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Transparencia y control en la obra pública
Una sólida decisión de cambio moral en la función estatal es la forma más efectiva de inhibir las prácticas corruptas que tanto daño han provocado
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LA NACION
En el acto de inauguración del Paseo del Bajo, el presidente Mauricio Macri, poniendo sus manos sobre el pavimento, expresó: "Esto que estoy tocando acá es real". Tras ello, preguntó: "¿Dónde fue a parar el dinero de los argentinos durante tantas décadas?". De esta forma hacía alusión a la desviación de fondos generados por la corrupción en la obra pública antes de su gestión. Queda claro que se refería a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En sustento de los dichos del Presidente, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había hecho pública en reiteradas oportunidades la información sobre la notable reducción de los costos de las obras camineras licitadas después del 10 de diciembre de 2015. Ese ha sido el resultado de la publicación previa de pliegos competitivos y de la vigilancia sobre posibles cartelizaciones empresariales. La actual acción judicial sobre hechos corruptos, que tomó mayor impulso con la ley del arrepentido, ha contribuido a desalentar las prácticas corruptas en ese sector.
Si bien desde estas columnas hemos realizado observaciones y críticas a aspectos técnicos o de oportunidad de algunos proyectos encarados tanto por el gobierno nacional como por el porteño, debemos destacar el mérito de esta gestión en el combate a la corrupción en la obra pública. La reducción lograda en los costos unitarios permite que, con un determinado monto de dinero, se construya hoy el doble de kilómetros de ruta que en la gestión anterior. Lo mismo ocurre con la expansión de redes de agua y cloacas o en los metros cuadrados construidos de edificios escolares y hospitales. Se estima que el sobrecosto en las obras públicas acumuló durante el periodo 2003-2015 la suma de 80.000 millones de dólares para un gasto total en obras de 152.117 millones. Hay que recordar que el dinero proviene de los contribuyentes, a los que se priva de darle otro destino, muchas veces imprescindible. Los sobreprecios y la corrupción en el gasto estatal tienen una connotación doblemente inmoral. Detraen injustificadamente dinero de quienes lo necesitan, para enriquecer a los que delinquen y, además, reducen la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura y de los servicios en detrimento de los usuarios.
El salto positivo en la reducción de la corrupción forma parte de la mejora en la calidad institucional ocurrida a partir del 10 de diciembre de 2015. Este mérito no excluye que puedan surgir excepciones en una administración de gobierno que comprende miles de seres humanos sujetos a la falibilidad propia de la especie. Pero como ocurre con la contaminación ambiental, no hay actividad humana o productiva que no la produzca. Sin embargo, se da por controlada cuando se logra mantener por debajo de límites estrictos. En este sentido, debe destacarse el trabajo realizado por el Ministerio de Modernización en la introducción de instrumentos para evolucionar hacia un gobierno electrónico e inteligente. Entre ellos, la gestión documental electrónica que permite "despapelizar" los expedientes y así facilitar su acceso a la consulta pública. La transparencia es la forma más efectiva de inhibir prácticas corruptas. Una sólida decisión de cambio moral en la función pública es la condición para que estos instrumentos sean respetados y se continúen perfeccionando y aplicando.
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