PAMI: otro atajo hacia la impunidad
La reparación económica dispuesta por la Justicia para que un farmacéutico devuelva lo robado podrá resultar legal, pero sin duda carente de toda ética
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Un farmacéutico acusado de haber defraudado al PAMI entre 2015 y 2016, mediante recetas falsas, firmas y sellos apócrifos, y pacientes diabéticos inexistentes -algunos de ellos incluso fallecidos-, logró evitar el juicio oral a cambio de pagar 17,5 millones de pesos, en tres cuotas. Así, la Justicia extinguió la acción penal y sobreseyó a Jorge Sujovolsky, responsable de haber emitido 63 recetas fraudulentas por un perjuicio original de poco más de 400.000 pesos hace una década.
El cuestionable acuerdo, enmarcado dentro del procedimiento legal conocido como “reparación integral”, que permite que víctima y victimario lleguen a un entendimiento económico, abre no pocas preguntas. Entre ellas, si el ladrón sabe que finalmente “arreglará” con la entidad a la que le robó y con la Justicia, ¿qué le impide seguir robando? Mientras duró el fraude, el delincuente tuvo su ganancia. El acuerdo, admisible desde lo legal, resulta absolutamente improcedente desde lo ético.
En este caso, el PAMI aceptó recibir el dinero actualizado al valorar que se trata de fondos que podrá destinar finalmente a la atención de jubilados y pensionados. La fiscalía y el juez de Cámara, por su parte, avalaron el convenio al señalar que el delito es patrimonial y que soluciones como esta se vienen aplicando desde hace unas dos décadas como “tercera vía del derecho penal” tendiente a privilegiar, como reacción frente al delito, la restitución del statu quo previo a su comisión.
De lo que no hay ninguna duda es de la existencia de la malversación. Lo dice el propio juez Adrián Grünberg en su fallo de homologación, en el que subraya que “es claro que las acciones llevadas adelante por Sujovolsky resultan suficientes para demostrar que instrumentó” y concretó el fraude“ con el que ”se benefició económicamente”. Agregó que la definición del monto por resarcir es el resultado de la actualización patrimonial de la “maniobra ilícita” y determinó que el imputado debía efectuar “un ofrecimiento económico superior al daño patrimonial actualizado causado”. Cabe señalar que de los 17.452.784 pesos calculados por la Justicia, Sujovolsky acordó pagar 17.500.000 pesos, es decir, 47.216 pesos más de los que le corresponden y, como se dijo, en tres cuotas. Esa resolución puede ser válida, pero sin duda corre el riesgo de convertirse en un atajo para la impunidad.
Lo cierto es que, durante diez años, el PAMI no dispuso de ese dinero, que podría haberse traducido en medicamentos, prestaciones o infraestructura. Mientras tanto, el acusado gozó, además del rédito económico, del beneficio del tiempo y de la expectativa -finalmente cumplida- de que todo podría resolverse con un cheque.
La paradoja es evidente: lo que la ley permite puede, a la vez, minar la confianza en las instituciones y sentirse como una forma más de violencia moral contra los jubilados que dependen de esa obra social para acceder a medicamentos esenciales.
Un caso similar ocurrió cuando el juez federal Lino Mirabelli homologó el acuerdo entre el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez y el presidente Alberto Férnández para dar por cerrado el nefasto episodio de la fiesta en la quinta de Olivos cuando el resto del país pasaba sus días encerrado por la pandemia de coronavirus. Fernández fue sobreseído tras pagar 1,6 millones de pesos. Como era de esperar, la reacción social frente a ese legal pero vergonzoso acuerdo fue y seguirá siendo demoledora.
Resulta también inevitable la comparación del caso PAMI con la reciente negativa del Tribunal Oral Federal 7 a los empresarios y exfuncionarios de la causa Cuadernos, cuyo juicio oral comenzará hoy. En aquel caso, la decisión fue la opuesta: tanto la fiscal como los jueces rechazaron la propuesta de una “reparación integral” de unos 15 millones de dólares, entendiendo que los delitos de corrupción que lesionan bienes jurídicos supraindividuales -la probidad, la transparencia, la fe pública- no pueden ser compensados con dinero. Se trata, en efecto, de la mayor investigación sobre delitos contra la administración pública nacional en la historia del país, que tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una mega asociación ilícita.
En cuanto al PAMI, también podría decirse que actuó dentro de lo supuestamente razonable al aceptar ese acuerdo, ya que optó por recuperar recursos que nunca debieron faltarle. Pero no deja de ser un hecho lamentable. Esos fondos llegarán tarde y sin reparar el daño que se infligió a la confianza pública. Y surgen otras preguntas inevitables: ¿cuántos fraudes similares, más pequeños o más sofisticados, se cometen en contra del Estado sin que nadie los descubra o sin que nadie los denuncie? ¿Cuántos otros farmacéuticos, proveedores, funcionarios o exfuncionarios actúan con la misma lógica, confiando en que, si los atrapan, bastará con devolver el dinero?
El peligro de ese razonamiento no reside solo en el daño económico, sino sobre todo en el deterioro del principio de ejemplaridad. Cuando la sanción se reduce a una transacción, la ética y la moral se resienten.
Los casos comentados no deberían celebrarse como ejemplos de eficiencia judicial, sino tomarlos como una advertencia. La ley fue cumplida, pero a costa de legitimar peligrosamente una forma de impunidad. La verdadera reparación, la que reconstruye el vínculo entre el ciudadano y el Estado, no se mide en pesos, por más actualizados que estén, sino en un compromiso ético que en este caso no queda saldado.
Tipo de trabajo:
opinión
