Un apoyo improcedente al expresidente Lula
El pedido de liberación que firmaron dirigentes de nuestro país constituye una intromisión inaceptable en las decisiones judiciales de otra nación
1 minuto de lectura'
LA NACION
Resulta, cuando menos preocupante, la reciente declaración de algunos dirigentes políticos y sociales, de periodistas y actores de nuestro país en favor de la liberación del expresidente de Brasil Inacio Lula da Silva, condenado por corrupción y lavado de dinero.
Y es preocupante, en principio, por dos aspectos que no pueden soslayarse. El primero: que la Justicia brasileña ya se ha pronunciado en tres instancias en el primero de los juicios orales que enfrenta Lula, lo cual habla del grado de comprobación que existe sobre los actos ilícitos de los que se lo acusa. Y, en segundo término, porque entre quienes lo apoyan se encuentran dirigentes que deberían dar ejemplo de respeto por la independencia de poderes en otras naciones y -de más está decirlo- en la nuestra.
Que Alberto Fernández y Cristina Kirchner hayan suscripto esa nueva declaración de apoyo a Lula resulta por lo demás, inquietante. Ambos son candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, respectivamente, y acaban de mostrar un poderío electoral en las últimas PASO que debería llevarlos a extremar los cuidados respecto de la responsabilidad que les cabe sobre sus dichos y gestos públicos.
La propia expresidenta enfrenta en nuestro país múltiples procesamientos judiciales y dictados de prisión preventiva por delitos graves contra la administración pública. Alberto Fernández, en tanto, ha dicho que "algún día" varios de los magistrados que entienden en causas de corrupción protagonizadas por dirigentes kirchneristas "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". El tono amenazante de esas declaraciones adquiere todavía más envergadura por provenir de quienes provienen.
En opinión de muchos de los dirigentes locales que apoyan a Lula, este ha sido víctima de "una injusticia", de una "conspiración y persecución política, mediática y judicial que se da en todo el continente con los gobiernos que defienden los intereses populares". Los tildan de "presos políticos", buscando victimizarlos cuando, en rigor, se trata nada más y nada menos que de políticos presos por actos gravísimos cometidos contra los Estados.
El derrotero judicial del caso de Lula da Silva da muestras acabadas de esto que sostenemos. Fue condenado en 2017 en el contexto de la causa conocida como Lava Jato por Sergio Moro, entonces juez federal de la ciudad de Curitiba. Un año más tarde, ese fallo fue ratificado por el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que dispuso una pena de 12 años y un mes de prisión para el exmandatario. Luego de esas dos sentencias adversas a Lula, la Quinta Sala del Superior Tribunal de Justicia, en una tercera instancia y a pedido de la defensa del exmandatario, redujo la pena original a ocho años y poco más de diez meses, lo que permitiría que este pueda pasar a un régimen de reclusión semiabierto o a arresto domiciliario. Esta disposición del Superior Tribunal no implica que las sentencias de los tribunales inferiores hayan sido incorrectas, sino que responde a que, en Brasil, una vez cumplido 1/6 de la sentencia, los condenados tienen derecho a pedir la progresión de la pena. Por otra parte, esa causa es apenas una de las que enfrenta Lula, quien ya que se encuentra procesado en otras siete.
En la consideración de los firmantes de la declaración por la que se reclama su libertad figuran también varios gobernadores, como Alicia Kirchner, Alberto Rodríguez Saá, Domingo Peppo, Gerardo Zamora y Lucía Corpacci, y diputados y senadores de la actual oposición, tales como Agustín Rossi, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Daniel Scioli, Daniel Filmus, Leopoldo Moreau y Victoria Donda, entre muchos otros.
Intentar negar responsabilidad criminal a los políticos presos está en la esencia de quienes no son capaces de hacer ningún tipo de autocrítica, de aquellos que pretenden seguir fortaleciendo un relato que apunta a separar de sus puestos a los jueces que no fallan como ellos quieren, a amedrentar a posibles nuevos denunciantes y a acallar a quienes han dejado debida, sobrada y fundada constancia de los delitos en los que participaron en asociación con autoridades de gobierno.
Como ya hemos opinado desde estas columnas, la configuración de un "colectivo" de presos o perseguidos políticos no es inocente. Es el argumento que alientan quienes, a la espera de un eventual regreso al poder, fantasean muy probablemente con echar mano de una amnistía, un borrón y cuenta nueva, un acá no ha pasado nada.
En estos días en que se conmemoran en nuestro país los 25 años de la última reforma de la Constitución nacional, uno de cuyos muchos propósitos fue fortalecer la división de poderes, asegurar mayores controles y robustecer el federalismo, resulta tan lamentable como temerario que haya manifestaciones políticas contrarias a la buena salud institucional.
LA NACION
