Porteros que custodian privilegios
El agobiante peso de las expensas reconoce como principal razón una discusión salarial donde el sindicato negocia con cámaras empresarias que no representan a los propietarios
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La Argentina es un país peculiar, donde todos ven al elefante bajo la cama, pero la sucesión de crisis y el temor al cambio llevan a preferir la tibia convivencia con el paquidermo antes que optar por el desafío de la libertad en un mundo incierto. Las turbulencias recurrentes distraen a la población respecto de los temas que condicionan su nivel de vida y la sujetan a las penurias del atraso.
Un buen ejemplo es la situación dramática de familias que viven en departamentos y no pueden pagar las expensas, frente a la opulencia de dirigentes sindicales cuyo patrimonio se ha amasado con sus aportes. De las familias, se entiende. Esa relación causal es tan obvia, que se denuncia por sí sola. Pero los enjuagues políticos han logrado desviar la atención al costo de los elementos de limpieza o de la calefacción central omitiendo el peso del elefante en la cuenta final.
Según la Dirección de Defensa del Consumidor porteña, de cada 100 denuncias que recibió el año pasado, 17 fueron contra administradores de consorcios (casi 3000), la mayoría por la dudosa gestión de las cuentas. El encarecimiento de las expensas ha provocado que muchos edificios hayan prescindido de los encargados, alquilando sus habitaciones para maxi quioscos u otros rubros. A su vez, los servicios suprimidos se contratan afuera, con empresas independientes.
La principal razón es el aumento salarial a los encargados por encima de la inflación acumulada. Pero la raíz del desajuste no está en las razones aparentes, sino en las ocultas: el marco legal que regula los acuerdos. Las remuneraciones están fijadas por el convenio colectivo del gremio de los porteros, representado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), que acuerda con tres cámaras que no incluyen a los propietarios, ni a todos los administradores: la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (Caphai), de 1951; la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI), de 1983, y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (Aierh), de 1989. Se trata de una gran ficción armada en connivencia con el peronismo, dueño histórico del Ministerio de Trabajo, de los tribunales laborales y del voto del Senado para blindar privilegios corporativos que se arrastran desde 1943. Lo sabía bien Raúl Alfonsín, que trató de modificarlos mediante la fracasada ley Mucci (1984) y terminó rindiéndose al nombrar al sindicalista Carlos Alderete en aquella cartera. Ya hemos tratado este tema en un editorial anterior, referido al decreto 149/2025 que suprimió los aportes para financiar institutos de “capacitación” inventados por convenios colectivos de trabajo. Y también a la espuria creación en 1991 de un sistema de retiro para los empleados de comercio, financiado con un aporte del 3,5% a la compañía La Estrella, ordenado por otro convenio colectivo. Todos engendros cortados con la misma tijera.
El Suterh se encuadra en el modelo de manejo familiar y filiación partidaria que caracteriza a otros gremios en la Argentina. Desde 1985 fue conducido por José “Pepe” Santa María y luego por su hijo Víctor, que lo sucedió en 1989. Integra la federación (Fateryh) con 30 sindicatos y 85.000 afiliados.
Las cámaras empresarias están conformadas por titulares de negocios afines cuyo vínculo gremial prrocura la defensa de sus intereses comunes, generalmente frente al Estado. Por contraste, las tres cámaras de administradores de propiedad horizontal de adhesión voluntaria (no existe colegiación obligatoria) parecen un club de amigos pues solo velan por el interés de estos con el objetivo de jerarquizar su profesión, “procurando una eficaz y armoniosa convivencia consorcial”. No es su prioridad cuidar los intereses de los propietarios a quienes administran en relaciones plagadas de conflictos de intereses, como lo prueban las 3000 denuncias citadas.
Aquí se halla el nudo de la cuestión. Los administradores son representantes legales de los consorcios como mandatarios, pero es debatible que tengan facultades para ir más allá de las gestiones administrativas propias de la gestión del edificio, como la celebración de convenios colectivos cuyos efectos trascienden el interés de cada consorcio.
Mecanismos de exacción de fondos a las familias para enriquecer a sindicalistas han tenido como base el régimen de personería gremial única
La picardía sindicalista ha sido lograr que tres cámaras de administradores sin vínculos con los propietarios funcionen como contrapartes de la negociación colectiva. Algunos las califican de “sellos de goma” al servicio del Suterh. Y como la facultad de reconocer personería “patronal” la tiene la Secretaría de Trabajo, basta que esta las admita para que queden legitimadas. Luego, al homologar los convenios, con su varita mágica las convierte en legisladoras de la propiedad horizontal, obligando a todos los consorcios del país a someterse a lo acordado.
Los administradores saben que el principal deseo de los propietarios es evitar mayores gastos y es absurdo que, mientras ellos piden cotizaciones a pintores, plomeros y gasistas, el Suterh, mediante el artilugio de usar la careta de esas cámaras, hace entrar los gastos mayores por la puerta trasera, sin que ellos tengan arte ni parte.
Desde 1985, cuando fue elegido “Pepe” Santa María, el Suterh incrementó su patrimonio en más de 200 veces. El sindicato y su obra social cuentan en el AMBA con siete pisos de su sede central, dos clínicas y una maternidad, siete centros de formación profesional, el Centro de la Mujer y el Niño (10 pisos comprados a la Sociedad Hebraica), un Centro de Innovación Virtual, una Escuela de Robótica Infantil, una Academia Gamer, tres centros de educación terciaria, cinco centros deportivos, una decena de hoteles de turismo social y hasta una universidad.
En paralelo, Víctor Santa María se diversificó como dirigente político (presidió el PJ Capital), futbolístico (Sportivo Barracas) y, a través del Grupo Octubre, maneja un holding de medios (el diario Página 12, los canales de televisión 9 e IP, la plataforma OctubreTV, las revistas El Planeta Urbano y Caras y Caretas, la radio AM750 y las FM Aspen, Blackie, 94.7 y 97.1), además de VPM, Girola y Multiposter, de publicidad exterior.
Buena parte de los fondos para semejante despliegue de inversiones y negocios salen de las expensas que agobian tanto a jubilados como a empleados, a comerciantes como a profesionales. Provienen de la cuota sindical del 2,5% de los encargados y de casi el 8% que ingresa la obra social Osperyh por los 600.000 departamentos de CABA que conforman 123.000 consorcios, además del Gran Buenos Aires (550.000); Córdoba (257.000), Santa Fe (225.000) y el resto del país.
En 2007 la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia en la Justicia Federal contra el Suterh por maniobras irregulares de sobre o subfacturación con firmas proveedoras por varios millones de dólares. Asimismo, detectó movimientos de fondos desde Suiza para que la madre de Santa María, jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales de 2017, pero la causa no avanzó. El jefe de los porteros está blindado por sus recursos exuberantes, sus apoyos políticos y su control mediático.
Estos mecanismos de exacción de fondos a las familias para enriquecer a sindicalistas han tenido como base legal el régimen de personería gremial única vigente desde 1945 y la ley de convenios colectivos de trabajo (1953), que imponen en todo el país, a través de homologaciones “políticas” de la cartera laboral, condiciones pactadas entre partes monopólicas: las cámaras sectoriales y los sindicatos con personería. Y como lo demuestra este caso, hasta la validación de contratantes fantasmas para simular negociaciones inexistentes.
Estas distorsiones deben extirparse con una reforma laboral que descentralice la negociación colectiva y que, en el peculiar caso de los consorcios, asegure una genuina representación de los propietarios en la defensa de sus intereses.
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