Lesa humanidad: una claudicación histórica
La Justicia está abarrotada de causas de lesa humanidad por crímenes de hace 50 años que violan el derecho de todos a ser juzgados en un plazo razonable
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El sinuoso direccionamiento que luego de 20 años ha mostrado la jurisprudencia sentada por la mayoría de Corte Suprema durante la administración kirchnerista, ha convertido el juzgamiento de los graves sucesos ocurridos en los años 70, en una trágica parodia, que mantiene en alto la inseguridad jurídica del país.
Se destaca en primer lugar el oscuro origen de la doctrina sentada por aquella mayoría, a partir del ataque y posterior desplazamiento compulsivo de varios antiguos ministros del alto tribunal. El objetivo confesado públicamente por el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tenía dos propósitos: la pesificación de la economía y la reapertura de los juicios contra militares por hechos de los 70, objetivo prometido al inesperado socio que se sumaba al proyecto político en ciernes: la izquierda revolucionaria, incorporada prometiendo “el fin de la impunidad de los represores”. Lo que subyacía - descubierto después- era la instalación de un proyecto de poder que se financiaría mediante un sistema de recaudación y enriquecimiento ilegal, especialmente a través de la obra pública. Néstor Kirchner concedería a sus socios el Decreto 1086/05 que a través de su Anexo oculto cambiaría la matriz cultural de la Argentina por la agenda woke que nos regiría a partir de entonces, mientras la educación pública brindaba una nueva versión de la historia reciente, con guerrilleros presentados como jóvenes idealistas que luchaban por la democracia, mientras se demonizaba a las Fuerzas Armadas y de seguridad y a todos sus miembros. Nacía así el kirchnerismo.
Se pidió el juicio político a toda la Corte, mientras los nuevos socios de la izquierda efectuaban escraches en los domicilios de los jueces. El automóvil que transportaba a uno de ellos fue ametrallado. La nueva conformación necesitaba solo un voto para desnivelar la paridad que impediría volver a juzgar los delitos ocurridos en aquellos enfrentamientos armados. Lo lograron gracias al súbito cambio de uno de los que había desechado tal pretensión en cinco fallos anteriores, el doctor Enrique Petracchi, que cambió su voto solo tres meses después de que el Congreso archivara un pedido de juicio político con el que lo perseguía una comisión integrada, entre otros, por la entonces diputada Cristina Kirchner. Los pronunciamientos de la nueva mayoría para lograr el propósito pretendido por la política, continuaron arrasando, además de la prescripción, otras garantías constitucionales aún más importantes. Declararon que tales delitos eran desde siempre considerados de “lesa humanidad”, una calificación nacida para el Derecho argentino 25 años después de los hechos. Barrieron así con el principio de que “no hay crimen sin ley penal previa”, muralla contra la tiranía. La irretroactividad de la ley penal más gravosa para el inculpado es un principio básico que permanecía, hasta estos fallos, sagrado para el Derecho argentino y sus tribunales. En otro inexplicable giro, la Corte declaró luego que tales delitos no podían ser objeto de amnistías o indultos, desconociendo el perdón otorgado a todos los contendientes por las leyes del Congreso de Alfonsín y los indultos de Menem. Al dclarar inválido el instituto de la “cosa juzgada”, terminaron con con el principio que impide en todo el mundo civilizado que cualquier ciudadano pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
El kirchnerismo convirtió en parodia el juzgamiento de los graves sucesos de los 70
No solo saltaron vallas que deberían mantenerse inexpugnables para asegurar el orden cívico y las garantías elementales de los individuos, vigentes solo cuando rigen para todos los ciudadanos, sino que impulsaron injustificadamente el enjuiciamiento solo de los militares -nunca de los jefes políticos que dieron las órdenes- y no de los guerrilleros. Más de 21.000 atentados y crímenes en los que 1094 personas perdieron la vida, quedaron amparados por la prescripción, las amnistías dictadas, los indultos y la cosa juzgada. La persecución judicial se extendió luego, fuera de las jerarquías de las tres fuerzas que habían quedado impunes, alcanzando a todos sus miembros, y los de las fuerzas de seguridad federal y provinciales sin distinción de grados. Tras semejante ofensiva, siguió la colonización de toda la Justicia mediante la creación de la agrupación militante Justicia Legítima promoviendo a sus miembros en puestos claves para servir a sus propósitos.
Los juicios se desarrollaron con una nueva modalidad: dada la “gravedad” de los delitos no existieron más los institutos de eximición de prisión ni la excarcelación. Los imputados permanecen detenidos desde el inicio y mientras duran los juicios, convirtiendo la excepción en una regla solo para esta clase de procesos. Dada la desaparición de pruebas a casi 50 años, se admitieron como válidas e incuestionables las presentadas y se condenó por el reconocimiento fotográfico o la versión de una sola víctima, que en muchos casos identificó a los supuestos autores por su voz, sus zapatos y aun cuando al momento de los hechos tenían apenas 8 o 9 años de edad. Las penas fueron en todos los casos las más severas, sin importar la jerarquía ni el hecho de que ninguno de los procesados tuviera antecedentes delictivos ni antes ni después de aquello por lo cual se los imputó. Las prisiones preventivas se extienden por 10 o 15 años, triplicando las de presos comunes. No hubo para ancianos enfermos ni detención domiciliaria ni salidas anticipadas ni libertad condicional ni otros institutos que rigen para todo ciudadano. La persecución continuó ampliándose hasta nuestros días. Comenzaron con militares retirados que prestaron funciones gubernamentales durante la dictadura; luego incorporaron a civiles, empresarios, opositores políticos, periodistas y dueños de medios de comunicación, exjueces, sindicalistas y sacerdotes como el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, y muchos otros apuntados como objetivos por el gobierno o sus socios de la izquierda.
Además de los juicios tantas veces amañados montaron un escandaloso negocio de millonarias indemnizaciones. Ante la presión de exguerrilleros y familiares de víctimas de los enfrentamientos armados previos a la dictadura militar, comenzaron a abrirse procesos por hechos ocurridos en períodos constitucionales con nuevas detenciones y nuevas indemnizaciones a supuestas víctimas por más de US$3500 millones que desembolsó el Estado. La deriva jurisprudencial ha producido un alejamiento cada vez más elocuente de lo declarado por la Cámara Federal en la sentencia de la causa 13/84. En ella, los jueces declararon que la Argentina se enfrentó a una guerra revolucionaria. Señalaron textualmente: “No puede soslayarse que los hechos objeto de juzgamiento se produjeron en un contexto de violencia generado por la acción de organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la fuerza. Sin esa agresión subversiva, los acontecimientos que aquí se analizan no se habrían producido”. La condena a los comandantes no fue por aniquilar la guerrilla, sino por hacerlo a través de métodos ilegales. Una de las más importantes verdades calladas durante estos veinte años.
Los juzgados federales argentinos, encargados de combatir el narcotráfico y la corrupción, están colmados de juicios de lesa humanidad por crímenes ocurridos hace 50 años que violan el derecho de toda persona a ser juzgada y determinados sus derechos en un plazo razonable. Ninguna nación del mundo ha juzgado a las más bajas jerarquías de sus fuerzas armadas y de seguridad en un conflicto armado como lo viene haciendo la Justicia argentina. Tres mil quinientos oficiales y suboficiales han sido encarcelados y ya murieron detenidos 959 imputados, más del 80% sin sentencia firme. Un número mayor que todas las bajas que el ejército inglés nos infligió en la guerra de Malvinas. Nunca debemos olvidar el horror y las trágicas consecuencias del abandono de la legalidad por parte de las juntas militares en el combate contra el terrorismo. La forma que tuvo y tiene el Estado de Derecho de reconocerlas es precisamente la de no caer en la misma claudicación.
Tipo de trabajo:
opinión
