Por qué la Argentina es el país más gravoso del mundo
La voraz presión tributaria se ha convertido en un flagelo que exige un mayor compromiso de los jueces para frenar los abusos del poder político
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Si bien la elevadísima presión impositiva que soportan los contribuyentes en la Argentina es, desde hace muchos años, el reflejo de una voracidad fiscal al servicio de cubrir el descontrol del gasto público y las apetencias de gran parte de la dirigencia política, existe una no menor responsabilidad de los jueces en ese flagelo por haber consentido auténticas violaciones al derecho de propiedad y abstenerse de ponerles límites a los abusos del poder político en los niveles nacional, provincial y municipal.
No por nada, nuestro país puede ser calificado como el más gravoso del mundo, en función de diferentes estimaciones avaladas por importantes organismos internacionales que dan cuenta de tres distintos aspectos.
El primero de ellos es el peso de los impuestos. El Banco Mundial fue el primero que alertó que teníamos los impuestos más altos del mundo entre 190 países. La Unión Industrial Argentina (UIA) aportó otros datos que permiten arribar a la misma conclusión: vía un análisis técnico de cada impuesto en los treinta países más relevantes, concluyó que, de los siete tributos principales, en seis tenemos los más gravosos, además de la presión fiscal formal más alta, que alcanza al 50,7%. Esto genera una pérdida de competitividad de las empresas formales ante las del exterior y las informales locales. También, que los consumidores soporten en una altísima carga tributaria en los precios finales. Esta puede llegar aproximadamente al 42% en ciertos alimentos, al 48% en determinadas bebidas o en pasajes aéreos, al 50,3% en vestimenta y al 54% en automóviles. De esta voracidad son testigos los productores agropecuarios; en tal sentido, un cálculo elaborado por Néstor Roulet a partir de la campaña 2025/26 indica que el Estado se queda en promedio con el 82,6% de la renta que genera una hectárea de soja en un campo alquilado de la región núcleo.
Un segundo aspecto que define a la Argentina como el país más gravoso es la cantidad de impuestos: según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el país tiene actualmente 155 tributos, de los cuales una pyme paga al menos 37 (18 nacionales, 8 provinciales y 11 municipales), en tanto que un ciudadano abona entre 21 y 49, según su condición, durante el año. Apenas diez de esos impuestos recaudan más del 90% del total, demostrando la ineficiencia del sistema tributario.
Un particular cuestionamiento merecen las tasas municipales, que en la mayoría de los casos carecen de una contraprestación de servicios por parte de los municipios, por lo que se trata de gravámenes ilegales que han derivado en innumerables demandas judiciales contra las autoridades comunales. Recientemente, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de una controvertida “tasa por servicios esenciales” impuesta por la Municipalidad de Azul. Casi al mismo tiempo, el gobierno nacional anunció la instrumentación de un portal oficial que exhiba las tasas municipales de todo el país y habilite a los ciudadanos a denunciarlas.
La híper regulación es un tercer aspecto. Por caso, las pymes, solo para cuestiones tributarias, están sujetas a treinta regímenes de retención, percepción e información, lo cual implica otra carga injustificada al contribuyente, al que se le exige cumplir funciones que le son ajenas.
Somos entonces el país más gravoso del mundo por una cuestión de peso, cantidad y destrato. Algo que genera entre un 45 y un 50% de informalidad, convirtiendo al sistema fiscal en tan pesado como injusto.
El Estado se queda en promedio con el 82,6% de la renta que genera una hectárea de soja en un campo alquilado de la región núcleo
Cabe reflexionar por qué nuestro país tiene los impuestos más altos y, en especial, cuánta responsabilidad les caben a los poderes políticos (legislativos y ejecutivos de los tres niveles) y cuánta al Poder Judicial por este último lugar fiscal mundial y, en general, por el fracaso económico del país. Lo natural es responder que la principal recae en la voracidad fiscal de los políticos. Sin embargo, como lo han puesto de manifiesto los merecedores del premio Nobel de Economía 2024 Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, el éxito o el fracaso de un país no depende tanto del nivel de sabiduría o liderazgo de sus políticos, sino del buen o mal funcionamiento de las instituciones, lo cual incluye el respeto a la propiedad privada y la independencia de los jueces para poner límites a los abusos de los otros poderes.
Camino al último puesto fiscal, el país cruzó límites constitucionales como el de no confiscatoriedad o el de razonabilidad, que, salvo excepciones, los magistrados resolvieron no aplicar. Si alcanzamos los impuestos más altos es porque desde el fallo “Ercolano” (congelamiento de alquileres en 1922), la Corte Suprema de Justicia inició una larga línea jurisprudencial violatoria del derecho de propiedad. Si tenemos tributos que afectan hasta cuatro veces el patrimonio (ABL, impuesto inmobiliario, bienes personales y aporte solidario) es porque, con el virus del fallo “Mataldi” (1927), la Corte propagó la múltiple imposición (nacional, provincial y municipal) sobre los mismos hechos imponibles. Si sufrimos el actual descontrol de tasas municipales es por el nefasto fallo “Esso” (2021), en donde la Corte contrarió la primera lección de la materia Impuestos, que define la diferencia entre tasa e impuesto, habilitando a los intendentes a que las calculen equivocadamente sobre la facturación total, en lugar de tomar el costo del servicio recibido. Y si la Corte falla contra el Estado, suele ser condescendiente con él; por los costos, riesgos, condiciones y tiempos propios del litigio, en el mejor caso el contribuyente logra un éxito parcial, a partir del caso “Candy S.A contra AFIP” (2009), como el ajuste por inflación.
No se justifican en absoluto, pero pueden entenderse de dónde vienen las políticas populistas de muchos gobernantes, para buscar eternizarse en cada elección y alimentar la enorme maquinaria del gasto público y a su facción partidaria.
Menos sencillo es, en cambio, entender dónde ha estado el gran incentivo para que tantos jueces hayan actuado con un peculiar sesgo fiscalista, renunciando a defender a los contribuyentes frente al sistema más gravoso, cuando la Justicia ha sido creada especialmente para defenderlos de los excesos del poder de turno. Fueron designados para impartir justicia, tienen estabilidad judicial y su sueldo no varía según la recaudación.
Cuando los contribuyentes reclaman por el exceso fiscal, el político suele dar argumentos fatales del estilo “sabemos que ustedes tienen razón, pero también sabemos que los jueces no se la van a dar”. La tolerancia judicial incentiva a todos los demás a incurrir en los mismos abusos. Si los jueces, hubiesen aplicado la Constitución, aquella voracidad hubiera quedado a mitad de camino y la Argentina sería un país fiscalmente normal. El Poder Judicial nacional y provincial ha tenido una actuación que no ha sido meramente funcional o secundaria, sino que lo ha convertido en responsable primario de haber incentivado y provocado que la Argentina sea el país más gravoso del mundo.
Los cambios profundos a los que asiste hoy la Nación y que son acompañados por buena parte de la ciudadanía, tendientes a dejar atrás las prácticas populistas, no son suficientes.
La Corte Suprema, aun cuando se encuentra entre lo más rescatable que tiene hoy la Justicia, es la que más debe cambiar en este aspecto, por su responsabilidad primaria como máximo tribunal y porque es más fácil que tres (o, en el futuro, cinco) personas evolucionen en su forma de pensar y actuar, bajando su jurisprudencia al resto de los jueces, que pedirle a una gran mayoría de gobernadores e intendentes, junto a sus legisladores y funcionarios, que cambien, que dejen de rechazar bajas en impuestos y gastos públicos y de incumplir lo comprometido en el Pacto de Mayo. Estos últimos son promotores de la tragedia fiscal y hacen lo imposible para seguir siéndolo. Pero no les quedará otra que ajustarse y cumplir lo prometido si la Justicia les pone límites.
Tipo de trabajo:
opinión
