Medios públicos: sanear y transparentar su manejo
Resulta indispensable que se realicen auditorías, se rindan cuentas de los fondos y se asignen las responsabilidades a quienes incurrieron en malversación
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LA NACION
Ya están en funciones los interventores que el Gobierno designó para el manejo de los medios públicos durante los próximos 12 meses. Los nuevos funcionarios tendrán durante ese lapso, a partir del decreto firmado por el presidente Javier Milei, amplias facultades para fijar el rumbo de los principales medios estatales (TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam) y del resto de las unidades que ahora dependen de la Jefatura de Gabinete: el portal Educ.ar, la plataforma Contar y las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV.
Hay una primera e inmediata razón que justifica ampliamente la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo. El decreto habilita a los interventores a tomar las decisiones adecuadas para “operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornarlas sustentables”. No es novedad que los medios públicos han sido promotores históricos de gastos varias veces millonarios que poco y nada sirvieron para la creación de contenidos artísticos de genuina calidad, puestos mayormente al servicio de la ideología oficial y de un desembozado adoctrinamiento.
El Gobierno parece haber entendido la incompatibilidad que existe entre el manejo adecuado de las cuentas públicas, según criterios de eficiencia, rigor y austeridad, en consonancia con el “no hay plata” presidencial, y el pavoroso déficit operativo de los medios manejados por el Estado cuando indica en el decreto de intervención que las nuevas autoridades deberán “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades”.
Fundado en ese criterio resulta en principio muy razonable la inclusión en el decreto de intervención de medidas como una revisión completa de la administración de compras y contrataciones y la presentación de una rendición de cuentas. Se hace imprescindible conocer en el menor tiempo posible cuál es el estado en el que se encuentran las instalaciones en las que funcionan los medios públicos y los bienes que integran su patrimonio.
Sería al mismo tiempo muy deseable que el resultado de estas acciones, encuadradas en un trabajo de auditoría integral que la intervención está obligada a realizar según las instrucciones expresas del decreto presidencial, se haga público en todos sus detalles una vez realizadas. De hecho, las nuevas autoridades están obligadas a informar con precisión “el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión” el descubrimiento de cualquier anomalía.
Transparentar el estado de los medios públicos y alertar sobre el efecto deletéreo de años y años de despilfarro y gastos astronómicos en su funcionamiento puede ser el primer paso de un camino que lleve a la sociedad a entender, mediante la difusión de estos números, por qué en el eterno déficit de las empresas del Estado está una de las principales causas de la decadencia argentina.
La intervención comienza su trabajo mientras no hay señales visibles de cambio en el rumbo que había impuesto la gestión de Alberto Fernández en la programación de los medios públicos. La decisión de mantener hasta el final de su vigencia, en el último día de 2023, los contratos artísticos suscriptos por la anterior administración hizo, por ejemplo, que siguiera en el aire de la TV Pública, dentro de su horario central, un programa de temática política de neto corte kirchnerista como Desiguales, dedicado a hacer observaciones y análisis sobre la actualidad desde una postura militante, ajena a cualquier equilibrio.
Lo mismo puede decirse de los espacios informativos del canal oficial, que mantienen hasta hoy un sesgo cercano a la mirada del gobierno anterior por más que las autoridades de transición que se hicieron cargo del manejo de la emisora desde el comienzo del gobierno de Milei hayan procurado mejorar la imagen de esos noticieros. Hoy esa postura de alineamiento con el ideario kirchnerista resulta más velada y sutil, pero es imposible de disimular por más que conviva en la pantalla con la difusión de los actos del actual gobierno.
La decisión del presidente Milei de nombrar junto a los interventores a un nuevo director ejecutivo, cargo que acaba de asumir una reconocida figura del sector audiovisual, no deja de ser ambigua. El flamante funcionario acredita una larga trayectoria en la producción televisiva dentro del sector privado, aunque también aportó en su momento el programa de entretenimientos Desordenados, iniciativa propia, a la pantalla de la TV Pública. ¿Qué mensaje quiere dar el gobierno con esta designación? ¿Dejar el canal más o menos saneado para empezar una nueva etapa con el sello de una programación identificada con su ideario como hicieron todas las anteriores administraciones o manejar una transición cuyo fin es la privatización anunciada en su momento por Milei cuando era candidato como una de sus promesas de campaña?
Poner los medios públicos al servicio de un proyecto político es una tentación en la que cayeron casi todos los gobiernos desde la creación de Canal 7, en 1951. Pero la situación límite a la que se arribó en materia de gastos excesivos, alineamiento ideológico con la administración saliente, condicionamientos sindicales y falta de apego a un genuino compromiso educativo y cultural aparecen como condicionantes irreversibles en relación con las perspectivas de futuro de estos espacios.
Desde una racionalidad acorde con la grave situación económica que enfrenta la república no surge para los medios en manos del Estado otra opción más razonable que la de llevar a la práctica lo que Milei sostuvo reiteradamente: traspasarlos al ámbito privado. El saneamiento propiciado por el decreto que los intervino es un imprescindible primer paso para alcanzar ese objetivo tan necesario. Al igual que en otros terrenos, las voces en contrario de quienes ven afectados sus propios intereses por las nuevas propuestas no dejarán de hacerse oír.
Tipo de trabajo:
opinión
