Litigiosidad laboral, en peligroso aumento

El dato es una señal de alerta que se enciende, una vez más, en las empresas empleadoras del país y en las compañías de seguros. En 2024, el número de nuevos juicios por accidentes y enfermedades laborales tuvo un incremento y se ubicó en un valor cercano al récord registrado en 2017.

Fueron, concretamente, 125.842 los litigios iniciados, según la estadística difundida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). La cifra es un 7% superior a la de 2023, año en el cual la cantidad de demandas ya había crecido un 25% respecto de 2022.

El último año fue, de hecho, el cuarto consecutivo con un incremento de la litigiosidad, que había mostrado una caída sensible en 2020. Es cierto que en aquel año fue determinante la reducción brusca del nivel de actividad y de los traslados desde y hacia los lugares de trabajo a causa de la pandemia de Covid-19 y de las restricciones impuestas a la población.

Sin embargo, los datos también muestran que 2020 había sido el tercer año consecutivo con caída de la judicialidad: luego de aquel récord de 2017, cuando hubo 130.679 nuevos reclamos, había llegado un alivio. Fue después de la aprobación, en 2017, de la ley 27.348. Entre otras cuestiones, esa norma introdujo cambios en los procedimientos a seguir cuando no hay conformidad, por parte del trabajador, con la determinación del grado de incapacidad que eventualmente quedó por un accidente o una enfermedad, y además mejoró sustancialmente los montos de las indemnizaciones que se perciben.

Este último aspecto –el aumento de las compensaciones dinerarias– fue puesto en marcha de inmediato, y allí se encontraría una razón fundamental para la caída del número de juicios en los años inmediatamente posteriores a la reforma.

Pero otra parte de la ley, la referida al mecanismo y a los pasos a dar en los reclamos judiciales, no tuvo todavía aplicación práctica, al menos de forma generalizada y según la advertencia que, a modo de reclamo, hacen las ART desde hace tiempo. En este punto está la explicación a la preocupante suba de la litigiosidad, un hecho contradictorio con el que revela otra estadística del sector. En las últimas décadas fue continua la baja de los índices de siniestralidad general y de muertes ocurridas en lugares de trabajo o en los trayectos desde y hacia las empresas o espacios donde se desarrollan las tareas. Mientras que en 1996 –año en que se inició el sistema de riesgos de la ley 24.557– hubo 233,2 fallecimientos por millón de trabajadores, en 2023 ese índice, que incluye los casos in itinire (en trayecto), fue de 61,8. Y de un índice de ocurrencia de enfermedades y accidentes de 84,3 por mil a mediados de los 90 se pasó a uno de 54 por mil en 2023, según el dato más reciente disponible.

Lo que falta implementar de la reforma y que llevaría a modificar la tendencia de una litigiosidad creciente es la conformación de cuerpos médicos forenses en el ámbito judicial de cada una de las jurisdicciones que adhirieron a la ley de 2017 –son 17 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, con profesionales seleccionados por concurso que, para la valoración de los daños provocados por un accidente o enfermedad, se limiten al uso del baremo (una tabla de incapacidad o invalidez laboral, según la cual se definen las indemnizaciones) y del listado de enfermedades profesionales que establece la normativa.

Además, la ley dispone que los peritos médicos cobren honorarios cuya cuantía esté desvinculada del resultado del juicio y que, en cambio, tengan una regulación que responda “exclusivamente” al trabajo profesional realizado en el pleito.

Según muestran los datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos, cuando se siguen los lineamientos de la ley 27.348 en cuanto a la actuación de los peritos médicos en instancia judicial, se reduce el número de reclamos, porque bajan los incentivos a demandar.

Otras cuestiones se suman a las causas de la mayor judicialidad. Una es la de los montos exorbitantes que provocan las altas tasas de interés ordenadas muchas veces en las sentencias para su aplicación sobre las indemnizaciones que, por normativa, están sujetas a determinados pisos y son actualizables.

Las ART le pusieron un número al alza de las tarifas del seguro en el que derivará la litigiosidad creciente, de no ceder: la alícuota promedio pasará de 2,48% a 4,41% de la nómina salarial, lo que implica una suba de 78%.

Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la llamada “industria del juicio” le cuesta al sector más de 200.000 millones de pesos al año. Y el número de juicios, pese a la reducción de accidentes, aumenta las alícuotas de las ART.

Una encuesta de SEL Consultores de fines de 2024, de la que participaron 5048 compañías de diferentes sectores, arrojó que el 70% considera que la judicialidad afecta los planes de inversión, en tanto que el 74% advierte que el problema influye en las decisiones de contratar personal.

De manera silenciosa, la problemática tiene fuerte impacto negativo en la sociedad toda, por lo cual resulta imperioso no solo encontrar una solución, sino también, y principalmente, ponerla en práctica sin más demoras.

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