Una enorme deuda social

En plena campaña electoral, con vistas a las PASO del 11 del mes próximo, el presidente Macri honró en la Casa Rosada a personal de las fuerzas de seguridad caído en cumplimiento del deber. Su actitud es encomiable: quebró con valentía el ominoso silencio que se extiende al respecto en franjas de la sociedad.

Tras aquella lucha antisubversiva a la que el terrorismo de izquierda arrastró a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la condena política y social del terrorismo de Estado llegó al extremo de una punición desvalorizante del papel insustituible de estas instituciones para la República. De modo que ha hecho bien el Presidente, y lo ha hecho con coraje civil, al asumir como responsabilidad propia el dejar constancia de gratitud hacia quienes dan la vida por sus compatriotas. Como los liderazgos mejor ejercidos son los que contribuyen a superar las divisiones y los rencores del pasado, correspondería, por lo menos, que hicieran otro tanto los integrantes del Congreso Nacional y los candidatos a asumir la conducción de los destinos del país.

Se ha sembrado muchas veces con aviesa intención una confusión generalizada y la demagogia de quienes han pretendido escribir una redituable y absurda historia de los años 70 ha ocultado con rencorosa eficacia datos sin los cuales no se entendería lo que pasó. Primero, que el propio presidente Perón prometió en enero de 1974, después del ataque sangriento a un cuartel militar de Azul, el exterminio de la guerrilla. Y, segundo, que a mediados de 1975, durante el gobierno de su mujer, María Estela Martínez, ella misma dispuso el aniquilamiento de quienes mataban, secuestraban y robaban en pos de la conquista última del poder.

En la elaboración del retorcido relato de lo ocurrido décadas atrás se ha embarullado maliciosamente todo. Se ha llevado detallado recuento de la cantidad de ciudadanos del común abatidos, pero con negación deliberada de cuántos entre esos ciudadanos habían sido en realidad delincuentes sorprendidos in fraganti en la comisión de delitos, callando además respecto del alto número de bajas habidas entre las fuerzas de seguridad desde 2003 hasta la fecha.

"¿Cómo se puede vivir en una Argentina más segura si no cuidamos a quienes nos cuidan?", reflexionó el Presidente. Sobre un registro parcial de lo sucedido en la última década, entre enero de 2010 y agosto de 2018 delincuentes comunes mataron a 42 policías en el territorio nacional. Solo entre enero y julio de 2018 se produjo la muerte en situaciones de violencia callejera de 7 efectivos bonaerenses.

Ante deudos de policías, gendarmes, prefectos y agentes de la policía aeronáutica, Macri exaltó la valentía que se requiere para decir presente cuando se convoca a los servidores públicos, por ejemplo, para entrar en búnkeres de la droga o de trata, entre otros peligrosos reductos. O para enfrentarse, incluso cuerpo a cuerpo, con delincuentes armados y custodiar calles.

Hay un abismo entre los destinatarios de las elogiosas palabras presidenciales y el engendro del Vatayón Militante, que el anterior gobierno sacó a la calle abrevando en la marginalidad carcelaria. O entre la honra de la que ha dejado constancia el Presidente y la complicidad activa con supuestos líderes sociales que son la encarnación viva de la invitación a la violencia, sobre todo entre los más pobres.

Cuando la inseguridad golpea con violencia, son precisamente los más humildes quienes más sufren, por su propia condición de mayor vulnerabilidad. Lejos de propiciar el llamado "gatillo fácil" o cualquier otra forma de indebido avasallamiento de unos contra otros, proponemos revisar los vínculos ciudadanos con los encargados de la seguridad y el orden. Continuar hablando del "aparato represivo estatal" es confirmar que poco hemos aprendido de la historia o que escudarse detrás de conceptos equivocados ha demostrado, hasta aquí, ser un buen salvoconducto para violar las normas.

LA NACION

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