Peligrosa situación en Bolivia
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LA NACION
Los resultados de las elecciones presidenciales bolivianas del 20 del mes último alimentan una creciente y fundada sensación de fraude, que crece entre muchos ciudadanos de ese país. Su dividida y tensa sociedad, a la que las propias normas vigentes definen como "plurinacional", se encuentra visiblemente crispada ante tamaña expresión de corrupción.
Tan dura decisión como pretendido remedio enfrenta al pueblo boliviano y alimenta las protestas sociales que se han apoderado de todo el país, y que causaron ya dos muertes.
Los llamados Comités Cívicos de las ciudades de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, y la Coordinadora Interinstitucional de La Paz han concluido públicamente que la única forma de pacificar al conmocionado país vecino para devolverle la normalidad extraviada es la expulsión de Evo Morales de la presidencia.
Se solicitan, además, la anulación de los comicios y la destitución de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que responden inequívocamente a Morales y que, por tanto, carecen de la necesaria independencia en el desempeño de sus delicadas funciones.
El influyente Comité pro Santa Cruz, emplazado en el sur del país, ha ratificado un paro de duración indefinida y rechaza de antemano cualquier medida que implique su suspensión. En respuesta, los cooperativistas mineros recorren en masa las calles de las principales ciudades haciendo explotar de manera intimidatoria cartuchos de dinamita a su paso, como ilegal mecanismo de presión que, por otro lado, no es nuevo en Bolivia. Cada uno sostiene estar defendiendo la democracia. No parece quedar entre ellos ningún resquicio para el diálogo.
Los violentos enfrentamientos callejeros, como era de prever, no han cesado desde los comicios del mes pasado. Ayer, tanto Morales como su principal rival electoral, Carlos Mesa, llamaron a la calma.
En el municipio de Mairana, por caso, las revueltas dejaron a su paso decenas de heridos. Muchos comercios permanecen cerrados por elementales cuestiones de seguridad, lo cual agrega aún más inconvenientes a la población. Los precios de los productos de primera necesidad aumentan rápidamente, golpeando con fuerza a aquellos de menores ingresos. Mientras tanto, se registran piquetes que mantienen bloqueadas rutas importantes.
Morales, deslegitimado desde hace tiempo por graves acusaciones en su contra, parece incapaz de convocar a la pacificación social. Después de todo, su propia conducta es uno de los principales disparadores de la tensión que se vive en Bolivia.
El acuerdo entre el gobierno boliviano y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que ese organismo regional lleve a cabo, de inmediato, una auditoría integral y vinculante es una buena noticia. Es de esperar que el comienzo mismo del ejercicio de verificación, con la participación de 30 expertos con amplias facultades de control y verificación, descomprima las graves tensiones actuales. Pero, por sobre todas las cosas, que pueda arrojar luz sobre un proceso electoral respecto de cuya transparencia existe una enorme cuota de desconfianza, asociada a fuertes y justificadas sospechas de manipulación y fraude.
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