Concesiones en el mundo del revés
Resulta lamentable que se siga beneficiando con la adjudicación de licitaciones a quienes mediante turbias maniobras perjudicaron al Estado nacional
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A quienes aspiran a una Argentina con instituciones más sólidas, donde los actos del Estado contribuyan a fortalecer la confianza pública y no a erosionarla, no puede menos que indignarlos que, en la licitación de algunos grandes corredores viales hayan resultado beneficiados o precalificados grupos asociados a personas involucradas en causas de corrupción.
El patagónico Cristóbal López, por ejemplo, se quedó con la concesión del Tramo Portuario Norte -que incluye una parte de la ruta nacional 9, un tramo de la ruta 33 y la circunvalación de Rosario- mediante una licitación pública, dejando en el aire la sensación de que la Argentina es, en efecto, el “mundo del revés”. No porque la licitación hubiera sido, hasta donde se sabe, irregular, sino porque volvió a poner en evidencia una pregunta de fondo: ¿alcanza con cumplir las reglas formales cuando está en juego la administración de bienes públicos estratégicos?
Asimismo, otras compañías vinculadas a la causa de los cuadernos de las coimas resultaron precalificadas o beneficiadas con el plan y mantenimiento de rutas, pese a que sus directivos han estado procesados o declararon como arrepentidos en la megacausa sobre pago de sobornos a funcionarios del gobierno kirchnerista.
La constructora de López, CPC, le ganó por un margen mínimo a Panedile, de Hugo Dragonetti. El proceso, según la información disponible, no registró objeciones formales. Pero cabe preguntarse por qué el Estado nacional, dentro de las reglas vigentes, terminó adjudicando una concesión estratégica a un empresario con semejante historial de conflictos con el propio Estado. La legalidad de un procedimiento no siempre alcanza para garantizar su legitimidad institucional.
A estas alturas debería ser sencillo recordar que López y su socio Fabián de Sousa apalancaron el crecimiento de su holding, el Grupo Indalo, con el equivalente a unos 1000 millones de dólares en impuestos que debieron pero evitaron girar a la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). O lo demoraron lo suficiente para usar los recursos públicos como fuente de financiamiento privado. No se trató de una mera deuda tributaria. El mecanismo consistió en retener durante años fondos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que habían sido cobrados a los consumidores y que debían ingresar al Estado, utilizándolos como capital de trabajo para expandir el grupo empresario.
No fue la única vez que el Estado debió salir a reclamarle fondos retenidos indebidamente. En 2017, se le rescindió a López la concesión de otra ruta, el acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas, por incumplimientos contractuales que incluyeron la retención de recursos que debía transferir al Estado. La empresa de López arrastró después un concurso preventivo del que solo salió en 2025. Y, aun así, el Estado le adjudica hoy otra concesión.
Por la más que cuestionable maniobra que protagonizaron contra la AFIP, López y De Sousa afrontan desde hace una década un proceso penal que se abrió tras una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, publicada en LA NACION. Ese proceso registra ya un culpable con condena firme, Ricardo Echegaray, que se convirtió en el primer extitular del organismo tributario en la historia argentina condenado por defraudar al Estado nacional.
López y De Sousa fueron absueltos por mayoría por un tribunal oral federal y esa decisión fue luego confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Pero el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó con razón que corresponde revocar esa absolución y la Corte Suprema ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios fijados por el máximo tribunal. Es decir, la discusión judicial permanece abierta.
Pero allí no se agotan las turbulencias judiciales de López. Basta con recordar que también se encuentra entre los acusados en el juicio oral por los cuadernos de la corrupción y debe afrontar otro proceso oral por su presunto papel en la trama de lavado de activos vinculada a los hoteles e inmuebles de la familia Kirchner.
El problema, incluso, trasciende la figura de López. En las democracias con adecuados estándares de transparencia, para las contrataciones públicas no solo se evalúa la capacidad técnica y económica de los oferentes. También se contemplan criterios de integridad, cumplimiento y riesgo reputacional, precisamente para evitar que el propio Estado termine asociándose con empresas cuya trayectoria compromete la confianza ciudadana. Organismos internacionales como la OCDE promueven desde hace años ese enfoque como parte de las mejores prácticas en materia de compras y concesiones públicas.
En ese contexto, entonces, resulta inadmisible que un empresario que construyó buena parte de su expansión al amparo de su estrecha relación con los gobiernos kirchneristas y que, como mínimo, resultó beneficiado por una maniobra que ocasionó un enorme perjuicio al fisco se quede ahora con la concesión del Tramo Portuario Norte. ¿Puede el Estado sostener que combate la corrupción mientras adjudica una infraestructura estratégica a quien durante años litigó precisamente por apropiarse de recursos públicos que pertenecían a todos los ciudadanos?
En la Argentina rige el principio de inocencia, piedra basal de nuestra Constitución Nacional y del Estado de Derecho que tanto hemos defendido desde estas mismas columnas en los momentos más oscuros de la historia nacional. Pero esos baluartes no son parte de la discusión que hoy planteamos. La cuestión es si vamos a premiar con negocios a la sombra del Estado a quienes deberíamos mantener alejados de la administración de bienes públicos. El Estado no está obligado a contratar a cualquiera que reúna los requisitos mínimos para presentar una oferta. También tiene el derecho -y la responsabilidad- de fijar estándares de integridad acordes con la magnitud de los intereses públicos que delega. Si las normas actuales permiten que una empresa con semejante historial resulte adjudicataria de una concesión estratégica, entonces son esas normas las que merecen ser revisadas.
Gobernar no consiste únicamente en cumplir la ley; también implica preservar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
