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Punto final para el populismo en el Instituto Nacional de Cine
La actual gestión del Incaa revirtió el déficit de la era kirchnerista y encaró una reestructuración que hizo bajar el número de empleados de 800 a 250
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El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Carlos Pirovano, acaba de recordarnos una vez más que la función natural del organismo público encargado de fomentar la producción de películas y series en la Argentina perdió casi por completo su razón de ser durante las distintas gestiones del largo ciclo kirchnerista.
Una burocracia desmesurada, una estructura elefantiásica, el requerimiento constante de la ayuda del Tesoro para cubrir gastos que invariablemente superaban los ingresos y el inexplicable respaldo a la producción de películas con escasa o casi nula convocatoria de espectadores son factores que, sumados, dieron como resultado una situación insostenible.
Este escenario no era demasiado distinto al que encontró Javier Milei en la mayoría de los organismos de la administración pública nacional cuando se hizo cargo del Gobierno en 2023, pero en el caso del Incaa pareció decidido a aplicar de inmediato un ajuste todavía pendiente en otras áreas. Pudo haber pesado en la decisión el propósito de librar una “batalla cultural” en un terreno en el que el kirchnerismo siempre encontró un fuerte respaldo material y simbólico, así como el apoyo de conocidos nombres del mundo artístico.
El resultado inevitable fue una inflación de estrenos que en la inmensa mayoría de los casos pasaron inadvertidos porque directamente no tuvieron en cuenta al público. Terminó imponiéndose desde el Incaa un sistema que aseguraba empleo permanente en el sector, pero que no les servía a los espectadores.
Como muchos productores, gracias al generoso esquema de subsidios establecido durante la gestión anterior, se aseguraban antes de la fecha de estreno el virtual reintegro del 100% del presupuesto invertido, salir a vender entradas ni siquiera era necesario. Se llegó al extremo de convalidar un esquema en el que el cine argentino se hacía a espaldas de su destinatario natural.
La falta de público para el cine argentino coexistió con un exceso de empleados en el Incaa, que llegó a tener más de 800 personas en su planta, un escenario insostenible convalidado durante el kirchnerismo por el peso excesivo de la influencia sindical. Hoy, después del plan de ajuste ejecutado por la gestión que encabeza Pirovano, el organismo cuenta con 250 personas, un número todavía más alto que el del Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales de España (Icaa), donde trabajan 184 empleados. Bien vale la comparación, porque la industria audiovisual de España tiene una facturación anual cercana a los 34.000 millones de dólares, mientras la Argentina, México y Brasil lograron, juntas, superar hace poco los 20.000 millones por igual concepto.
La reestructuración impuesta transformó el déficit recurrente del Incaa en un superávit operativo de 30 millones de dólares que prometen ser ahora usados de una manera más eficiente, ya no a través de anticipos, sino de subsidios recibidos por las películas una vez terminadas, alentando de este modo la inversión.
Se puso así en evidencia uno de los desatinos más grandes de cualquier gestión populista: recurrir al Tesoro para compensar un desequilibrio entre gastos e ingresos por cuestiones demagógicas (el apoyo a cualquier película que esté en línea con la ideología gubernamental) o por un descontrol en los números.
En la Argentina ya es costumbre que los gobiernos queden expuestos a la tentación de conseguir el apoyo de figuras populares del espectáculo o del mundo artístico. Lo que debe evitarse por todos los medios es que, a partir de necesidades circunstanciales de un gobierno, ese respaldo se convierta en políticas que llevan al aprovechamiento corporativo de lo que por naturaleza pertenece a todos. Eso es lo que ocurrió dentro del Incaa durante el kirchnerismo y terminó desvirtuando la misión del organismo. Detrás de todos los desmanejos registrados durante ese período, que la actual conducción del organismo viene poniendo en evidencia, aparece un principio innegociable: todo organismo público debe funcionar desde el imperativo de un manejo cristalino y prudente de sus recursos, además de la obligación de rendir cuentas cada vez que la sociedad lo reclama.
Tipo de trabajo:
opinión
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