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Santiago del Estero, bajo un régimen policíaco
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LA NACION
La pandemia le ha servido como excusa al gobernador Zamora para terminar de consolidar un Estado claramente despótico y opresor
En estas columnas hemos comentado reiteradamente la triste situación que atraviesa la provincia de Santiago del Estero, sometida a los designios del gobernador Gerardo Zamora, quien en pleno siglo XXI la gobierna cual señor feudal.
Zamora domina la Legislatura y el Poder Judicial provinciales, la Municipalidad de Santiago y la casi totalidad de los municipios del interior, además de los medios de comunicación: no hay ningún periódico, radio o canal de televisión que no responda espuriamente a la potestad del gobernador. Su poder solo puede compararse con el que tenía el caudillo Juan Felipe Ibarra en el siglo XIX, durante aquella terrible y violenta etapa de la historia anterior a la Constitución nacional de 1853, por cuanto supera en absolutismo también a Carlos Arturo Juárez.
La oposición está silenciada, maniatada y, lamentablemente, no existe nadie que asome como una alternativa política valedera.
Es sabido que un enorme porcentaje de la población provincial trabaja para el sector público o tiene algún pariente cercano que lo hace, o cuya actividad privada está regulada o directamente relacionada con el Estado, es decir, con una subsistencia dependiente del gobierno, que teme justificadamente las crueles represalias de Zamora, ya experimentadas por algunos rebeldes.
La llegada de la pandemia resultó el pretexto que Zamora necesitaba para terminar de conformar un verdadero Estado policial, sin ley ni derechos, en el que piquetes policiales, cual patotas, asuelan las calles y generan terror.
El gobierno estableció por decreto que la gente solo puede circular, con limitaciones, de lunes a viernes, de 7 a 21, y los sábados y domingos, de 7 a 18. Esta enorme restricción a la libertad funciona como un verdadero toque de queda ante un ejército de ocupación. Las sirenas policiales alarman a la gente, la policía detiene y encarcela a los que circulan en horarios prohibidos, con limitadísimas causas de excepción. Clara expresión de un régimen totalitario, nadie puede hacer una compra de cercanía ni mucho menos salir para pasear el perro.
Baste decir que, siendo Santiago del Estero una de las provincias comprobadamente más pobres de la Argentina, hay gente necesitada que no puede salir a trabajar porque entre las restricciones draconianas que estableció el gobierno está haber suprimido el transporte público.
Hay detalles que pintan muy bien el opresivo clima reinante: para consultar leyes o decretos en la página del Boletín Oficial provincial hay que dejar datos personales, una clara medida persecutoria, que traba el libre acceso a la información pública.
Todas estas prohibiciones vigentes no aplican a la terminación del llamado Estadio Único, un costoso recinto deportivo en la ribera del río Dulce, con capacidad para 29.000 personas, prioridad fundamental del gobernador. Otro claro ejemplo de la burda política de pan y circo.
Los escasos recursos provinciales se dilapidan en esa y otras obras faraónicas que resultan superfluas en una provincia que tiene los peores ratios de pobreza, desempleo, mortalidad infantil, desatención de la salud pública y déficit de educación.
El gobierno provincial asegura estar sanitariamente preparado para enfrentar la pandemia, por lo que no se alcanza a comprender por qué estableció un régimen tan riguroso con una cuarentena reforzada y enormes sanciones por violación de restricciones. Todo conduce a dudar de que la invocada preparación sea cierta, a juzgar por la inflexibilidad imperante.
So pretexto de la pandemia, proliferan los allanamientos sin orden judicial, detenciones ilegales, secuestros de vehículos, multas y otros abusos que siembran el terror y la frustración ante la imposibilidad de denunciar atropellos en un sistema judicial cooptado por el gobierno.
Nadie puede alzar la voz ante tanta arbitrariedad, ni siquiera privadamente, como en un chat de WhatsApp, pues los alfiles judiciales del gobierno iniciarán acciones penales y dictarán una prisión preventiva que mantendrá por meses en la cárcel a las víctimas de procesos armados falazmente.
Los santiagueños no tienen más salida que tolerar resignados estos despropósitos, aunque en la intimidad cundan el enojo, el cansancio y la desesperación, con algunas tímidas manifestaciones aisladas de protesta, que amenazan con multiplicarse.
El autoritario gobierno provincial debe escuchar los reclamos, de los cuales también debería hacerse eco el gobierno nacional.
Urge cambiar las prioridades en atención a la penosa situación de miles de santiagueños, víctimas de las pretensiones personalistas cada vez más abusivas de un gobierno tan anacrónico como despótico.
