Vicentin: Alberto Fernández derogó el decreto de intervención de la cerealera

ROSARIO.- El presidente Alberto Fernández decidió volver atrás, hasta el punto de inicio, en la extensa crisis con la agroexportadora Vicentin, y anuló el decreto del 9 de junio pasado, que dispuso la intervención de la cerealera. Lanzó además duras críticas al juez del concurso de acreedores que -según el jefe de Estado- "no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía".

El Gobierno cerró un capítulo en la crisis de Vicentin, un día después de que fracasaran las negociaciones entre los representantes de la administración de Omar Perotti y la empresa, para la creación en un fideicomiso.

Luego de varias idas y vueltas, el presidente anuló el DNU que había sido el primer paso del camino hacia la expropiación de la empresa y que gestó un conflicto en el norte de Santa Fe, que se amplificó con multitudinarios banderazos en todo el país.

El Gobierno argumentó que las negociaciones fracasaron porque los directivos de la compañía no aceptaron las condiciones que imponía el Estado nacional, que reclamaba que los accionistas se corrieran de manera definitiva del manejo de la agroexportadora, que tiene un pasivo de 99.000 millones de pesos.

Unas horas antes del anuncio, que el presidente hizo por Twitter, la empresa afirmó, a través de un comunicado de prensa, que aceptar las exigencias del Gobierno para la creación del fideicomiso "equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales efectivamente sean fructíferas".

Fernández no solo cargó contra la empresa sino también contra el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que está al frente del concurso de acreedores desde el 10 de febrero pasado, y le dio un duro golpe a las intenciones iniciales del gobierno de intervenir la compañía cuando ordenó restituir a los directivos de Vicentin en sus puestos, el 19 de junio pasado. El magistrado además relegó al rol de veedores a los interventores designados por el Gobierno.

Fernández dijo que el juez "ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".

Fernández anunció que "el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo". Dijo que "la intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo".

"Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído", apuntó. Y agregó: "En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores".

La vía del acuerdo se cerró así de manera definitiva. Se frustró el intento del gobernador Perotti, que había propuesto como salida la creación de un fideicomiso. Hace 20 días hubo un acuerdo con respecto al trazo grueso, pero cuando avanzaron sobre la letra chica, empezaron a surgir diferencias irreconciliables.

El gobierno de Santa Fe, en sintonía con la gestión de Fernández (que monitoreaba la situación con el exinterventor Gabriel Delgado y Juan Manuel Olmos, asesor presidencial), puso como condición básica que los directivos de Vicentin se corrieran del manejo de la empresa, algo que -según fuentes de la administración de Perotti- lo reclamaban los principales acreedores.

Esta idea nunca terminó de ser aceptada por la totalidad del directorio de la firma, que pretendía tener una representación, aunque sea mínima, en la administración del fideicomiso. Fuentes del gobierno de Santa Fe señalaron además que un sector de la plana mayor de la firma exigió otra condición: un acuerdo de indemnidad judicial, que fue rechazado por el gobierno de Santa Fe.

"He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado", sostuvo el jefe de Estado.

Este viernes se llevó adelante un operativo judicial en la sede de Vicentin, en Avellaneda, en el norte de Santa Fe, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga las supuestas maniobras de defraudación de la empresa con los créditos del Banco Nación.

Pollicita le pidió al juez Julián Ercolini el lunes pasado que librara una orden de presentación con facultades de allanamiento para obtener los libros del directorio de 2019 y la documentación contable de la empresa en ese periodo.

A principios de junio, el funcionario pidió la inhibición de bienes del presidente del exBanco Nación Javier González Fraga y de otras 25 personas que integraron el directorio de la entidad, que –según el concurso de acreedores- prestó 18.000 millones de pesos a la empresa, que luego, el 4 de diciembre, cayó en default por "estrés financiero".

Por Germán de los Santos

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