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Peligroso avance del crimen organizado trasnacional
Cada vez más informes dan cuenta de la creciente inserción en nuestro país de poderosas bandas, en connivencia con sectores de poder
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Hace poco más de un mes, un dictamen elaborado por los fiscales federales Flavio Ferrini, de Corrientes; Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), profundizó sobre una vieja pista referida a la presencia activa de organizaciones criminales internacionales en el país.
El documento se centraba en el Tren de Aragua, grupo criminal trasnacional que surgió en las cárceles de Venezuela y, tras la crisis migratoria originada allí, con el éxodo de más de ocho millones de venezolanos, se expandió en varios países de América Latina, con mayor presencia en Chile, Perú y Colombia.
La conclusión del informe consigna la identificación de una célula liderada por el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido en el mundo del hampa de su país como Yiyi. Este hombre fue arrestado en octubre de 2023 en Corrientes. Vivía en un exclusivo club de campo de la ciudad de Santa Ana y se movía en una camioneta 4x4 blindada. Su ascendente carrera criminal en el oeste de Venezuela le valió un puesto entre los diez criminales más buscados del país, según una lista publicada en septiembre de 2023 por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Tras una profunda investigación, se detectó que Yiyi –que vivía en la Argentina con la identidad falsa de Jeraldo Marcial Sierra Tobio– no estaba solo.
Es harto sabido que la SIDE se ha dedicado a hacer espionaje interno poniendo el foco en la política local y no en los peligros latentes de un contexto internacional cada vez más complejo y desafiante
“Se logró determinar que la organización criminal liderada por Yiyi posee en suelo argentino dos ramificaciones bien definidas, aunque vinculadas entre sí. Una de ellas se encuentra encabezada por Enmanuel David Urdaneta Bracho –primo de Yiyi–, quien actúa como referente de un grupo compuesto por al menos seis personas. La célula restante se encuentra liderada por Adaly María Domínguez Contreras, pareja de Yiyi”, sostiene el escrito. Son diez personas en total, señalaron los fiscales, quienes solicitaron al juez federal de Corrientes Gustavo Fresneda una serie de allanamientos y detenciones.
Ferrini, Marquevich y Velasco consideraron que “la rápida expansión de la organización delictiva de Yiyi –que logró arraigarse en el territorio nacional en aproximadamente dos años– evidencia un nivel considerable de planificación logística y capacidad organizativa”.
La sospecha es que este grupo criminal se asentó entre nosotros para lavar dinero originado en actividades ilícitas, como tráfico de drogas, extorsiones y venta de armas.
Desde fines de los 90, la Argentina comenzó a ganar interés entre ese tipo de temibles organizaciones, fundamentalmente las que se dedican al narcotráfico, para lavar dinero en el país y, como ocurrió con el Cartel de Sinaloa, para producir estupefacientes sintéticos, como los laboratorios de metanfetaminas que se desarticularon en 2008, en Maschwitz. ¿Cómo se descubrió la presencia de este cartel mexicano? Por el triple crimen de General Rodríguez, donde fueron hallados los cadáveres de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. La mafia de la efedrina, insumo esencial para la fabricación de metanfetamina, tenía vínculos aceitados con el Estado, aunque la Justicia Federal nunca pudo avanzar con condenas contra exfuncionarios, que en 2023 fueron sobreseídos; entre ellos, el extitular de la Sedronar José Ramón Granero. El principal condenado de esa trama fue el narco rosarino Mario Segovia, que aún está preso en el penal de Ezeiza.
La expansión del crimen organizado es una verdadera tragedia. Es mucho lo que está en riesgo
La falta de coordinación entre investigadores judiciales y policiales, sobre todo en materia de inteligencia, conspira contra la identificación de estos violentos grupos. Se suma a ello la falta de controles, fundamentalmente en la triple frontera, catalogada por el gobierno norteamericano como una posible plataforma operativa de organizaciones criminales y terroristas; entre ellas, Hezbollah.
Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una oferta de recompensa de hasta diez millones de dólares para obtener información que permita interrumpir los mecanismos de financiación de la organización terrorista en la Triple Frontera, que comparte límites entre la Argentina, Brasil y Paraguay.
La hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene una extensión de 3400 kilómetros, cuya jurisdicción es compartida por la Argentina con cuatro países de la región, es otro punto donde organizaciones criminales han ganado espacio. Por ejemplo, el Primer Comando Capital (PCC), banda trasnacional que se expandió sin resistencia en Paraguay, surgida de las prisiones de Brasil.
Un informe del Ministerio Público de San Pablo, de 2023, señala que en la Argentina hay 56 miembros de PCC activos. De este total, 30 son presos y 26 personas se encuentran en libertad. De la lista de 28 países donde este grupo tiene presencia, la Argentina es el quinto con mayor cantidad de eslabones. Según esta investigación, en Uruguay hay 140 integrantes de esa organización asentados.
Desde hace tiempo se sospecha que en la Argentina el PCC podría estar ganando terreno en varias provincias. Diversas investigaciones judiciales detectaron la presencia de presos que estarían enrolados en este grupo criminal, pero no lograron identificar que hayan realizado algún tipo de operación. Algunos los llaman lobos solitarios o células dormidas.
Hace tres años se inició una causa judicial, a cargo de la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger, originada luego de que en un informe de inteligencia que había realizado Brasil se detectaran en un teléfono de un miembro del PCC, capturado por un homicidio, las fichas de 26 presos alojados en cárceles de Resistencia y de Santa Fe, que se habían sometido a los ritos de iniciación en esta organización.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) inició una investigación para determinar si los que aparecían en ese informe brasileño tenían algún tipo de actividad delictiva desde las cárceles.
Las pesquisas sobre este tipo de organizaciones mafiosas requieren de complejidad y tiempo. Un par de los que figuraban en esa lista habían tenido vinculación con el secuestro de Christian Schaerer, hace 22 años.
En la identificación y persecución del crimen organizado y del terrorismo internacional la presencia del Estado debe ser fuerte y, sobre todo, inteligente. El déficit a lo largo de las últimas dos décadas es profundo en esta materia, con la falta de inversión en tecnología para la persecución de grupos más sofisticados, que funcionan en redes.
Un mundo cada vez más volátil, con conflictos internacionales que se profundizan, como el que protagonizan Israel e Irán, genera la necesidad de que la Argentina mejore sus mecanismos de inteligencia. Es harto sabido que la SIDE se ha dedicado a hacer espionaje y poner el foco en la política interna del país y no en los peligros latentes de un contexto internacional cada vez más complejo.
Un ejemplo del nivel de la inteligencia argentina lo constituye un caso en Rosario, donde el exjefe de la SIDE Iván Jokanovich fue detenido, acusado de haber usado información privilegiada de una investigación judicial en favor de un sector de la banda Los Monos y de un expolicía narco que era parte de esta organización. Fue apresado en marzo último en el barrio porteño de Barracas, tras haber estado prófugo durante más de dos años.
El crimen organizado trasnacional ha sentado sus bases entre nosotros y amenaza con consolidar su hegemonía de terror y muerte frente a Estados que han hecho la vista gorda o se han asociado con él. Una tragedia por donde se la mire. Urge actuar sin concesiones. Es muchísimo lo que está en riesgo.
Tipo de trabajo:
opinión
