Mascardi, tierra de nadie
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LA NACION
Violentos sectores minoritarios han vuelto a instalar el terror, arrogándose falsos derechos ancestrales, ante la pasividad del Gobierno
Distintas expresiones artísticas abrevaron desde siempre en milenarios cuentos de origen indígena, que hablan de la creación, de la naturaleza y de los mitos; tiempos remotos en los que los animales hablaban con los seres humanos y los dioses participaban en los asuntos terrenales. Para los mapuches, el o la "machi" es el vínculo entre el mundo de los espíritus y el mundo real. La mayoría de las comunidades coinciden en que, desde la década del 50, nadie ejerció ese rol en la Argentina, aunque sí en Chile. Betiana Colhuan, con 20 años, es la líder "machi" de la comunidad Lafken Winkul Mapu (LWM), sindicada como responsable de mantener por estos días en vilo a Villa Mascardi, localidad rionegrina ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Su madre, María Nahuel, y su padre, Cristian Colhuan, mantenían una excelente relación con sus vecinos Nelson Cárdenas González y su mujer en el barrio Virgen Misionera, de Bariloche. En una entrevista, el matrimonio de jubilados relató cómo los vieron convertirse en una "familia violenta" a partir de 2014, luego de que María Nahuel comentara que "querían hacerse mapuches por las tierras y otros beneficios que otorgaba el gobierno". Con asesoramiento y ayuda de una machi de Ozorno (Chile), levantaron una bandera mapuche en la plaza del barrio y continuaron ocupando espacios y construyendo viviendas para su organización, invocando falsamente derechos ancestrales. Desde entonces, el matrimonio testigo de distintos hechos comprometedores ha sido atacado en reiteradas ocasiones, como tantos otros del barrio, para que abandonen el lugar; viven amenazados, vieron incendiada su casa y llevan presentadas numerosas denuncias ante la comuna, el Concejo Deliberante y la Justicia, sin que prosperen.
La madre de la joven "machi" era además tía y mentora de Rafael Nahuel, muerto en un enfrentamiento en 2017 cuando la Gendarmería pretendía desocupar, por orden judicial, un predio de unas seis hectáreas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, usurpado precisamente por la LWM con el argumento de que la "machi" lo había designado "espacio sagrado". Su pareja es Matías Santana, recordado por haber incurrido en el delito de falso testimonio cuando declaró haber visto, desde su caballo y con binoculares, cómo la Gendarmería supuestamente trasladaba el cuerpo de Santiago Maldonado en una camioneta cuando aún estaba desaparecido.
Los primeros actos vandálicos de una larga serie de anónimos ataques en Villa Mascardi se remontan a 2015 con el incendio de la Estancia La Escondida, hoy con un cartel que indica "terreno recuperado por la resistencia mapuche". Grupos violentos que siempre actúan clandestinamente y a cara cubierta, amparados por una comunidad al margen de la ley, son los responsables de incendios intencionales y de vandalismo en cabañas del campamento educativo Ruca Lauquen y Hueche Ruca. En la destruida cabaña Los Radales se hallaron bombas molotov y maderas embebidas en combustible. Su dueño, Luis Dates, se queja de la "desfachatez" de algunos organismos del Estado, como el Instituto de Asuntos Indígenas, el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos. "Dicen que no hay pruebas. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Que nos quemen a nosotros?", plantea justificadamente.
En otro acto de contumaz rebelión a las normas que rigen nuestra convivencia, este verano la LWM informó que extendería su control territorial a la costa. Los turistas ya no pudieron disfrutar de la orilla del lago, pues personas con el rostro oculto, que portan palos y armas caseras, los obligan a abandonar el lugar. Otra comunidad mapuche, Lof Wiritray, que administra el camping lacustre en la cabecera norte, denunció también haber recibido amenazas: "Esto no es del pueblo mapuche", sentenció su líder. De hecho, la comunidad LWM no se encuentra inscripta ni en el registro nacional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni en el provincial que controla el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci).
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se negó a disponer la vigilancia de la Gendarmería y la Prefectura, dejándola a merced de los delincuentes
Con apenas un pequeño destacamento policial falto de personal y recursos en la villa, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se negó a disponer la vigilancia de la Gendarmería y la Prefectura, dejándola a merced de los delincuentes. Durante el aislamiento que impuso la pandemia, los ataques a propiedades recrudecieron.
El ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, exigió al secretario de Articulación Federal de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, que tomara cartas en el asunto. "El problema es de la tierra […] existen en la zona propiedades privadas muy ostentosas que se han desarrollado en los últimos años en la zona más cercana al lago Gutiérrez y también deben ser parte de la discusión", planteó Fuks, desnudando sin pruritos una postura ideológica contraria a las leyes.
Los 60 habitantes permanentes de Villa Mascardi reclamaron días atrás el inmediato desalojo de las tierras públicas y privadas usurpadas, la intervención de la Justicia Federal, del poder político nacional y de la Administración de Parques Nacionales.
Durante una reunión realizada en el Ministerio de Seguridad con Frederic y los ministros nacionales de Justicia, Marcela Losardo, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, junto a otros funcionarios nacionales y rionegrinos, se acordó conformar una mesa para la resolución del conflicto en Villa Mascardi, al proponer una primera reunión con todos los actores dentro de los próximos 30 días.
La larga colección de brutales hechos en la paradisíaca localidad, distante 35 kilómetros de Bariloche, conduce a repetir el clima que se pretendió instalar desde distintos sectores a partir del accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una extensión minoritaria y politizada de esa etnia, que cobró notoriedad en 2017 con el caso de Santiago Maldonado, cuando se buscó acusar infundadamente al gobierno nacional de entonces de encubrir un delito y violar derechos humanos.
Garantizar la paz social y reducir las tensiones debe ser una prioridad, pero los funcionarios pasan por alto livianamente que estamos ante imperdonables atropellos delictivos. Los vandálicos intrusos no disponen de personería jurídica ni de documentación que avale sus reclamos de tierras, por lo cual se trata de simples "okupas".
Cabe preguntarse entonces si lo que mueve al Gobierno a abrir una instancia de diálogo con desquiciados forajidos es hacer cumplir la ley o estamos ante una nueva dosis de bastardeados derechos humanos para justificar lo injustificable.
Violentos sectores minoritarios, desconocidos incluso por la propia comunidad mapuche, vuelven a manifestarse como grupo antisistema, violando las leyes e instalando el terror con discursos tan anacrónicos como falaces, ante la aquiescencia del gobierno de turno.
La Constitución Nacional ampara los derechos y garantías de todos, sin distinciones, y reconoce la preexistencia étnica y cultural de pueblos indígenas que hoy están, en su mayoría, integrados a la sociedad, enriqueciendo nuestro histórico bagaje cultural, trabajando pacíficamente y con respeto por las leyes que rigen nuestra convivencia.
Pero de ninguna manera puede aceptarse que, arrogándose falsos derechos ancestrales, como en el caso que nos ocupa, se recurra a la violencia con la inadmisible pretensión de desmembrar el territorio nacional. En todo caso, es tiempo también de insistir en el cumplimiento del articulado de la ley 26.160, que dispuso el relevamiento territorial de las áreas y el estudio de los títulos de propiedad, aún pendiente entre la cartera de Seguridad, Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para determinar qué superficie corresponde a las comunidades indígenas, a fin de asegurar a los verdaderos miembros de pueblos originarios las tierras que tradicionalmente ocupan de forma pacífica, como argentinos y no como extranjeros.
Lo que ocurre en Villa Mascardi, hoy tierra de nadie, no es cuento, convertido en conveniente escenario para la mítica ensoñación de kirchneristas, marxistas, anarquistas, oportunistas y activistas defensores de una tan adulterada como conveniente concepción de los derechos humanos. Nos retrotrae a un pasado más cercano que remoto en el que incluso algunas aves de peligroso plumaje supieron hablar al oído de líderes populistas, promoviendo la destrucción de las instituciones democráticas y el fin de las libertades individuales.
LA NACION
