Perú, crisis en cadena
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Tras la destitución y arresto del presidente Pedro Castillo, el mes último, como consecuencia del intento de autogolpe de Estado que protagonizó, Perú vive una profunda crisis política. Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, se hizo cargo del gobierno y anunció el adelanto de las elecciones para abril de 2024. El proyecto recibió el apoyo del Parlamento y, por tratarse de una reforma constitucional, aún debe ser refrendado en una segunda sesión ordinaria para que pueda ser promulgado.
De confirmarse, la fecha parece muy distante para impedir que la crisis siga escalando. Los defensores del exmandatario salieron violentamente a las calles en reclamo de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, y para reivindicar a las víctimas que dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, 49 personas han sido asesinadas, a las que se suman más de 500 heridos.
La tensión en las calles derivó en que se decretara el estado de emergencia nacional durante 30 días, período durante el cual quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, y libertad de tránsito y de reunión.
El desencadenamiento de las protestas echó por tierra la tregua política que Boluarte había pedido al país para instalar un gobierno de unidad nacional. El Congreso peruano analiza debatir el adelanto de las elecciones. Esta propuesta ha cobrado fuerza en los últimos días entre diversos sectores políticos y sociales del país, con el objetivo de atender una de las exigencias centrales de las revueltas antigubernamentales.
Perú necesita poner fin a esta nueva crisis, preservando la institucionalidad, convocando a elecciones y propiciando los consensos entre las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que el país requiere con urgencia.
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