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Legislar con seriedad
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LA NACION
La senadora por Río Negro Silvina García Larraburu presentó en tres ejercicios legislativos 2014, 2016 y 2018 proyectos de ley enderezados a reflotar un organismo fundado el siglo pasado, que terminó fracasando como tantas otras experiencias regulatorias del Estado: la Junta Nacional de Granos.
Se trata de una dirigente política cercana a Cristina Kirchner, surgida de Bariloche. Es decir, de un centro turístico por antonomasia, y no del valle rionegrino, en el que la inmigración europea y su descendencia fundaron un bastión frutícola que da importantes recursos a la economía nacional.
Es útil recordar el papel que la Junta Nacional de Granos cumplió durante sus 60 años de existencia, prescindiendo de lo que el canciller Felipe Solá señalara meses atrás. En primer lugar, porque se desdijo de una apresurada opinión próxima a las de la senadora rionegrina. Solá había dicho que organismos como aquel pueden ser útiles "para evitar incrementos notorios en el precio del pan". Solo con la voluntad benevolente de subrayar que ese ministro dejó hace más de veinte años las funciones de secretario de Estado para asuntos del agro y la ganadería puede explicarse su olvido de que el trigo apenas participa en el 10% del costo del pan. Es por el cúmulo de cegueras ideológicas, ignorancia y tendencia irresistible a sobredimensionar el papel del Estado que las pruebas históricas sobre políticas infortunadas del pasado nada dicen a quienes propenden a empujarnos con asombrosa reiteración a los mismos errores.
La crisis mundial que estalló hacia 1929 golpeó gravemente al país. En apenas cuatro años las exportaciones argentinas bajaron de 1000 millones de dólares en 1928 a solo 335 millones en 1932. Después de que Gran Bretaña, nuestro principal comprador, declarara la inconvertibilidad de la libra, la administración conservadora desdobló aquí el mercado de cambios y creó en 1933 la llamada Junta Reguladora de Granos. Se crearon estructuras gubernamentales específicas para las carnes, el algodón, la vitivinicultura y la yerba mate. La idea madre fue que el gobierno fijara precios sostén para comprar las materias primas que se le ofrecieran, pues había en los treinta una gravísima crisis mundial de la demanda.
En aquellos tiempos de emergencia, las compras por el Estado -esencialmente trigo, maíz y lino producían a menudo quebrantos que se afrontaban con el Fondo de Cambios del Banco de la Nación. Hubo otras dos experiencias extranjeras de igual naturaleza, en Canadá y Australia, que terminaron por agotarse con los años. El proyecto de la senadora García Larraburu está fundado en la peregrina idea de regular y controlar la producción de cereales, oleaginosas y subproductos para beneficiar a trabajadores y consumidores. Cháchara lamentable, desinteresada en informarse de que cuando la Argentina tomó la decisión de liquidar la Junta Nacional de Granos, en 1991, bastaron cinco años para que las exportaciones de maíz y trigo aumentaran el 50 por ciento. Y siguieran aumentando aún más hasta el presente, con los interregnos de Guillermo Moreno y otros próceres del populismo.
En 1946 las funciones de las juntas reguladoras quedaron absorbidas por un engendro totalitario, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), fuente de corruptelas que se incorporaron como parte del sistema al funcionamiento de la burocracia del país. En esa época se expropiaron elevadores de empresas exportadoras. La Junta Nacional de Granos volvió a formarse en 1956; para los años de la presidencia de Guido contaba con un plantel de alrededor de 8000 personas. En 1991, al ser disuelta por la política de desregulación económica instrumentada por el ministro Cavallo, el organismo había pasado por siniestras experiencias, como la explosión del Silo-5 de Ingeniero White, en Bahía Blanca, que ocasionó decenas de muertos; otros elevadores explotaron en Rosario y Buenos Aires como consecuencia del deterioro de equipos en un cuerpo estatal sin suficientes recursos para sus dimensiones. Así ocurrió también con numerosos servicios públicos estatizados.
La ineficiencia de la Junta Nacional de Granos tuvo otras oportunidades de alta exposición pública, como cuando por su intermedio el secretario de Comercio de Alfonsín, Ricardo Mazzorín, compró a Hungría, Venezuela y Brasil pollos por 50 millones de dólares. Lo que comenzó siendo una decisión destinada a contener la suba de los precios internos terminó en una dilapidación de recursos públicos, pues con el paso del tiempo esos pollos fueron incomibles.
Al final, la Junta Nacional de Granos no hizo más que acumular deudas en dólares, impagables por su magnitud. Dios nos libre de iniciativas como las que la senadora por Río Negro presenta con una regularidad llamativa, a contramano de las evidencias de que si hay mercados transparentes en la Argentina son los que derivan de los más de 140 de millones de toneladas de granos de nuestra producción. A tal eficiencia y productividad celebrada por granjeros de todo el mundo, y cuya primera parte comienza con las labores agrícolas tranqueras adentro, en ámbitos del Congreso de la Nación se contesta con necedades del carácter de que "debe acabarse con la extranjerización" de nuestras exportaciones agrícolas".
No son tiempos para la frivolidad burocrática ni para políticas propias de regímenes que ordenan hasta el silencio, según lo comprueba un mundo angustiado después de que China guardara por un mes el secreto más perverso de la contemporaneidad. Señores legisladores: legislen con seriedad, por favor.
LA NACION
