Política facciosa en aulas y centros de vacunación
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LA NACION
La crisis de fines de 2001 sumergió a la Argentina en una desorientación generalizada cuyas consecuencias todavía padecemos y que deberíamos conjurar de una vez por todas en poco tiempo a riesgo de hundirnos más en el deterioro político y moral si no lo hacemos.
En 2006, cuando aún funcionaba el sortilegio kirchnerista de la transversalidad partidaria y elementos probadamente democráticos se confundían con esa facción peronista de sesgos notoriamente antidemocráticos, la Academia Nacional de Educación, con la firma de Pedro Barcia, denunciaba el adoctrinamiento partidario en escuelas, práctica históricamente utilizada por regímenes totalitarios.
Quienes, después de la triste experiencia de 2003-2015, ganaron las elecciones de 2019 con el señuelo de que volverían mejores nada de bueno han aprendido. Por el contrario, han potenciado su capacidad de falsificar hechos e interpretaciones, incluso a costa de miles de vidas perdidas en nebulosas e inexplicables negociaciones con laboratorios dedicados a la producción de vacunas para combatir el Covid-19. Y siguen con la práctica inadmisible de inculcar sus falsos postulados en manuales de enseñanza –deberíamos hablar más bien de adoctrinamiento– gestados en el Ministerio de Educación.
La ilustración de uno de esos textos lo dice todo. Solo imágenes de Juan Perón y Eva Duarte, de Néstor y Cristina Kirchner, y del Che Guevara. Ahora, el gobierno en cuya gestión se está produciendo uno de los mayores éxodos de argentinos se permite patrocinar textos que oponen lo “nacional” a lo “extranjero” y los “valores populares” a las “elites dominantes”.
Resulta pasmosa la reivindicación de una supuesta “recuperación de la soberanía” por parte de un régimen que persiste en convertir en jirones la antigua prestancia argentina. Son tales la confusión mental y el descaro de los responsables de escribir y difundir un texto supuestamente educativo que se atreven a divulgar que la mentada recuperación soberana se logró, entre otros medios, con la reestatización de Aerolíneas Argentinas. A ningún otro país de la región se le ocurre contar con una compañía aérea de bandera, y menos si es para soportar pérdidas que este año rondarían los 44.000 millones de pesos.
Si se invoca como prenda de “soberanía nacional” una empresa cuyo déficit produce asombro en el mundo de la aviación comercial, no debe extrañar que también se menee como un hecho glorioso el acuerdo del Estado argentino con Repsol, fuente en su momento de resonantes escándalos, para darle una nueva estructura a YPF. O la estafa que se infligió a miles de argentinos con la eliminación de las administradoras de fondos de jubilaciones privadas.
Podríamos pasar, en la misma línea de impertinencias, al examen de otro texto. Se trata de un libro de geografía para cuarto año de los colegios secundarios, en el que se enseña que la globalización ha sido utilizada por las potencias centrales para producir el empobrecimiento de países periféricos como la Argentina. Mentira.
Somos uno de los pocos países que no crecen desde hace diez años por culpa de políticas retrógradas, de cambios permanentes de reglas, de un aparato estatal de dimensiones gigantescas financiable a costa de creciente inflación. Con la globalización creció el producto bruto de China, de gran parte de los países latinoamericanos y de Asia y África, mientras la Argentina dilapidaba, a comienzos del siglo XXI, los mejores años de los precios de las materias primas.
No es por la instrumentación de trucos dialécticos que resulta repudiable llevar la política a las aulas. Esa utilización de espacios públicos –espacios de todos– para fines facciosos es condenable por principio, cualquiera fuere el índice de seriedad de lo que se imparta. Como lo es en la provincia de Buenos Aires instalar centros de vacunación en sedes partidarias del kirchnerismo, desconociendo la vasta red sanitaria existente.
La irresponsabilidad con la que se conduce hoy la educación es equivalente al crimen social que se comete con los miles de argentinos abandonados en el exterior por un gobierno que les cierra las puertas del país.
Alguien deberá pagar en el futuro por la gravedad de los daños que se están ocasionando.
LA NACION
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