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Los excesos y efectos de la devaluación
Se eligió un camino equivocado sin prever las consecuencias sobre los derechos de propiedad, instituciones, el empleo, la producción, los salarios y la estabilidad
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El índice del Big Mac se elabora midiendo lo que cuesta ese tipo particular de hamburguesa en distintos países, expresado en dólares al tipo de cambio vigente en cada caso. En diciembre de 2001, el precio en nuestro país era de 2,50 pesos o también dólares. Se igualaba entonces con el precio en los Estados Unidos y superaba, aunque no sensiblemente el promedio de los países de la muestra. En mayo de 2002, el precio del Big Mac en la Argentina se ha reducido a 0,78 dólar, pasando a ser el más barato del mundo.
Observando ese índice así como otros, también basados en comparaciones del costo de una canasta de bienes, parece evidente que la devaluación argentina no fue consecuencia de un retraso cambiario significativo. En todo caso, la falta de competitividad que muchos señalaban habría que buscarla en la altísima tasa de interés que debían pagar los productores por sus inversiones y su capital de trabajo. Este sobrecosto era a su vez consecuencia del creciente riesgo originado en el crónico déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública.
La ruptura de la convertibilidad, la devaluación y la pesificación forzosa fueron decisiones que obedecieron al objetivo declarado de cambiar “el modelo”. Junto con el default, todas estas disposiciones derivaron de una interpretación equivocada o tendenciosa de la realidad económica y social. En algunos casos el apoyo a estas propuestas fue un mero error interpretativo, en otros lo fue por razones ideológicas y posiblemente en algunos otros por la necesidad material de licuar pasivos. Lo cierto es que los dos presidentes electos por la Asamblea Legislativa dieron pasos sucesivos en el camino de la ruptura de las reglas antes vigentes, desembocando en una situación casi incontrolable en diversas áreas de la economía, incluyendo una fuerte devaluación y la consecuente inflación. Esas decisiones contaron con el apoyo de sindicalistas, sectores empresarios y una parte importante de la dirigencia política.
A poco que se advirtieron las consecuencias de la devaluación, su paternidad ha sido crecientemente desconocida. El Presidente suele repetir que “la devaluación fue producida por el mercado”, sin explicar de cómo el mercado pudo haber triplicado el precio del dólar para que ahora tengamos un peso totalmente subvaluado. En todo caso, lo que cabe debatir es si la convertibilidad continuaba siendo factible y si no lo fuera, cuales debieron haber sido las correcciones.
La convertibilidad requería como condición que el Banco Central no emitiera para cubrir déficit fiscal ni para ningún otro motivo que no fuera entregar pesos para recibir dólares. Eso aseguraba la permanente cobertura, con reservas, de la base monetaria. También era condición que las reservas que respaldaban la convertibilidad no se usaran para realizar pagos del gobierno. Si había déficit fiscal o redescuentos a los bancos, éstos debían financiarse con endeudamiento. La pérdida de la capacidad del gobierno de obtener crédito externo o interno ponía así en riesgo la convertibilidad. La única forma genuina de evitar ese riesgo era corregir definitivamente el desequilibrio fiscal y evitar que los bancos necesitaran redescuentos. El programa propuesto por el ministro López Murphy en marzo de 2001 fue la última oportunidad en que se hizo un intento con esa orientación. Sin embargo, una combinación de ceguera, ideología, debilidad e intereses frustró aquel intento, y a partir de allí comenzó realmente a gestarse el fin de la convertibilidad. No fue el mercado sino la incapacidad de atacar los problemas de fondo lo que llevó a la devaluación y a la ruptura devastadora de las reglas antes vigentes. Aun en enero de 2002 todavía era posible evitar lo que se hizo si se hubieran encarado decididamente las reformas de fondo para asegurar una convergencia sostenible hacia el equilibrio fiscal. Tanto la ayuda externa para solventar los desequilibrios residuales y evitar el default, así como la recuperación gradual de la confianza para reducir el costo del crédito y liberar los depósitos, eran hasta entonces factibles. La competitividad debía reforzarse genuinamente por mejoras en la productividad, la reducción de la tasa de interés y por cambios graduales de precios relativos como venía sucediendo.
Se eligió un camino equivocado sin prever las gravísimas consecuencias que tendría sobre los derechos de propiedad y otros derechos de las personas, sobre las instituciones, el empleo, la producción, los salarios y la estabilidad. El prestigio de nuestro país se ha deteriorado como nunca y el orden público está hoy en serio riesgo por el rápido agravamiento de la situación social.
La devaluación de más del 200% es un hecho irreversible que continuará teniendo consecuencias y que nos pone al borde de la hiperinflación. Es imprescindible rectificar los rumbos, no ya para borrar los daños que se han producido sino para volver a ser un país con moneda, con instituciones creíbles, con crédito, con empleo y salarios dignos.
