Los negocios entre Cristóbal López y Cristina Kirchner

Las millonarias sumas que empresas de Cristóbal López vienen abonando a la familia de la presidenta de la Nación por el alquiler de dos departamentos, una oficina y cinco cocheras constituyen un nuevo capítulo de una matriz de enriquecimiento de la primera mandataria que debería ser seriamente investigado por la Justicia, en tanto estaríamos ante negocios prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, que podrían resultar violatorios incluso del Código Penal.

De acuerdo con lo informado por LA NACION el último fin de semana, Cristóbal López, empresario patagónico conocido como "el zar del juego" y cabeza del Grupo Indalo, que incluye un creciente conglomerado de compañías vinculadas con los casinos y tragamonedas, el negocio petrolero, la construcción de obras viales e industriales, el sector financiero y los medios de comunicación, mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

Según la documentación a la que accedió este diario, durante los últimos ocho meses, la jefa del Estado y su familia recibieron, a través de su sociedad Los Sauces SA, al menos 2,8 millones de pesos de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, entre junio de 2014 y enero último, por el alquiler de un dúplex de 435 metros cuadrados, de una oficina de 608 metros cuadrados y de cinco cocheras, que se encuentran en el edificio Madero Center, en el barrio de Puerto Madero.

Además, un tradicional departamento que se encuentra a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner, ubicado en el barrio de la Recoleta, también es alquilado a un alto directivo del grupo empresario liderado por López. Por la renta de esa unidad, la familia Kirchner recibió algo más de 200.000 pesos en los últimos ocho meses, a razón de 26.000 pesos de alquiler por mes.

Nada habría de malo en estos negocios si no fuera porque el Código de Ética de la Función Pública prohíbe que un funcionario preste servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean sus proveedores.

Así, el artículo 23 de este código determina que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, al tiempo que debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.

El artículo 26 establece que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.

A su vez, el artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, del mismo modo, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores del Estado.

El Código Penal prevé, en su artículo 265, una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime, en su artículo 266, con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva.

Los mencionados negocios inmobiliarios entre empresas de Cristóbal López y la familia Kirchner se emparientan con la misma matriz de enriquecimiento a través de la controvertida empresa Hotesur SA, asociada a las misteriosas y millonarias contrataciones de habitaciones de hoteles de Santa Cruz que no terminaban ocupándose, por parte de empresas de Lázaro Báez, entre 2010 y 2011. La familia presidencial está siendo investigada en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio por ese hecho.

Hay motivos para presumir en los negocios descriptos un intercambio de favores entre contratistas de obra pública y la familia presidencial bajo la pantalla de servicios de hotelería, en un caso, y de alquileres de propiedades, en el otro.

Esta modalidad tiene otros antecedentes, como cuando, hacia los años 2008 y 2009, el matrimonio Kirchner recibía pagos mensuales de 105.000 a 210.000 dólares por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, en El Calafate. Lo nuevamente curioso es que la sociedad de la que los Kirchner recibían ese dinero era encabezada por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido, que por entonces, además de propietario del Hotel Panamericano, era concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura. Ese contrato le permitió a Néstor Kirchner justificar un incremento patrimonial del 158 por ciento en 2008.

Recientemente, Cristóbal López ha acusado desde algunos de sus medios a este diario de "mentir sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar". Pese a eso, confirmó que empresas del Grupo Indalo alquilan propiedades a una sociedad integrada por la presidenta de la Nación. Queda claro con qué propósito busca López concentrar medios de comunicación en sus manos. Al igual que en su momento Alfredo Yabrán, cree que el poder es impunidad. Sólo que en la equivocada concepción del zar de las tragamonedas, ésta se puede lograr mediante el control de los medios.

Como poco puede esperarse frente a estas situaciones de organismos de control de la transparencia pública que han sido cooptados por el kirchnerismo, cabe aguardar que tanto la Justicia como el Poder Legislativo investiguen debidamente estas irregularidades que comprometen la ética en la función pública en lo más alto del poder político.

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