Un Servicio Penitenciario al servicio del narcocrimen

Duele comprobar que la Argentina se está convirtiendo en un paraíso para el narcocrimen. Pero más doloroso aún es que quienes tienen hoy el deber de gobernar hagan hasta lo imposible por seguir garantizando la libertad de movimientos de jefes del narcotráfico, en lugar de velar por la seguridad de la población.

Lo dicho no requiere mayores pruebas cuando ha tomado estado público que una enorme parte de los graves delitos registrados en Rosario, y que se han cobrado la vida de numerosas personas inocentes, incluidos niños, han sido ordenados desde las cárceles en las que se alojan reconocidos líderes de peligrosas bandas vinculadas al narcocrimen.

Se trata de unidades penitenciarias donde los presos pueden utilizar teléfonos celulares y estar conectados por WiFi con sospechosa libertad. Algunos de esos dispositivos les son vendidos por personal del propio Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo que, por si fuera poco, vio desmantelada la oficina de inteligencia criminal en las cárceles, por lo que perdió toda posibilidad de controlar conversaciones telefónicas entre los jefes del narcotráfico detenidos.

Las autoridades nacionales y los responsables de este verdadero disparate deben hacerse responsables.

Recientemente, la Procuración General de la Nación exhortó al impresentable ministro de Justicia, Martín Soria, para que se extremen los recaudos tendientes a erradicar el uso de teléfonos celulares por detenidos en las unidades penales federales, a colocar inhibidores de señales en los pabellones carcelarios y a cumplir la ley que, desde 2017, prohíbe que los presos tengan celulares en su poder.

Sin duda, alguien debe hacerse responsable. Principalmente, funcionarios como la titular del SPF, María Laura Garrigós de Rébori, más preocupados por concederles los beneficios de la prisión domiciliaria a peligrosos delincuentes con el pretexto de que se debe superar el problema de la superpoblación carcelaria.

El kirchnerismo no puede eludir su responsabilidad en el crecimiento de la narcoviolencia

Jubilada en 2018 después de una larga carrera en el Poder Judicial, donde llegó a ser jueza de la Cámara Nacional de Casación, y tras su paso por la presidencia de la agrupación Justicia Legítima, afín al kirchnerismo, Garrigós de Rébori se incorporó al Instituto Patria, fundación política que responde a Cristina Kirchner, donde se ocupó de la coordinación del equipo de administración de Justicia.

En 2020, fue nombrada por el presidente Alberto Fernández como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y como interventora del SPF, cargo que insólitamente ocupa hasta hoy.

Como militante en la agrupación Justicia Legítima, Garrigós de Rébori fue una tenaz defensora del proyecto de reforma judicial que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner. Llegó a sostener la necesidad de que “a los jueces se los pueda controlar y puedan rendir cuentas de su gestión” como magistrados. Consideró en aquel momento que había que “abrir la corporación para ver cómo es por dentro” .

Ya desde su cargo como responsable del SPF, disolvió el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), que había creado su antecesor, Emiliano Blanco, por recomendación de la ONU. Garrigós de Rébori también suprimió la dirección de inteligencia del servicio penitenciario.

Con la pandemia de coronavirus, además de concederse las prisiones domiciliarias de no pocos presos peligrosos para la sociedad, los servicios penitenciarios bonaerense y de otras provincias permitieron el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles, para que los detenidos pudiesen estar en contacto más asiduo con sus familiares. Pero esta medida no fue admitida por el SPF, por lo que los celulares que están siendo empleados en las cárceles federales por los presos han ingresado en forma ilegal, merced a la complicidad de los agentes y al relajamiento de los controles.

La razón de la histórica falta de convicción de los gobiernos a la hora de enfrentar el problema que plantean la inseguridad y, más recientemente, el narcoterrorismo que castiga a una zona cada vez más amplia de nuestra geografía, puede pasar por simple incapacidad, prejuicios ideológicos o complicidad.

Si bien es factible que el dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado haya infectado las arcas de parte de la dirigencia política, al igual que de las fuerzas policiales y de no pocos miembros del Poder Judicial, es indudable que, por el hecho de haber gobernado durante 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo no está en condiciones de eludir su responsabilidad en el crecimiento de la narcoviolencia. Es indispensable que quienes hoy se hallan al frente de áreas tan sensibles del gobierno tengan la dignidad de reconocer sus errores y presenten su renuncia.

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