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Pandemia y democracia
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LA NACION
La lucha contra el Covid-19 ha derivado en excesos por parte de los gobiernos en no pocos países; la Argentina, lamentablemente, no ha sido la excepción
Ochenta y cuatro países han dictado leyes de emergencia para otorgarles poderes especiales a sus gobernantes frente al Covid-19. En muchos de ellos no se ha actuado con la necesaria prudencia y moderación que requieren las circunstancias.
Algunos gobiernos se han excedido ostensiblemente en las medidas de prevención y tratamiento de la pandemia. Por ejemplo, en ocho países se prohibió la circulación de diarios alegando falsamente que transmitirían el virus. En otras naciones se dictaron disposiciones que sus ciudadanos hubieran manifiestamente rechazado si no estuvieran enfocados en el coronavirus. Hungría es uno de los ejemplos más preocupantes por haber otorgado poderes extraordinarios al ultraderechista Viktor Orbán.
Entre nosotros, la cuarentena obligatoria con penalizaciones para quienes la violaran, aun cuando fuese necesaria por motivos sanitarios, implicó de hecho una alteración brusca e indebida de los derechos individuales. Muchos la compararon con el estado de sitio. Aunque no fuera lo mismo, probablemente generó en los gobernantes una sensación de mayor poder y en los gobernados, una percepción de pérdida de derechos, dándose lugar a la creación de un campo propicio para abusos gubernamentales.
Quienes gobiernan muestran una experiencia histórica de escaso respeto por la ética pública y el Estado de Derecho
Desde que se declaró la emergencia, se dictaron en la Argentina 44 decretos de necesidad y urgencia. Un clima de presión sobre algunos magistrados determinó que se liberaran cientos de presos comunes que pasaron al régimen de detención domiciliaria; entre ellos, se benefició a casi todos aquellos exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner procesados o condenados por hechos de corrupción.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia también se dispuso la intervención, para una posterior expropiación, de la empresa cerealera alimentaria Vicentin. En abierto avasallamiento de la división de poderes, el Poder Ejecutivo Nacional interfirió en un proceso concursal que ya estaba en manos de la Justicia. La reacción ciudadana contraria a la medida fue tan amplia que llevó al presidente Alberto Fernándeza dar marcha atrás con aquella medida.
Ahora parece estar en la mira para ser expropiada la distribuidora eléctrica Edesur. Se trataría de otro abuso de un gobierno que ha sobrepasado los límites y que, si se concretara, nos llevaría a una catástrofe energética, como señalamos desde esta columna el domingo pasado, y seguramente a una costosa condena en los tribunales internacionales.
El congelamiento de tarifas dispuesto ante la emergencia ha puesto en dificultades no solo a Edesur, sino a casi todas las empresas de servicios. Rompiendo las reglas con que se otorgaron las concesiones, el Gobierno ha creado un efecto tenaza que le permitiría adquirirlas a precio reducido, cerrando un círculo que en cualquier lugar del mundo se interpretaría como de abuso extorsivo.
En su afán por cerrar los procesos penales en su contra, la actual vicepresidenta de la Nación ha motorizado una reforma del Poder Judicial de vasto alcance, que incluye un reordenamiento de juzgados federales penales y un eventual aumento del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia. A este efecto, designó a 11 abogados en una comisión asesora que lleve adelante el estudio de una propuesta tendiente a modificar el máximo tribunal de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. La evidencia de lo que este procedimiento persigue está en la designación en la comisión de Carlos Beraldi, abogado penalista personal de Cristina Kirchner. La intención es evidente y la ruptura de normas éticas, innegable.
Los cambios procesales propuestos y la creación de nuevos juzgados que implicarán la reasignación de causas en Comodoro Py apuntan a diluir o poner en manos amigas los procesos que afectan a la vicepresidenta y a otros personajes afines como la inefable Milagro Sala, quien ha resumido brillantemente la situación al expresar que, de no adoptarse la reforma judicial propuesta, ella no podrá salir libre. La pregunta es si el Gobierno se hubiera animado a poner en marcha esta maniobra si no estuviésemos atravesando una angustiante pandemia. Lo hizo asumiendo que la ciudadanía está distraída con este problema; sin embargo, nuevamente la reacción ciudadana podrá ponerle límites a este abuso.
Por lo visto, en el mundo la pandemia genera tensiones que pueden ser utilizadas por los gobiernos para sobrepasar los límites de las buenas prácticas de la democracia. Pero más probablemente eso sucede cuando hay una semilla y quienes gobiernan muestran una experiencia histórica de escaso respeto por la ética pública y por el Estado de Derecho.
Vencer esta pandemia constituye un desafío para los argentinos. Las dificultades para superarla deberán sumar la acción ciudadana con el fin de asegurar el respeto de la Constitución y las leyes. En definitiva, para defender las reglas de la democracia.
LA NACION
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