Otro juez en apuros
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El juez federal de Rosario Gastón Salmain está dando manotazos de ahogado. Arrinconado por denuncias de corrupción, busca un atajo para evitar su destitución. Mientras el Consejo de la Magistratura mantiene en vilo el avance de su juicio político, Salmain optó por la estrategia más desesperada: recurrir a los tribunales de Comodoro Py para denunciar al “arrepentido” que lo ha señalado directamente por coimero.
Salmain se encuentra procesado con prisión preventiva por delitos que lo llevarían a la cárcel, pero son sus fueros de juez los que, escandalosamente, lo protegen. En un intento por salvarse la ropa, arremetió con una denuncia contra el financista Fernando Whpei, el “arrepentido”. Sorteada y radicada en el juzgado de María Servini, la denuncia parece el viejo y conocido truco de abrir una causa paralela para boicotear el expediente principal.
Pero el fiscal Carlos Rívolo, advertido de la maniobra, no está dispuesto a tramitar “contracausas”. Por eso dictaminó que el caso debe ser resuelto en el mismo juicio contra Salmain y se pronunció por enviar el caso a la justicia federal de Rosario. La jueza Servini resolverá. Mientras tanto, Salmain debe enfrentar investigaciones en la Justicia Federal Penal y en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que debe velar por la probidad de los magistrados.
El juez está formalmente procesado en Rosario por delitos graves. La acusación, robustecida por la colaboración de Whpei, sostiene que Salmain operó para favorecer judicialmente a un fideicomiso y sus controladores. El financista afirmó en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público que, con la ayuda del operador Santiago Busaniche, Salmain lo autorizó en diciembre de 2023 a comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en momentos que regía el cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares, equivalentes al 10% de la diferencia entre el precio del dólar oficial y el del dólar “blue”. Pero el plan no salió del todo bien: pese a que los fallos se dictaron en tiempo exprés, el negocio se frustró por la devaluación derivada de las medidas del nuevo gobierno. Así, el 10% de la operación quedó en menos de 20.000 dólares.
Según Whpei, el juez se negó a aceptar ese dinero ya que quería el monto que se había hablado originalmente, y de no hacerse efectivo, sería denunciado penalmente, de acuerdo con lo que le habría advertido Busaniche. El financista arrepentido dijo en su confesión que él se negó a pagar esa cifra y que terminó denunciado. Los fiscales de Rosario confirmaron datos de su declaración a través de los propios movimientos de las causas y de geolocalización de los teléfonos.
La causa penal contra Salmain se incrementó con nuevos cargos. Se lo acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por intentar usar su poder para identificar a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que participaron en los allanamientos. Esta conducta, según los fiscales, es de una gravedad extrema, pues constituye un intento descarado de interferir en una causa penal en la que él mismo está imputado.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura lo investiga por graves irregularidades. La lista es muy larga: tiene cinco denuncias, tres de ellas están en la Comisión de Disciplina, donde se decide si los jueces reciben alguna sanción económica, y dos en la Comisión de Acusación, donde se resuelve si los jueces deben ser removidos por juicio político.
El juez es además investigado por la denuncia del fiscal general Javier Arzubi Calvo, por conductas ilícitas, asociación ilícita, abuso de autoridad y cohecho; por connivencia con exagentes de la AFIP de Rosario y por lavado de activos. En otro caso se le imputa abuso de autoridad, por la presunción de que usó su cargo para realizar averiguaciones sobre causas en su contra.
En la Comisión de Disciplina es investigado por parcialidad manifiesta en una causa contra la AFIP; por haber mentido en el concurso para su designación en Rosario, al omitir que había sido expulsado de la Justicia tras una denuncia por soborno a una empleada; por tentativa de manipulación del sistema informático judicial y el posible ejercicio profesional incompatible con la función judicial. Además, se lo investiga por haberse excusado masivamente en 567 causas previsionales invocando de manera genérica razones de decoro.
El paso de los expedientes a la Comisión de Acusación, es la antesala del abismo. Ya no se trata de meros errores administrativos, sino de conductas que podrían justificar, en el corto o mediano plazo, el inicio de un merecido juicio político para destituirlo.
Tipo de trabajo:
opinión
