Maldonado, seis años después
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LA NACION
Los argentinos hemos debido acostumbrarnos a que muchos compatriotas hayan comprado revisiones de la historia convenientemente inspiradas en falsos relatos teñidos de ideología.
Apelando a una distorsión intencionada de la realidad, sin contar con ninguna prueba fehaciente, en agosto de 2017 se pretendió responsabilizar al gobierno de Mauricio Macri por la supuesta desaparición forzada del joven artesano Santiago Maldonado. Su rastro se había perdido luego de que fuerzas de seguridad estatales procedieran al despeje de la ruta 40, ocupada por activistas. El montaje acusador incluyó falsos testimonios de quienes afirmaron haber visto con binoculares cómo efectivos de la Gendarmería secuestraban al joven. Pruebas plantadas, obstrucciones a la investigación, demandas de soberanía en “tierras ancestrales” para consagrar y proteger debidamente a un Estado independiente en nuestro territorio fueron solo algunos de los viles métodos utilizados.
En medio de acusaciones contra un presunto “Estado represor”, el aparato opositor desplegó una feroz campaña con cientos de portavoces que, al ritmo de numerosas organizaciones sociales que bastardearon el discurso en defensa de los derechos humanos, clamaban por la aparición con vida de Maldonado. Numerosas organizaciones locales encabezaron el reclamo, sumando a otras internacionales que comprometieron su prestigio en la triste parodia. Estela de Carlotto, referente de Abuelas de Plaza de Mayo, había incluso increpado a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Si no quieren reconocer la desaparición forzada, no tenemos nada de qué hablar. ¡Ustedes son peores que la dictadura!”, llegó a afirmar.
La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y quienes usurparon el Pu Lof Resistencia Cushamen habrían sabido desde el primer momento que Maldonado perdió la vida al intentar cruzar el río Chubut, tal como quedó fehacientemente demostrado luego de la participación de más de 55 especialistas en las pericias. Sin embargo, en un nuevo aniversario de la desaparición, el 1º de agosto pasado, su hermano Sergio Maldonado insistía con su reclamo de “saber qué pasó” con su hermano.
La tan demorada como esperada resolución judicial llegó finalmente. A seis años y diez días de los hechos investigados, el juez federal de Rawson Gustavo Lleral ordenó “los sobreseimientos totales y definitivos, el cierre concluyente y el consecuente archivo de la totalidad de estas actuaciones”. En un fallo de más de 300 fojas, el magistrado fue contundente al afirmar que no encontró “ninguna conducta humana susceptible de constituir un ilícito penalmente típico”; habló de “especulación espuria” y destacó que la verdad pudo demostrarse con “independencia e imparcialidad”. Ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes, por lo que la inocencia de los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila y Marcelo Ferreyra quedó palmariamente demostrada.
La demorada sentencia judicial no pudo impedir que un puñado de cada vez más desprestigiadas organizaciones pretendiera minar la legitimidad de un gobierno, miserablemente apalancadas en un desgraciado episodio. Los derechos humanos son universales y jamás debieran ser usados mezquinamente en favor de una facción. Mucho menos para poner en riesgo la salud de la república ni para llenar los bolsillos de demasiados embusteros, henchidos de ideología y huérfanos de valores, siempre dispuestos a tratar de falsear la verdad en beneficio propio.
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