Medir el agua como nunca
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LA NACION
Como nunca, los agricultores argentinos están midiendo el agua que hay en el suelo para decidirse a sembrar o no los cultivos de invierno, en particular, trigo y cebada. Hasta aquí son muchos los que pasarán de largo hasta encontrarse con el período de apertura de la “gruesa” –maíz, sorgo, soja, girasol– antes de correr el riesgo de sembrar sin agua suficiente y que las semillas mueran por falta de humedad.
Se requieren lluvias por unos 150 milímetros para que se recompongan de alguna manera las napas por debajo del metro, metro y medio de profundidad. Ya se verá qué saldo dejan las lluvias pronosticadas para este fin de semana, en un mes que, como mayo, figura históricamente entre los más secos del año en la pampa húmeda, y solo detrás de junio. De modo que los resultados finales de la cosecha fina, que se verán después de promediar noviembre, quedarán en una primera etapa definidos en los días que corren.
El período de siembra del trigo se extiende, en términos generales, entre el 1° de junio y mediados de ese mes; la cebada, en julio. Aquí no se puede hablar, precisamente, de “sobre mojado, llovido”. Pero sí de que la sequía más grave en una centuria se ha extendido más allá de la campaña 2022/23 y está afectando la apertura de la campaña en curso.
Para colmo de males, existe preocupación entre los productores sobre si habrá agroquímicos y, en particular, fertilizantes suficientes para encarar la nueva campaña. Hoy por hoy, la relación entre insumos y productos es la mejor de los últimos cinco años. No es para menos, cuando tantos campos quedarán sin sembrar ante decisiones ya tomadas por la carencia de agua hasta aquí, aunque en realidad la merma en los precios se deba a cuestiones internacionales.
Se sabe que el 60 por ciento de los fertilizantes necesarios para la campaña fina ya están en el país, pero falta que llegue la casi otra mitad de los que se necesitarían si las condiciones meteorológicas cambian y el acierto de los pronósticos fuera mayor que el de los conocidos en los últimos meses. Una miríada de capitales de trabajo se halla destruida por caídas colosales en lo producido en la campaña que cerró en abril-mayo.
Lo recolectado de soja no va a pasar de los 21 millones de toneladas y esto es tanto como decir que la mitad de la cosecha prevista habrá quedado en la nada. Se han perdido ingresos por 20.000 millones de dólares y todavía se oyen insensatos con la propuesta de que el Estado se apodere por la fuerza de los granos existentes que haya todavía sin vender.
La sequía, más la brutal brecha cambiaria que despoja a los productores agropecuarios de la mitad de lo que deberían percibir en una conversión libre entre el dólar y el peso y, por añadidura a eso, las retenciones que se aplican sobre las cosechas, constituyen un castigo de lesa humanidad con la gente de campo.
A esta altura, lo menos que cabría esperar de una administración eficiente y con un programa de gobierno –no con meras decisiones pergeñadas sobre la marcha y con absoluta ligereza– sería contar con planes de financiamiento debidamente estudiados, y anunciados, para que los productores encaren con alguna tranquilidad la nueva campaña. Solo en fertilizantes habría que importar 3,98 millones de toneladas por un valor superior a los 2340 millones de dólares.
¿De dónde saldrá ese dinero si no de los granos cuyas ventas los productores van realizando de modo gradual a fin de afinar la eficacia de sus recursos en situaciones de extrema gravedad como la actual? ¿De dónde, si no de la financiación de un Estado que se queda a fuerza de gravámenes con un camión de cada tres que salen de los campos con lo producido por lo que se cosecha?
Los fertilizantes provienen en general de Ucrania y de Rusia, y la guerra provocó inicialmente la disparada de los precios de los últimos años. Los fitosanitarios, en más del 90 por ciento, llegan desde China y, en muchos casos, se terminan de producir en el país. Por fortuna, los acuerdos sobre el yuan, moneda china, parecería que alcanzarán para pagar las compras de esos materiales.
En principio, la Argentina debería importar fertilizantes por 2300 millones de dólares y agroquímicos por 3000 millones. Son más de 5000 millones de dólares que los productores pondrán en el suelo para optimizar los rendimientos y continuar con una sabia política de dar al campo, por lo menos, la cantidad de nutrientes que le extraen. No solo los más clásicos, como el nitrógeno y el fósforo; también azufre, potasio, zinc y micronutrientes en las proporciones indicadas para conferir la máxima feracidad a las tierras que alimentan una parte considerable de la humanidad.
Hagamos votos porque la naturaleza dispense a esta gran actividad nacional sus dones de los mejores años. Además, para que los gobernantes actúen, siquiera en esta situación de extrema gravedad para el campo y los intereses generales del país, con la sapiencia de la que han carecido quienes asumieron en diciembre de 2019 y en las tres administraciones anteriores de igual signo populista.
Desconcertaron al mundo cuando hicieron saber que no consideraban necesario gobernar con un programa económico. ¿Se irán, con los resultados a la vista, seguros de que la improvisación y la negación de la realidad facilitan la prosperidad de la Nación?
LA NACION
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