Neuquén y la extorsión mapuche
3 minutos de lectura'
LA NACION
A mediados de noviembre de 2022 se constituyó Comunidad Angostura, una organización civil integrada por vecinos de la villa del mismo nombre ubicada en la provincia de Neuquén, preocupados por el cariz que tomó el conflicto territorial mapuche.
Han sido innumerables las usurpaciones encabezadas por una autoproclamada “comunidad mapuche Paisil Antriau” que actúa al amparo de la llamada “Confederación Mapuche Neuquina”, liderada por Jorge Nawel, conocido por su participación en cortes de rutas y en el bloqueo al acceso a Vaca Muerta.
Esta “confederación”, que ha ganado poder en los últimos años, carece de personería jurídica y se desconocen sus fuentes de financiamiento, aunque tanto Nawel como su familia provienen de la militancia en el Partido Justicialista y encontraron representación en algunos referentes del kirchnerismo.
La mencionada comunidad mapuche Paicil Antriao montó un campamento para impedir durante meses que las máquinas viales avancen en la construcción de una circunvalación sobre la ruta 40 en Villa La Angostura. Se trata de una obra estratégica para la provincia, que evitará que el transporte de carga proveniente del comercio internacional entre la Argentina y Chile acceda a la zona urbana, beneficiando los tiempos de viaje de los vecinos y turistas que transitan a diario.
Como consecuencia, un grupo de vecinos cansados del atropello a sus derechos peticionó ante el Concejo Deliberante la concesión de la llamada “banca del vecino”, un escaño que permite asistir al tratamiento específico de un tema, con voz pero sin voto. Les fue concedida para la última sesión del año pasado y convocaron entonces a la comunidad a acompañarlos en el recinto. Fundamentaron la inexistencia histórica de una comunidad mapuche en la villa y requirieron que se informe qué medidas se tomaron en relación con la comunidad Paicil Antriao. Asimismo, solicitaron informes a la Dirección Nacional de Vialidad sobre la licitación de la suspendida obra.
La misma organización de la sociedad civil volvió a presentarse en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Se notificó e intimó al intendente Fabio Stefani a hacer cumplir las ordenanzas municipales, lo que provocó el desalojo de otra toma en un lote municipal, lindante al camping municipal Lago Correntoso y frente a un mirador peatonal del barrio Epulafquen.
La semana pasada, sorprendió la noticia de que el gobernador Omar Gutiérrez había llegado a un acuerdo judicial con representantes de la comunidad Paicil Antriao que se comprometieron a levantar el acampe, desarmar construcciones y dejar la traza libre de ocupantes, permitiendo así la reanudación de los trabajos. La provincia, por su parte, realizará el relevamiento territorial de la comunidad, que no se encontraba inscripta, entregando 18 “soluciones habitacionales” con un plazo de obra y brindando un lugar de vivienda mientras duren los trabajos. El gobierno provincial expone así sin disimulo alguno su inconcebible nivel de complicidad con quienes se mueven al margen de la ley, una situación que se viene repitiendo también en otras provincias, como Mendoza, donde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entregaría 4400 hectáreas a una comunidad mapuche. La comprometida actuación cívica de vecinos de Villa La Angostura habla del hastío de una comunidad que ya no acepta que le impidan disfrutar de su tierra y de sus bienes, y que no tolera la invasión del espacio público o privado. Demasiadas situaciones anómalas en distintos puntos del territorio evidencian el accionar de grupos criminales mafiosos en connivencia con funcionarios que solo buscan su beneficio. Pero una sociedad harta de la violación de las leyes y los derechos ciudadanos ha demostrado que no está dispuesta a ceder ante los violentos
Tipo de trabajo:
opinión
