que integra el jefe del bloque oficialista.

El diputado Rossi no sólo padece de un problema de memoria; lo afecta una dificultad notoria para la interpretación correcta de lo que en sustancia se encuentra en juego en estas horas.

La sanción de las leyes que la Presidenta ha procurado presentar como tendientes a "democratizar" la Justicia conduce, contrariamente a lo que supone el mencionado líder parlamentario, a vaciar de contenido el régimen institucional recuperado en 1983.

El "vamos por todo", propio de las concepciones totalitarias de gobierno , está presente de cuerpo entero en ese paquete de leyes que la Cámara de Diputados tratará hoy. ¿Cómo calificar, por lo tanto, de actitud "fascista y antidemocrática" una movilización popular que se oponga a una pretensión que tal vez sea la más osada de las que haya hecho el fascismo de izquierda instaurado en el poder?

¿Cómo admitir en silencio que una mayoría circunstancial pueda asestar el golpe inminente que se propinará desde el Poder Ejecutivo, y con la complicidad de la mayoría legislativa sumisa, contra el corazón de la República, sin hacer nada en lo inmediato para atajarlo?

El jefe del bloque mayoritario en Diputados debería saber -y explicárselo a sus colegas de bancada y aliados- que si el Congreso concede al Poder Ejecutivo la suma del poder público, ese acto llevará consigo (artículo 29 de la Constitución de la Nación) una nulidad insanable y sujetará a los que lo formulen, consientan o firmen a "la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

Las leves modificaciones que podrían hasta aquí introducirse en relación con los proyectos provenientes de la Casa Rosada -sin ir más lejos, ayer el oficialismo admitió un par de cambios a sabiendas de que hay puntos mucho más críticos que no se piensa modificar- son de relevancia menor en relación con la gravedad global de la cuestión. Siguen en pie propuestas que lavan la entidad trascendental de las medidas cautelares y de amparo, previstas para evitar que las sentencias definitivas se conviertan en actos de ejecución ineficaz o imposible.

Además, se procura desjerarquizar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con tribunales de casación, concebidos como una suerte de tercera instancia que se llenaría con magistrados adictos de modo de asegurarse el gobierno de turno la sanción de sentencias sólo favorables a sus intereses. Y, por fin, en el colmo de los colmos, se pretende modificar el Consejo de la Magistratura para que una mayoría simple se constituya en el comisariato político activo que despedirá, cuando se le dé la gana, a un magistrado que haya obrado con criterios ajenos a los del poder político.

Visto ese estado de cosas, la movilización de esta tarde, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, es un resguardo hasta para la dignidad política de quienes han ratificado, como Rossi lo ha hecho, que votarán como quiere la Presidenta. Además, los dejará con la asistencia de garantías jurídicas el día que dejen el poder. Si esta batalla se pierde en el Congreso de la Nación, la ciudadanía democrática pondrá sus esperanzas, por cierto, en que la Justicia declare la inconstitucionalidad de lo que ya se arrastra con todos los signos de que será insalvablemente nula. ¿Vale la pena correr ese riesgo?

Es menester ahorrar, pues, al país y a lo que queda de la independencia de nuestro Poder Judicial la grave circunstancia de atravesar una grave colisión de poderes.

El kirchnerismo ha actuado desde su aparición en el escenario político con absoluta temeridad y desprecio por el valor de la concordia nacional, del diálogo civilizado y republicano, y del equilibrio de poderes que ordena nuestra Constitución. Por si también esto lo ha olvidado el diputado Rossi, habrá que recordarle que, en reiteradas oportunidades, la gobernación de Santa Cruz desobedeció la instrucción del más alto tribunal del país de reponer al procurador general de la Corte provincial. Y que, como en un calco de antiguas y malas mañas, al llegar a la Casa Rosada el kirchnerismo cayó en rebeldía ante decisiones judiciales que mandaron resolver la situación penosa de los jubilados argentinos.

Ante esas demasías, la Corte Suprema de la Nación ha actuado en todos estos años con extraordinaria prudencia, sin dejarse arrastrar por la fuerza de tales derivaciones subversivas del orden constitucional.

El diputado Rossi ha hecho algunas preguntas que procuraremos contestar. No, no se trata de agredir a ningún legislador para que cambie su voto, lo que sería un delito inadmisible. Otro tanto sucedería, desde luego, ante cualquier intento de impedir un debate en el Congreso, que queremos desde aquí descartar por completo. Se trata, en cambio, sólo de que la ciudadanía exprese en voz alta el desasosiego por una política que está rompiendo todos los límites que impone la República al autoritarismo.

Dejemos, entretanto, sin contestar una indagación del diputado Rossi sobre si en la convocatoria de hoy está implícita la voluntad de "tratar de corromper a los diputados". Ya que atraviesa un trance de notable imaginación, que lo disfrute él mismo de manera introspectiva.

Los tiempos que corren no son propicios para que nadie haga en la esfera pública de la Argentina bromas de esa naturaleza.