Más imputados en el Bentogate
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LA NACION
Nuevos elementos se agregan a las denuncias penales contra el escandaloso juez federal Walter Bento, que investiga el fiscal federal Dante Vega y que han dado lugar a la intervención del Consejo de la Magistratura, con vistas a la destitución del magistrado.
En la causa conocida como Bentogate hay casi 30 imputados. El juez está acusado de liderar una asociación ilícita cargo de la percepción de sobornos pagados por imputados en causas penales bajo su jurisdicción, además de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La acusación involucra también a otro magistrado del Ministerio Público de la Defensa: el defensor oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Mendoza, Jorge Miranda, quien es investigado como parte de la banda y de haber percibido un soborno que habría pagado la ciudadana chilena Rosa Fernández durante su detención en una causa por contrabando de cigarrillos.
Uno de los testigos claves fue Gonzalo Ramírez Madrid, detenido y extorsionado por el fallecido Diego Aliaga, mano derecha del juez Bento. Como se negó a pagar, Ramírez fue víctima de extorsiones y apremios ilegales. Ya en libertad, Rosa Fernández comentó a Ramírez, en una visita a la cárcel de Mendoza, que ella había logrado “cambiar” la carátula y salir en libertad gracias a un soborno de 40.000 dólares que le habría gestionado Miranda con el juez Bento. Miranda está también imputado por intento de abuso sexual a la novia de uno de sus “clientes”, un conocido narcotraficante de aquella provincia.
La suspensión de Miranda fue dispuesta por la Defensoría General de la Nación a partir de que, en el contexto del jury para su destitución, se tomó conocimiento de que habría seguido y espiado sin autorización ni control judicial a tres de los testigos que iban a declarar en su sumario administrativo. Incluso, fue él mismo quien aportó las supuestas constancias notariales que una investigación privada habría documentado mediante seguimientos y tomas fotográficas de testigos, momentos antes y luego de prestar declaración,
Las irregularidades no terminan allí. Los testigos fueron incomunicados por cinco horas y funcionarios administrativos sin facultades judiciales les negaron acceso a bebidas, alimentos o sanitarios.
Existen numerosas pruebas y escuchas telefónicas sobre las vinculaciones entre Miranda y Bento en componendas para obtener sobornos de imputados y procesados con el fin de mejorarles su situación procesal o dejarlos en libertad.
Sin dudas, la calidad de la Justicia en nuestro país es un problema muy serio. En muchos casos, el de la decencia de algunos magistrados.
Si queremos una Justicia de excelencia, con magistrados probos y conocedores del derecho, la base está sin duda en su formación y en la ejemplaridad. Sin grandes maestros, no hay buenos alumnos.
Ha quedado demostrado que no son estos los problemas que preocupan al oficialismo cuando critica al Poder judicial. Son ellos mismos los responsables de gran número de las peores designaciones en la Justicia, donde impera el servilismo ante funcionarios o ante gobernadores con servicios de justicia adictos y una justicia federal indiferente.
Las preocupaciones del Gobierno en relación con la justicia por fuera del deseo de reformarla para hacerla a medida de sus tropelías incluyen inventar causas para desprestigiar a sus opositores y proteger a los gobernadores afines.
Sostener un sistema de corrupciones y favores sin castigos para lograr la impunidad de la familia Kirchner sigue siendo el principal objetivo. Desarmar los viciados andamiajes, castigar debidamente a los corruptos y empoderar a los magistrados probos es retomar la senda de una Justicia independiente al servicio de los valores republicanos.
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opinión
