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Sospechoso traslado del Banco de Datos Genéticos
La falta de claridad en las motivaciones de la derivación y limitación de tareas del principal archivo de muestras genéticas genera una enorme preocupación
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Impulsada por el Gobierno, la mudanza del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de su sede en el hospital Durand a instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha generado una larga y agitada polémica, avivada por la falta de explicaciones satisfactorias sobre las razones de un traslado que no sólo es físico, sino también jurisdiccional, y que incluye un significativo recorte de las tareas ejercidas por el organismo.
Desde su creación en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el BNDG ha realizado una seria labor en la identificación de los hijos de detenidos desaparecidos. Su archivo de muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas durante el último régimen militar permitió la restitución de 115 hijos a sus familias de origen. El BNDG también intervenía en casos de filiación tramitados ante la Justicia en causas que nada tenían que ver con delitos de lesa humanidad. Desde su creación, dependía del gobierno nacional y de las autoridades porteñas.
La fuerte polémica se inició con la ley 26.548, de 2009, impulsada por el Gobierno y las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa norma, reglamentada el año pasado, estableció el traspaso del banco, calificado de organismo "autónomo y autárquico", al ministerio a cargo de Lino Barañao, y limitó su tarea exclusivamente a los casos registrados entre 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Personal del BNDG denunció que el traslado encubriría una maniobra para vaciarlo. Su directora, la doctora Belén Rodríguez Cardozo, cuestionó duramente y con sólidos fundamentos la mudanza, junto con la senadora Norma Morandini (UNEN) y otros dirigentes políticos, por considerar que se pondrían en peligro el prestigio y la imparcialidad de la institución, al tiempo que se intentaría beneficiar a laboratorios privados y reemplazar a las actuales autoridades del BNDG.
También se opusieron a la citada medida las abuelas de Plaza de Mayo Mirta Baravalle y Elsa Pavón, el diputado macrista Federico Pinedo e integrantes de organismos de defensa de derechos humanos.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América latina de Human Rights Watch, dijo a LA NACION que "es una lástima que, con la legislación que restringe la labor del banco a casos previos a 1983, se les impida a las víctimas de casos posteriores beneficiarse de la capacidad ya instalada en esa institución".
Consultada por LA NACION una calificada fuente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, respondió que esa cartera no tomó la decisión del traslado y que se limita a cumplir con lo que dispone la nueva ley.
En un primer análisis no se entiende el por qué de la severa limitación al campo de acción del BNDG. De esta manera, señalan los críticos, quedan fuera de sus funciones los casos de desaparición forzada de personas a partir del 10 de diciembre de 1983, la supresión de estado civil en los casos no relacionados con el último régimen de facto y todo lo relativo a los datos genéticos de personas que han asistido al banco por causas judiciales civiles, de filiación o criminales.
Organizaciones de derechos humanos críticas del kirchnerismo plantearon la inconstitucionalidad de la mencionada ley y la directora del BNDG cuestionó que el Poder Ejecutivo quiera manejar el banco cuando este organismo es parte, como perito, en muchos casos de restitución de identidad.
Como señaló este diario, de las 20.300 muestras de ADN que alberga el BNDG, sólo 7000 están vinculadas con casos de delitos de lesa humanidad. Por eso, según los críticos del traslado, quienes en el futuro quieran pedir datos de filiación, investiguen redes de trata de personas o tengan familiares víctimas de eventuales atentados tendrán que recurrir a laboratorios privados para buscar huellas genéticas. Hasta ahora, el Estado realizaba esos estudios de forma gratuita, mientras que en adelante sería preciso pagar a laboratorios privados.
Ese último punto es negado por el ministerio de Barañao. En su página de Internet puede leerse que la Red Nacional de Laboratorios de Ciencias Forenses, compuesta por siete laboratorios centrales de alta complejidad, realiza estudios de filiación y parentesco no vinculados con crímenes de lesa humanidad, entre otros análisis necesarios para las investigaciones y que esa red trabaja a partir de causas judiciales en forma gratuita.
Sin embargo, prevalecen las dudas e incógnitas. Por ejemplo, ¿realizarán demandas judiciales las personas que tienen sus datos en el banco y no autorizaron el traslado de sus huellas de ADN?
Filiación y derechos humanos son temas –cuando no dramas– lo suficientemente graves y sensibles como para que las medidas que los involucran no ofrezcan ningún flanco para las dudas e incertidumbres.
