Opciones de arancelamiento universitario

Es justo que se debata qué tipo de sistema es conveniente para nuestro país analizando todas las posibilidades para una educación inclusiva y de calidad
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17 de diciembre de 2018  

El debate sobre financiamiento universitario parece tener dos posturas extremas: gratuidad o aranceles, pero, lejos de existir esta dualidad de aparentes opuestos, hay propuestas que son inclusivas sin caer en falacias, populismo ni demagogia. La realidad muestra que muchas casas de altos estudios hoy no son sustentables y que el alto número de alumnos no se condice con el de sus egresados: solo el 26% se reciben en el tiempo establecido por los planes de estudios.

Con la experiencia de países como Finlandia o Suecia no resulta descabellado pensar en opciones de arancelamiento que apelen a la contribución de quienes ya se formaron en los claustros de una universidad pública y gratuita y lograron luego crear una carrera profesional.

Esta idea fue analizada por el Centro de Estudios de la Educación Argentina, de la Universidad de Belgrano, conducido por Alieto Guadagni, y presentada a través del informe que describe cómo funciona el Fondo de la Solidaridad Universitaria de Uruguay (FSU), que ya tiene 24 años. En el país vecino, el 19% de los graduados provienen de sectores sociales relegados y acceden a la beca solidaria gracias a los aportes que sus antecesores dan al mencionado fondo. En 2001 estos eran solo el 1%, pero el porcentaje fue creciendo de manera continua.

En Uruguay, los profesionales comienzan a aportar una vez que llevan un lustro recibidos o cuando superan los ingresos mínimos; lo hacen durante 25 años. Para tener idea de valores, conviene aclarar que quienes egresaron de carreras de menos de cuatro años aportan durante los primeros cinco años unos 58 dólares por año, para pasar a pagar 117 dólares transcurrido ese período. Quienes eligieron carreras con mayor carga horaria empiezan contribuyendo con 117 dólares y duplican la suma para la segunda etapa.

Según Guadagni, si este mismo esquema se aplicara en las universidades nacionales, al menos unos 70.000 estudiantes sin recursos económicos podrían acceder no solo a las aulas, sino también a una mejor calidad de cursada. Hoy, en un modelo que muestra sus falencias, a pesar de la falsa gratuidad, solo se recibe uno de cada 100 estudiantes provenientes del quintil más pobre del país.

Aunque poco promocionado, desde hace 30 años, en Entre Ríos ya funciona un sistema que sigue esta modalidad. Gracias a él, más de 14.000 alumnos de bajos recursos pueden cursar allí. En 2010, en la Cámara de Diputados de la Nación se frustró un proyecto que proponía que los graduados pagaran 0,5% mensual de sus ingresos.

En todos los casos mencionados rige la solidaridad, pero no la de cualquiera, sino la de quienes completaron sus carreras y reconocen el gran papel que la educación tiene en sus profesiones, así como comprenden que la oportunidad de pasar por los claustros académicos no debe depender del poder adquisitivo del estudiante, sino de sus valores puestos en práctica para superarse. En este sentido, las becas tienen límites de materias aprobadas por año y de edad para delimitar la cursada.

Otro dato es que en la Argentina las personas bajo la línea de pobreza no adquieren mejores oportunidades de llegar a los estudios universitarios solo porque son supuestamente gratuitos. Para que puedan acceder al nivel superior es necesario un modelo educativo con un financiamiento eficiente. Lejos de colaborar a que más alumnos accedan a la universidad, la falta de aranceles abre la puerta a que muchos extiendan por demás su permanencia o la abandonen.

Como evidencia vale la distancia en el crecimiento de graduados entre universidades privadas y estatales entre 2003 y 2016. Mientras en la primera el aumento fue de 124,6%, en las segundas apenas llegó al 38,4%. Incluso, en estas últimas, el 50,8% de los alumnos no aprobaron más de una materia después de un año de asistencia.

Cabe aclarar, además, que nunca fue sin costo cursar materias, pues es necesario contar con un sostén económico que permita comprar los materiales de estudio como apuntes y libros, entre otros gastos como transporte y alimentación. Con las becas, se da al alumno no solo una estructura material, sino también un plus de confianza, al abrirle puertas que permanecían cerradas.

Aunque ya existen las becas Progresar, no solucionan el problema del acceso a la universidad. Para que esto suceda es imperioso trabajar sobre la cultura del estudio y el esfuerzo desde los niveles inferiores, de manera constante y consecuente.

Si lo que se busca con la educación universitaria es formar profesionales y ser inclusivos, primero es necesario poner el foco en los niveles más bajos del sistema educativo, pues no vale de nada permitir el ingreso de estudiantes a las casas de altos estudios si no podrán afrontar el reto de las materias. Generar sistemas de incentivo como las becas, regular los ingresos y proveer de un mayor seguimiento a los estudiantes no solo mejorará la calidad de la formación, sino que también apuntalará la estructura educativa, dándole al país una mayor competitividad en todos los ámbitos.

Por todo esto, es justo que se debata qué tipo de sistema universitario es conveniente para la Argentina sin dejar de analizar todas las posibilidades. No es una discusión de fácil resolución, pero darla es el primer paso para una mejora. Pensar en universidades aranceladas no significa cortar oportunidades, sino mejorar las condiciones para quienes estén a la altura de los desafíos.

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