Ortega, contra la Iglesia Católica

Si bien debe celebrarse la libertad de 222 presos políticos ordenada por el régimen de Daniel Ortega, la dictadura que encabeza el veterano dirigente sandinista no se ha desviado un milímetro de su curso totalitario. Más de 20 presos políticos permanecen aún en las cárceles, en condiciones arbitrarias e ilegales, y se mantiene la situación de censura, persecución y violación de los derechos humanos.

Prueba de ello es que la dictadura nicaragüense escaló la ofensiva hacia la Iglesia Católica con un proceso contra cuatro sacerdotes que habían sido detenidos en los últimos meses por criticar al régimen. Los religiosos fueron declarados culpables en una parodia de juicio, acusados de conspiración en menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado, una fórmula que la dictadura utiliza repetidamente para sancionar a la disidencia.

El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron detenidos la madrugada del viernes 19 de agosto de 2022 por agentes de la dictadura en el palacio episcopal de la Diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial “El Chipote”.

El penal, oficialmente conocido como Dirección de Auxilio Judicial, funciona como un centro clandestino de detención, con opositores bajo tortura y encarcelados en un ambiente miserable, según han denunciado organismos de derechos humanos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH) repudió la condena contra los religiosos y responsabilizó al dictador Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por el fallo y el simulacro de juicio.

Según ese organismo, que catalogó los cuatro días del proceso de “tortura judicial”, tanto la sentencia como la solicitud de pena fueron dictadas desde El Carmen -residencia de la pareja presidencial-, en el afán por recordar a la población quién tiene el poder y sembrar el terror. Como corresponde a despiadados regímenes autocráticos la Justicia no es independiente en Nicaragua.

Por otro lado, en el pseudo juicio que el dictador Ortega ordenó llevar contra el obispo nicaragüense Álvarez, se le ofrecieron dos alternativas: cárcel o exilio. Un solo día tardó la dictadura en condenar al hombre que se negó a subir al avión que trasladó a los 222 desterrados a Washington. La furia de Ortega lo tachó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno” y el castigo llegó en forma exprés: 26 años y cuatro meses de cárcel y retirada de la nacionalidad. El papa Francisco se manifestó preocupado y dolido por el obispo, a quien quiere mucho, e instó “a la sincera búsqueda de la paz”.

Álvarez, desprovisto de su vestimenta religiosa en las audiencias, había sido el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 y fue acusado con la misma fórmula de presuntos delitos de conspiración, propagación de noticias falsas y de intentar organizar grupos violentos, supuestamente con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales.

La represión contra la Iglesia ha tenido un efecto más fuerte en las áreas rurales remotas de Nicaragua, donde las celebraciones religiosas, en muchos casos, se han convertido en el último foro social disponible para las comunidades locales. Durante la ola de protestas nacionales de 2018, que provocó la muerte de más de 300 manifestantes, a manos de las fuerzas de seguridad y paramilitares, muchos sacerdotes abrieron sus iglesias a los manifestantes que buscaban refugio y denunciaron la violencia desde el púlpito.

El enfrentamiento entre los dictadores nicaragüenses y la Iglesia Católica se ha vuelto más crítico cada día. La tan persistente como vergonzosa y sucia persecución de Ortega al pueblo católico nicaragüense se concentra en sus sacerdotes, quienes valientemente denuncian las violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario. Nicaragua necesita de la firme y decidida posición de la comunidad internacional para frenar la perpetuidad en el poder de una dictadura que ya completa 16 años y que no parece tener fecha de caducidad.