Medicamentos genéricos

Doce años después de sancionada y promulgada la ley de utilización de los medicamentos por su nombre genérico, sólo una de cada cuatro recetas cumple con ella. Una práctica que en 2003 había logrado llegar al 71 por ciento fue perdiendo terreno y, a partir de 2005, fue cayendo en desuso y hoy sólo entre el 20% y el 25% de las prescripciones de remedios se hace con el nombre de la droga. Ahora, la mayoría de los médicos indica la marca que hay que comprar, en un abierto retroceso a lo que ocurría antes de sancionarse la ley 25.649.

Muchos países de la región han avanzado en la implementación de políticas de genéricos serias. La Argentina estuvo cerca de ser punta de lanza, pero, una vez más, retrocedió. Los datos mencionados surgen de la experiencia de los sectores involucrados, ya que el último relevamiento oficial es de 2003; la propia administración nacional abandonó la recolección de datos.

En el momento de la sanción de la ley de genéricos, desde estas columnas habíamos advertido que iban a ser necesarios muchos cambios, tanto en el terreno comercial como en el cultural, para que su aplicación fuera efectiva. En parte, eso es lo que lamentablemente ha ocurrido: la nueva modalidad, que constituía una suerte de retorno a las fuentes, es decir, con la intervención de un verdadero farmacéutico efectivo o de empleados idóneos –y ya no de simples vendedores– no ha logrado cuajar. ¿Por qué? Es evidente que exige a cada uno de los actores involucrados en la prescripción y distribución de los productos medicinales redoblar sus esfuerzos para alcanzar niveles de excelencia en sus respectivas esferas de responsabilidad profesional.

Esto no ha ocurrido, insistimos, y otro de los motivos es, según fuentes consultadas por este diario, porque en 2004 el PAMI firmó un acuerdo con la industria en el que se comprometió a incumplir la ley validando las recetas que se prescriben con la marca y el nombre comercial del medicamento, y no con el nombre genérico. Luego las prepagas hicieron lo mismo. En este sentido, no hay que olvidar un dato importantísimo: el 25 por ciento de los remedios consumidos bajo receta es de los afiliados a PAMI.

El círculo vicioso ha vuelto a instaurarse: aunque hay remedios que fabrican varios laboratorios, la diferencia sigue siendo el precio: la industria farmacéutica mueve 50.000 millones de pesos por año en el país. El mes pasado, el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, al presentar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se refirió a los medicamentos y aceptó estar al tanto de que la ley existente tiene un cumplimiento dispar.

Hay una población cautiva de un sistema, pero también hay viejas costumbres que lo consolidan: desconfianza de los pacientes en el producto más económico, falta de difusión de los controles de calidad y automedicación con productos de venta bajo receta caracterizan nuestro consumo. Según una encuesta, más del 90% de los usuarios no cambiaría la sugerencia del médico por una versión similar y hasta un 50% más económica.

Hay niveles de responsabilidad, y los profesionales de la salud están primeros en este sentido; también hay una falta de comprensión de parte de la sociedad sobre los valores que están en juego: la salud, el bienestar y la calidad de vida de cada uno. Hay una enorme tarea por delante para cambiar esta cultura de la desaprensión y el aprovechamiento comercial, que nos corresponde a todos como comunidad.