Río Turbio: un proyecto absurdo e inviable
Resulta injustificable que el Estado siga subsidiando a una empresa que prácticamente ha dejado de producir
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Hay casos en los que la distancia entre lo que una actividad cuesta y lo que produce obliga a preguntarse la razón de su existencia. Yacimientos Carboníferos Río Turbio pertenece, desde hace mucho tiempo, a esta categoría.
Los números conocidos recientemente son difíciles de asimilar. Para 2026, la explotación de Río Turbio prevé obtener apenas 342,6 millones de pesos de ingresos genuinos, al tiempo que recibirá 135.000 millones de pesos del Tesoro Nacional. Dicho de otra manera: por cada 100 pesos que le aporta el Estado, la empresa genera apenas 25 centavos por su propia actividad. Cerca de 2000 personas trabajan en un complejo minero, ferroviario, portuario y energético cuyo producido comercial resulta insignificante frente a los recursos públicos que demanda.
No se trata de una dificultad coyuntural. Río Turbio lleva décadas acumulando proyectos, anuncios, inversiones, privatizaciones, reestatizaciones y relanzamientos. La gran central termoeléctrica de 240 megavatios, concebida para darle una demanda al carbón extraído de la mina, permanece inactiva desde diciembre de 2023. El propio presupuesto oficial para este año se limita a señalar que allí solo se realizan tareas de mantenimiento preventivo.
La historia de esa usina merece por sí sola una reflexión. Fue proyectada para convertir el carbón de Río Turbio en electricidad y justificar así la continuidad del yacimiento. Su construcción demandó inversiones que llegaron a superar los 1200 millones de dólares, atravesó demoras, desperfectos, investigaciones judiciales debido a fundadas sospechas de corrupción y sucesivos intentos de puesta en marcha. Más de una década después, el resultado está a la vista: la mina casi no vende carbón y la central que debía consumirlo está apagada.
El Estado intentó nuevamente encontrarle una salida. En 2025 transformó el complejo en Carboeléctrica Río Turbio SA y abrió la posibilidad de incorporar capital privado, aunque manteniendo el control mayoritario estatal. Pero cambiar la forma jurídica de una empresa no modifica su realidad económica. Antes de discutir quién debería administrarla habría que responder una pregunta más elemental: ¿existe realmente un negocio rentable que administrar?
La defensa habitual de Río Turbio ha descansado en su importancia para el empleo y para las localidades que crecieron alrededor del yacimiento. Es un argumento que no merece ser atendido. Nadie puede desconocer el impacto social que produciría una decisión abrupta sobre casi dos mil trabajadores y sus familias. Pero precisamente por eso resulta irresponsable seguir confundiendo protección del empleo con perpetuación de una actividad ruinosa y sin futuro.
Una política seria debería hacer exactamente lo contrario: utilizar parte de los enormes recursos que hoy se destinan a sostener el déficit para financiar una reconversión gradual de la cuenca, capacitar trabajadores, atraer nuevas inversiones y generar actividades económicas capaces de sostenerse por sí mismas. La alternativa no puede ser elegir entre mantener eternamente una explotación inviable o abandonar a quienes dependen de ella.
Hay, finalmente, una cuestión todavía más difícil de justificar. Si semejante esfuerzo fiscal sirviera para producir un recurso estratégico indispensable para el país, todavía podría intentarse alguna explicación. Pero lo que se subsidia es carbón. Y el carbón es el combustible fósil de mayor intensidad de carbono actualmente utilizado a gran escala. Su combustión produjo en 2024 más del 40% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono vinculadas con la energía y genera, además, material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno; su extracción libera también metano.
La contradicción resulta difícil de ignorar. Mientras el mundo invierte sumas enormes en transformar sus sistemas energéticos y las economías desarrolladas reducen progresivamente la generación eléctrica a carbón, la Argentina destina miles de millones de pesos a mantener artificialmente una mina que prácticamente no genera ingresos para que, eventualmente, pueda abastecer una central térmica que lleva años apagada.
Río Turbio pudo haber tenido una explicación histórica, geopolítica y social. Que alguna vez la haya tenido no significa que deba conservarla eternamente. Los Estados también deben saber cerrar ciclos y encontrar mejores destinos para los recursos y para las personas que dependen de ellos.
Subsidiar una empresa que casi no produce ya es difícil de justificar. Subsidiarla para que siga arrojando millonarias pérdidas para producir algún día energía quemando carbón resulta tan absurdo como incomprensible.
