No hay libertad donde reina la mentira
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La reciente confirmación del procesamiento judicial de la publicista María Victoria Villaver por difundir noticias falsas durante una campaña electoral representa un punto de inflexión frente a hechos sumamente preocupantes. El fallo de la Cámara Nacional Electoral, que considera estas prácticas como una forma de “violencia”, resulta tan acertado como oportuno. Estamos ante un fenómeno que amenaza seriamente con erosionar la legitimidad de los procesos democráticos y contaminar aún más el debate público.
Lo ocurrido en la campaña legislativa de 2021, cuando Villaver difundió en redes sociales videos falsos del entonces candidato a senador Mario Negri, es apenas la punta del iceberg. Los contenidos, generados con técnicas de edición deliberadas y manipuladas simulaban declaraciones que jamás existieron. El objetivo era inducir a los votantes, mediante el engaño, a modificar su intención de voto.
Ese precedente –como otros que se siguen sucediendo en la era digital– reviste particular gravedad en un país como el nuestro, donde los denominados “carpetazos” vienen siendo utilizados como armas políticas desde hace décadas. El uso fraudulento de información básicamente de inteligencia, orientada a ensuciar la reputación de adversarios, hoy encuentra en las redes sociales una caja de resonancia infinitamente más extendida. La velocidad con la que se propagan las fake news, sumada a la dificultad de su inmediata rectificación, convierte cada engaño en una daño permanente.
No es menor el hecho de que ya se investigan casos similares, como el indignante video fabricado con inteligencia artificial en el que se pretendía mostrar al expresidente Mauricio Macri retirando su apoyo a la candidata de Pro Silvia Lospennato en pleno proceso electoral porteño. Ese caso burdo, en el que eran fácilmente apreciables groseros errores de edición como la ralentización de la voz de Macri, los movimientos desacoplados y los parpadeos artificiales, entre muchos otros, provocó una fuerte reacción cuyo daño no ha sido posible medir estadísticamente pero es muy probable que la mentira haya calado hondo en la decisión de personas desprevenidas o que desconocen los alcances de esta estafa moral. La mentira, una vez viralizada, se vuelve resistente incluso a la verdad.
¿Cómo proteger la democracia sin cercenar la libertad de expresión? La respuesta no es la censura, sino la conjunción de una tríada esencial: educación ciudadana, tecnología responsable y periodismo riguroso. Enseñar a la población a verificar lo que consume, exigir a las plataformas digitales protocolos de moderación más exigentes y reforzar el rol central del periodismo profesional como baluarte contra la manipulación.
Los medios tradicionales no han sido desplazados por las redes. Por el contrario, hoy más que nunca tienen la ineludible responsabilidad de ejercer su función legitimadora.
Estamos frente a un problema no menor. La desinformación es una amenaza a las democracias. Su avance pone en riesgo no solo elecciones puntuales, sino los propios valores republicanos. Resulta vital legislar en consecuencia y que la Justicia avance en estos casos con firmeza y celeridad. Que se condene el uso del engaño como herramienta electoral y que cada ciudadano sepa que no todo lo que circula es cierto, y que su derecho a votar informado es, también, una responsabilidad individual. No hay libertad donde reina la mentira.
Tipo de trabajo:
opinión
