Narcotest para funcionarios
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Ejemplaridad y coherencia por parte de los poderes públicos de San Luis en la lucha contra el narcotráfico” es el nombre de un sistema implementado por el gobierno puntano. Los 1600 funcionarios públicos, legisladores y jueces provinciales deberán de aquí en más realizarse de manera obligatoria un examen para demostrar que no consumen sustancias prohibidas.
Detrás del loable objetivo de combatir una grave adicción la medida resulta exagerada, por lo limitado de su alcance, y peligrosa, pues confunde control y prevención del consumo con reducir el tráfico de drogas. Lejos de desenmascarar a los narcotraficantes, expondría a los funcionarios a un control de su moral privada en lugar de resguardar la ética pública. Si se busca evitar que consuman mientras ejercen un cargo público, podrían realizarles testeos sorpresa y aleatorios durante la jornada laboral, pues ese es el ámbito donde se les debe imponer ejemplaridad.
El sistema propone someterlos a un solo estudio anual, por lo cual, si un funcionario que consume sustancias prohibidas resulta sorteado en marzo y su examen resulta negativo, podrá continuar consumiendo tranquilo el resto del año. Un proyecto de ley coincidente presentado a nivel nacional por diputados de Pro y de La Libertad Avanza resolvió mejor este punto, con controles aleatorios cada tres meses, además del anual.
Los exámenes toxicológicos estarán a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Ya se tomaron las muestras a los primeros 60 funcionarios que fueron sorteados en la sede de la Caja Social, dependencia encargada de definir el orden en el que deberán presentarse en la facultad dentro de las 24 horas de haber sido sorteados. Quien tampoco no concurra ante un segundo llamado, cesará en sus funciones en caso de pertenecer al Poder Ejecutivo, será sometido a jury si integra el Judicial, o a juicio político si se trata de diputados o senadores. Si diera positivo, deberá someterse a un segundo test en dependencias de la UBA.
Al detectarse la presencia de sustancias psicotrópicas ilegales se contemplan medidas alternativas según el nivel de adicción: desde el otorgamiento de licencia para que el funcionario encare un tratamiento, la suspensión hasta su recuperación o, incluso, el cese en el cargo público.
Expertos en prevención de consumo problemáticos advirtieron sobre la inconveniente estigmatización, pues la sanción y suspensión los expone ante la comunidad si el caso trasciende. De esta manera, en lugar de configurar un abordaje de cuidado para que la persona supere su adicción, resultará contraproducente.
El tiempo dirá si el alcance previsto se plasma en la realidad y la ejemplaridad se instala en todos los niveles de la función pública o si solo se trata de entregar a unos pocos chivos expiatorios de menor rango.
Tipo de trabajo:
opinión
