Cooperativismo vs. relato
El rol de las cooperativas es importantísimo en tanto no se las utilice para el aprovechamiento de recursos públicos en beneficio de punteros o dirigentes políticos
7 minutos de lectura'
LA NACION
El Poder Ejecutivo Nacional persiste en fomentar planes o programas sociales dirigidos a lo que identifica como emprendimientos productivos y grupos asociativos, actividades de la economía social y popular, empresas recuperadas –y otras definiciones ideadas con el mismo cuestionable objetivo– bajo la forma de cooperativas de trabajo. Es decir, insiste en que el trabajo se generará a través de cooperativas promovidas desde el Estado.
En varias oportunidades, desde estas columnas, hemos destacado el importantísimo rol que cumplen esas valiosas estructuras en nuestra sociedad, siempre que no se las desvirtúe y no se pretenda utilizarlas como instrumentos para el aprovechamiento de recursos públicos en beneficio personal de punteros o dirigentes políticos o sociales.
La utilización de esa figura, al amparo de un relato que las considera como las únicas herramientas válidas para la “generación” de trabajo, así como merecedoras de beneficios en su relación con el Estado, resulta repudiable toda vez que sus integrantes, en la mayoría de los casos, se encuentran en un contexto de vulnerabilidad social. Pues esta es la condición que imponen los diferentes estamentos del Poder Ejecutivo para asistir económicamente a tales entidades.
Repugna que se valgan de quienes más lo necesitan, en beneficio de unos pocos. Así ha ocurrido en numerosos casos a lo largo de la historia reciente.
Si hay algo que se opone a las ideas de los regímenes totalitarios es el cooperativismo, ya que propicia el debate de ideas y la participación; aspectos que detestan los autócratas
Las cooperativas son personas jurídicas que nacen ante la necesidad que tienen los individuos de asociarse para satisfacer colectivamente sus necesidades. Son entidades esencialmente democráticas. Los emprendimientos cooperativos pueden darse en el campo de la producción, del trabajo, de los servicios públicos, del crédito, del consumo, de los seguros y de la salud, entre otros.
Cuando la decisión de constituir una cooperativa se toma desde el Estado, se invierte el devenir natural de estas estructuras. Cuando desde el Estado se propone que los planes sociales se transformen en una “fuente” de trabajo, pero se pretende generarlo a través de las cooperativas, promovidas y constituidas desde el mismo Estado, su fin se trastoca, ya que serán ellas mismas las destinatarias y administradoras de los programas sociales que anteriormente recibían de manera directa sus beneficiarios.
Ya hemos vivido la experiencia de programas sociales utilizados para la construcción, compra de materiales, herramientas y otros insumos que devinieron en situaciones escandalosas. Baste recordar el nefasto caso de Milagro Sala en la provincia de Jujuy constituyendo cooperativas en tiempo récord para recibir recursos del Estado y el de supuestos cooperativistas que retiraban ingentes sumas de dinero en efectivo de entidades bancarias.
Lo más saludable sería que la cobertura social del Estado transite sus carriles y que, para la generación de trabajo, fomentemos una legislación y un control adecuado del empleo genuino.
En los hechos, es muy común observar cómo se promueve el desarrollo del sector cooperativo enfrentándolo al capitalismo o a las ideas liberales. Lamentablemente, se trata de otro falaz relato, de otra argucia ideológica sin más sustento que el de promover el enfrentamiento entre sectores de la sociedad. No existe motivo para pensar que las cooperativas y otras entidades asociativas no puedan desarrollar todo su potencial en un entorno de libertad económica como el que impera en los países más avanzados. Más allá de la teoría, la práctica nos muestra que las entidades asociativas más avanzadas se encuentran en los países con economías más abiertas, tal como quedó demostrado al producirse la caída del Muro de Berlín y la posterior reunificación de Alemania: las cooperativas más desarrolladas se encontraban del lado occidental, no del socialista.
Contrariamente a lo que muchos creen, el sistema de entidades asociativas no es socialista por definición. Son en sí mismas solo una forma más de organización societaria, tan válida como cualquier otra, pero que requiere que sea conformada y conducida por personas que respeten su espíritu y sus normas y no que se aprovechen del resto de sus socios y de la comunidad en general, por los beneficios impositivos que este tipo de entidades conllevan en nuestro país.
Un claro ejemplo de las bondades de este sistema societario se da en las cooperativas de productores agropecuarios. Claramente, la organización en cooperativas ha permitido a muchos productores obtener una escala suficiente como para poder competir con empresas, típicamente sociedades anónimas, permitiéndoles dar pelea en un mercado altamente competitivo. Lo que en las sociedades comerciales es la fusión y compra de empresas, entre los pequeños productores es la organización en cooperativas, con sus respectivas federaciones y confederaciones. El concepto es el mismo: sumar masa crítica para competir. Solo es distinto el vehículo jurídico. Es decir que el sistema asociativo es complementario del sistema de sociedades comerciales, no opuesto.
Otro ejemplo es el desarrollo que tienen en nuestro país las cooperativas de servicios públicos. Allí donde ni el capital privado ni el Estado fueron a prestar el servicio, el sistema cooperativo permitió a los habitantes de muchas zonas organizarse para darse ellos mismos lo que necesitaban (agua, electricidad, telefonía, entre otros). Con el devenir del tiempo, algunas de esas cooperativas compiten de igual a igual con las empresas comerciales.
Si hay algo que claramente se opone a las ideas de los regímenes totalitarios es el cooperativismo, puesto que en este tipo de organizaciones lo que reina, o debería reinar en todos los casos, es el debate de ideas y opiniones y la participación democrática de sus integrantes, algo que aquellos regímenes temen y rechazan por naturaleza. Ese sano espíritu democrático es el que brilla por su ausencia en pseudocooperativas manejadas por movimientos sociales o referentes políticos, que muy lejos están de respetar la dignidad de sus integrantes.
Lamentablemente, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se apropiaron, entre tantas otras cosas, del cooperativismo, en particular del cooperativismo de trabajo. Ante la falta de generación de un marco legal y económico que permitiera el desarrollo razonable del capital privado, con la consecuente generación de empleo, armaron otro conveniente relato para intentar convencer de que el desarrollo debía venir, casi exclusivamente, de la organización de los trabajadores en “cooperativas” de trabajo dependientes de estamentos de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales incorporándolos a la escena política para cosechar votantes y a la burocracia del Estado aumentando el gasto
Artificiosamente volvían a oponer ambos sistemas. Ante la falta de creación de empleo privado, una vez agotada la recuperación posterior a la crisis de 2001, no fueron más que una tramposa forma de engrosar la nómina de empleados públicos, sin pagar las cargas sociales y aumentando los sectores dependientes de la dádiva estatal.
Esto pone claramente de relieve que, desde el Gobierno y en forma engañosa, se fomentó la creación de este tipo de entidades que en nada respondían a la libre elección de los supuestos cooperativistas.
Lo ocurrido entre 2003 y 2015 confirma que no se puede imponer desde el Estado un modelo de organización societaria en función de un relato político partidario. Este proceso, desgraciadamente, no fue gratuito para el sistema de las entidades asociativas. Hoy, al menos en los grandes centros urbanos, el imaginario popular asocia el cooperativismo con entidades que viven de los recursos económicos que aporta el Estado, algunas de las cuales formaron parte, incluso, de resonados casos de corrupción.
Tipo de trabajo:
opinión
