Nuevo saqueo fiscal al campo
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LA NACION
La presión tributaria ha alcanzado en la Argentina niveles tan disparatados como los de su gigantesca economía en negro, ambas más alentadas que contenidas por el actual gobierno.
En promedio, aquella presión es del 28,4% en el ámbito nacional. Si se la circunscribe a Pergamino, Rojas y Salto, partidos de excepcional importancia agrícola en la zona de mayor concentración de tierras en cultivo, se eleva al 38% en el caso del maíz, al 41% en trigo y al 53% en soja.
Echar la culpa a los comerciantes por la suba de precios, cuando eso no es más que el efecto de la emisión descontrolada de pesos para solventar lo que se hubiera evitado gastar en una administración más austera o en una casa de familia regida por la sabiduría del sentido común, es propio de burros, con perdón de esta noble especie animal.
Asistimos, por un lado, a un saqueo a quienes producen en el campo y, por otro, a una discriminación, ejercida contra zonas como las citadas, que generan una de cada diez toneladas de granos que aporta la provincia de Buenos Aires a la economía nacional. Un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) documenta los daños ocasionados por tal política al federalismo fiscal y a los recursos locales.
No solo son víctimas quienes cultivan y cosechan, sino también las comunidades del entorno de los campos aplicados a la producción.
La producción de soja, maíz y trigo del enclave que forman Pergamino, Rojas y Salto equivale en valor FOB a 1222 millones de dólares. Sobre ese monto se tributan derechos de exportación por 294,4 millones de dólares. Para decirlo en el lenguaje comparativo de FADA, por cada año de retenciones en la citada región se podrían levantar:
• Una planta de bioetanol de 100.000 metros cúbicos.
• Diez plantas eléctricas de biogás de 2 MW/h.
• Un molino harinero de 450 toneladas de procesamiento diario.
• Diez granjas de cerdos de 1000 madres cada uno.
• Un frigorífico de cerdos.
• Un frigorífico de exportación de carnes correspondientes a 100.000 cabezas de bovinos al año.
Esas realizaciones asegurarían empleos directos para 972 personas e indirectos para otras 2505.
El trabajo de FADA refuta implícitamente el argumento gubernamental de que el cepo a productos del campo, como también a la carne, se justifica en la imposibilidad de aceptar que se importe la inflación internacional. FADA explica lo obvio: un país exporta los productos cuyo costo de producción es menor en su jurisdicción que en otras partes; si la carne se ha encarecido en la Argentina, es por la inflación interna, no por otras razones.
Siempre habrá que prestar la atención debida a un plan de reactivación agropecuaria como el que el Gobierno ha anunciado sostener. Pero es ya un mal comienzo que no contemple cuestiones tributarias y conceptuales sensibles como las que aquí analizamos.
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Tipo de trabajo:
opinión
