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¿Libertad de culto?
El relevamiento de un capellán de la Gendarmería por oficiar una misa para los integrantes de esa fuerza actualmente en conflicto resulta desafortunado
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Desde los albores de la República, la libertad de expresión, madre de todas las libertades, ha estado intrínsecamente ligada a nuestro estilo de vida. Simultáneamente, por carácter transitivo, la libertad de culto adquirió rango constitucional al proclamar nuestra Ley Fundamental el derecho, entre otros muchos, de profesar libremente una religión. Prueba inequívoca de esta diversidad y pluralidad confesional que nuestra nación sostiene es el hecho de que, además del catolicismo, el judaísmo, el islam y el protestantismo, son 2500 los cultos que se encuentran inscriptos ante la Secretaría de Culto, testimoniando que en este país la libertad religiosa es, desde hace cientos de años, una expresión de las aspiraciones nacionales a favor de una coexistencia universal, humanista, plural y pacífica.
La reciente protesta de los gendarmes y prefectos sumó una nueva y preocupante arista que, lejos de poder circunscribirse a una cuestión meramente administrativa, constituye otro grave signo de cuán inagotable es este modelo que el Gobierno busca imponer y para el cual todo vale.
El domingo pasado el sacerdote Gerónimo Fernández Rizzo, uno de los capellanes de la Gendarmería Nacional, celebró misa para los gendarmes que reclaman una mejora salarial y de sus ingresos en negro.
A poco de haber cumplido con la noble tarea de desempeñar sus funciones pastorales, una fulminante decisión de monseñor Pedro Candia, obispo interino del obispado castrense, lo relevó de sus tareas y lo expulsó de su jurisdicción. Vale recordar que desde 2005, año en que Néstor Kirchner echó al por entonces titular del obispado castrense, Antonio Baseotto, la institución se encuentra en una situación indefinida y desdibujada cercana a la disolución.
La Santa Sede ha intentado designar hace ya tiempo a un nuevo obispo castrense, pero esta determinación ha chocado con la negativa del Gobierno, que ha hecho saber que no considerará la posibilidad de que esa vacante sea cubierta, pues entre sus proyectos se encontraba la eliminación de ese obispado.
Todo parecería indicar que la decisión del obispo interino ha sido extemporánea y desafortunada en razón del ámbito y las circunstancias que atraviesan los referentes de las fuerzas de seguridad. Por esta razón, no está de más preguntarse si no habrá sido él mismo objeto de alguna incómoda sugerencia o presión que lo empujó a esta absurda sanción.
Cualquiera haya sido el motivo, resulta a todas luces inexplicable que se victimice a quienes con devoción religiosa y auténtico sentido de servicio social sólo cumplen con sus tareas pastorales como el sacerdote Fernández Rizzo. Una vez más, la arbitrariedad y la descalificación han sido instrumentos de un modelo que progresivamente avanza sobre las libertades en nuestra sociedad.
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