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Nicaragua, dictadura eterna
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LA NACION
En el contexto del 47° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, Daniel Ortega declaró abiertamente que “no volverá a haber elecciones” en el país, para evitar que los opositores “atrapen el poder. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los ‘yanquis’, puestos por los ‘somocistas’, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás” advirtió.
Paradójicamente, aquel movimiento revolucionario había nacido con el propósito de derrocar la dictadura de Anastasio Somoza invocando las banderas de la libertad y la justicia social.
El anuncio canceló de facto los próximos comicios en el país, previstos para noviembre de 2027. La reforma constitucional de 2025 aprobada por el Congreso controlado por el exguerrillero Ortega, modificó de forma profunda la estructura del Estado nicaragüense. Entre los principales cambios amplió de cinco a seis años el período presidencial, creó la figura de la copresidenta y otorgó al Poder Ejecutivo facultades para controlar los demás órganos del Estado.
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y enfrenta constantes señalamientos de organismos internacionales y sectores opositores por denuncias de fraude electoral. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la vicepresidencia y, desde febrero de 2025, ejerce como copresidenta tras la reforma constitucional.
El matrimonio presidencial gobierna con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense. Tras las protestas de 2018 cientos de opositores fueron encarcelados o forzados al exilio y periodistas, intelectuales y religiosos sufrieron persecución. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la represión causó más de 300 muertos.
El régimen dictatorial de Ortega-Murillo pretende consolidar una dinastía política para lo cual persigue y ataca a la prensa libre, cierra medios periodísticos críticos a su gestión, destruye a los empresarios que no les son dóciles, hostiga a los partidos opositores y, ahora, con el reciente anuncio, abandona cualquier intento de guardar las formas democráticas.
Opositores y grupos defensores de los derechos humanos señalaron que el anuncio de Ortega busca afianzar -aún más- su control sobre Nicaragua. Desde el exilio, el movimiento opositor Renacer y el dirigente Juan Sebastián Chamorro coincidieron en señalar que la declaración no es una novedad sino una confirmación: el régimen sandinista lleva años gobernando sin legitimidad democrática.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que “la administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos”. Sanciones económicas más amplias, restricciones de visas y una ofensiva diplomática coordinada desde Washington son algunas de las medidas que el gobierno de los Estados Unidos está evaluando aplicar al autoritario gobierno nicaragüense.
Con la cancelación de las elecciones, Ortega remacha el último clavo al ataúd de la institucionalidad nicaragüense. Nicaragua deja de lado la democracia para convertirse ya sin disimulos en un régimen personalista donde el poder no se disputa: se hereda y se impone.
La comunidad internacional ha sido demasiado tolerante con el matrimonio presidencial y su régimen dictatorial que, a través de reformas constitucionales y una brutal represión, priva al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.
Tipo de trabajo:
opinión
