Un golpe a la cultura de la dádiva

Entre los mensajes más profundos que dejó el resultado de las recientes elecciones nacionales legislativas, es destacable el mayoritario rechazo suscitado por el oficialismo, tan ligado a a una anquilosada cultura de la dádiva y la compra de votos.

Las prácticas clientelistas, asociadas a la búsqueda de beneficios electorales son una añeja tradición en no pocos distritos del país. Provincias con regímenes semifeudales, como Formosa, San Luis y Santiago del Estero abundan en ejemplos desde hace muchos años, aunque no son los únicos casos.

Entre los tristes recuerdos de los últimos años se encuentra el accionar de la agrupación Tupac Amaru, liderada en Jujuy por Milagro Sala, que utilizaba fondos del Estado nacional y provincial para la construcción de viviendas sociales que eran prometidas a cambio de votos o del compromiso militante. También, el escandaloso reparto de pensiones por invalidez a un porcentaje de la población activa que insólitamente alcanzaba al 35% en distritos como Chaco, Formosa y Santiago del Estero. O la llamativa “hazaña” del gobierno de los Rodríguez Saá para dar vuelta un resultado adverso de las PASO de 2017 en San Luis, mediante la multiplicación del gasto público y de beneficios sociales.

Lamentablemente, el tiempo pasa y las mañas persisten, con intenciones que en muchos casos apuntan lisa y llanamente a la compra de votos y al fraude electoral. La desesperación de la coalición gobernante por revertir el negativo resultado de las PASO del 12 de septiembre llevó a muchos de sus líderes provinciales y locales a refugiarse, con el aval del propio gobierno nacional, en las prácticas populistas y de intercambio directo de dinero o favores políticos por votos o muestras de lealtad partidaria.

Horas antes de las elecciones de anteayer, trabajadores municipales de Clorinda, Formosa, fueron filmados cuando construían un puente clandestino sobre el río Pilcomayo, en el límite con Paraguay. Según una denuncia presentada ante la Justicia, esta maniobra ilegal se vincula con una vieja práctica del gobierno de Gildo Insfrán, para que ciudadanos paraguayos con documentación argentina crucen la frontera para venir a votar, a cambio de un premio económico o el beneficio de planes sociales solventados con fondos públicos.

El senador radical formoseño Luis Naidenoff denunció que son más de 20 mil los ciudadanos paraguayos con doble documentación y que muchos de ellos son traídos a través de pasos fronterizos ilegales por el gobierno provincial para desnivelar los resultados electorales a su favor.

En provincias con altísimos porcentajes de empleo público, a maniobras como esa se suma una política tendiente a infundir el miedo desde lo más alto del poder entre quienes osen cuestionar al gobierno de Insfrán o incluso exhibir simpatías por representantes de fuerzas

políticas opositoras. El diputado electo Facundo Manes denunció días atrás un caso de persecución política, a partir del despido de un empleado del Hospital Central de Formosa por el hecho de que su padre se tomara una fotografía con el entonces candidato de Juntos por el Cambio y la subiera a las redes sociales.

En Chaco, el gobernador Jorge Capitanich mereció severas críticas por la realización de un acto público en Charata, en el que inauguró una canilla. hecho que presentó como el primer tramo de una red de agua potable, aunque se comprobó que la obra no estaba terminada y que ese pueblo carecía aún de aquel insumo básico, al igual que muchas localidades chaqueñas.

En su afán por revertir el adverso resultado de las primarias abiertas, el gobierno de La Pampa, que encabeza Sergio Ziliotto, decidió otorgar subsidios de 5000 a 10.000 pesos a todas aquellas personas que tuvieran deudas por el pago de servicios públicos, en otra maniobra electoralista que, por lo visto, no le alcanzó para dar vuelta la elección en favor del Frente de Todos. El oficialismo, finalmente, perdió allí una preciada banca de senador nacional.

Del mismo modo, el reparto de electrodomésticos –heladeras, cocinas y lavarropas– que se llevó a cabo en distintos partidos del Gran Buenos Aires con un claro fin electoralista tampoco arrojó buenos resultados para el oficialismo. El cuantioso dispendio de fondos públicos para el clientelismo electoral, graficado en el “plan platita”, como lo bautizó el futuro diputado del Frente de Todos Daniel Gollán, no le alcanzó al kirchnerismo aunque sí le sirvió para aumentar el caudal de adhesiones respecto de las PASO bonaerenses, dando el triunfo nuevamente a la oposición pero achicando el margen.

Si bien la acción clientelista arroja los resultados que sus cultores esperaban en provincias como Formosa o Chaco, su fracaso en la mayor parte del país es una señal de que el paradigma de la cultura de la dádiva y la compra de voluntades empieza a perder apoyo hasta en los sectores más humildes de la población, aquellos que siguen siendo usados por parte de la dirigencia política como carne de cañón para la obtención de votos. Se trata de un cambio esperanzador, que da cuenta de la importancia de avanzar hacia el reemplazo de esas corruptas prácticas por una cultura sustentada en el trabajo.