Otra fuerte acusación contra Maduro
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LA NACION
En un informe de 22 páginas del mes pasado, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó una acusación contra la dictadura de Nicolás Maduro por perseguir, torturar, violar y encarcelar a civiles.
La denuncia determinó que las víctimas fueron sometidas a palizas, asfixia, ahogamientos y descargas eléctricas, en tanto otras sufrieron diferentes formas de violencia sexual incluida la violación.
El fiscal sostuvo que esa sistemática política de agresiones fue aprobada por el gobierno y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado.
Cabe recordar que la CPI es un tribunal de última instancia que sólo interviene, como bien lo explica el artículo 17 del Estatuto de Roma, cuando “el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”. Esa es la impresión que el organismo tiene de lo que ocurre en Venezuela.
Ante el avance de la investigación, Maduro denunció la existencia de supuestos vínculos entre la Fiscalía de la CPI y organizaciones que nutren la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que pesan sobre Venezuela por las protestas de 2017 en las que murieron 120 personas, circunstancia que para el gobierno venezolano pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de la Corte.
En su informe, el fiscal Khan refutó uno a uno los argumentos del régimen de Maduro, quien denodadamente trata de evitar que continúe la investigación. La persecución, por motivos políticos se ha acentuado desde abril de 2017.
Con la apertura formal de esta investigación, Venezuela entra en el vergonzoso grupo de países en los que se registran violaciones a los derechos humanos, conocidos internacionalmente por ser Estados fallidos o dictaduras.
Es hora de erradicar tanta impunidad para encontrar y procesar a los responsables de esas atrocidades. Los abusos deben cesar sin más demoras y la actuación de la CPI será ciertamente relevante.
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