El drama de no tener luz
La solución de los problemas energéticos, como los sufridos ante la ola de calor, no llegará con nuevas estatizaciones ni con más intervencionismo
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LA NACION
A merced de La Niña, una ola de calor con valores de temperatura récord a lo largo de más de 15 días volvió a poner en evidencia las enormes falencias estructurales del sistema eléctrico. Máximas históricas con sensación térmica por encima de los 42°C y sin los acostumbrados descensos por las noches elevaron la demanda, y las sobreexigidas redes de suministro quedaron sin margen para refrigerarse, presentando fallas de todo tipo que condujeron a la interrupción del servicio en más de 166.000 hogares.
Actividades escolares interrumpidas por falta de luz y de agua, comerciantes que perdieron la posibilidad de trabajar junto con los valiosos contenidos de sus heladeras, adultos mayores y niños expuestos a condiciones insalubres, drásticos cambios de hábitos de higiene y de sueño, mudanzas enteras, agravamiento de la inseguridad, semáforos fuera de servicio y caos de tránsito vehicular fueron solo algunas de las consecuencias que se hicieron sentir. Se suma que las intermitencias en la tensión destruyen heladeras, televisores y bombas, entre otros equipamientos que muchos no podrán reponer por largo tiempo.
Sin respuestas, las protestas callejeras no tardaron en llegar, en algunos casos con cortes de calles y quema de neumáticos y maderas por vecinos indignados. La falta de empatía y sensibilidad con los afectados fue total. No hubo provisión de generadores. Tampoco de agua, a excepción de alguna botellita entregada a ciertos alumnos por el gobierno porteño. Nadie se ocupó de atender las dramáticas demandas de los más necesitados, como ancianos y niños, ni hubo postas sanitarias.
Según reportó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dependiente del Ministerio de Economía, la gran mayoría de los afectados corresponden al área de cobertura de Edesur, responsable de un sector del distrito porteño y de 12 municipios del sur del conurbano bonaerense.
Días atrás, la Secretaría de Energía dio instrucciones al ENRE para que presente una denuncia penal contra el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. Y anoche, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención administrativa de Edesur por 180 días y que se pondrá al frente de la fiscalización y control de la empresa al intendente kirchnerista de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Cabe señalar que la firma italiana Enel, a cargo de la mayoría del paquete accionario de la concesión de Edesur, arrancaba este mes el proceso de venta de su activo en la Argentina, anunciado hace ya meses. Las razones son obvias: la compañía objeta la política tarifaria de la Casa Rosada y demanda previsibilidad y reglas claras. Así también, el Gobierno le exigió al ENRE que eleve un informe de estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de Servicios Públicos para analizar si corresponde dar por terminada la concesión.
Las nefastas experiencias con gobiernos kirchneristas conducen también a pensar que proyectos de estatización de empresas distribuidoras, como los que apoya Martín Insaurralde para Edesur junto con varios intendentes bonaerenses, alimentan los renovados sueños de numerosos empresarios cercanos al Gobierno. La “multifacética maquinaria de negocios” al amparo del devaluado superministro Massa fue descripta en una columna reciente de Carlos Pagni en LA NACION. Tampoco puede descartarse que la intervención de Edesur apunte a bajarle el precio a la empresa, para que termine en manos de amigos del Gobierno, como quienes hoy manejan Edenor.
Es necesario entender que el intervencionismo estatal, lejos de ser la solución, es una de las causas de la crisis energética que sufre la Argentina. Los gobiernos kirchneristas han venido alentando la demanda de energía mediante tarifas contenidas, al tiempo que han desalentado la oferta. Los controles de precios y tarifas constituyen una engañosa arma contra la inflación que terminan destruyendo la producción. No es ni más ni menos que lo está sucediendo en el sector energético.
El Estado no está capacitado para hacerse cargo de la empresa, como algunos dirigentes kirchneristas pretenden, ni el impresentable Ferraresi es el funcionario apropiado para administrar la compañía. Será peor el remedio que la enfermedad.
Retomar seriamente la senda de la regularización tarifaria, facilitando la concreción de inversiones impostergables para el mantenimiento del servicio, es solo una de las condiciones para salir del atolladero. Las demás están ligadas al escenario económico local, que debe revertirse para generar confianza fijando reglas de juego claras que garanticen la seguridad jurídica y la autonomía de los entes de contralor. Mientras eso no ocurra, el futuro solo seguirá teniendo un oscuro pronóstico.
LA NACION
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opinión
