Urge un plan contra la inseguridad
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LA NACION
Es necesario planificar con la debida antelación las acciones tendientes a contener el agravamiento del delito, como producto de la profunda crisis socioeconómica
Las advertencias sobre un aumento de los delitos que hicieron actores centrales del kirchnerismo, como Sergio Berni y María Laura Garrigós de Rébori, obligan a exigir que se expliciten políticas para evitar un desmadre aún mayor de violencia en el conurbano bonaerense, que naturalmente se extenderá a la ciudad de Buenos Aires.
No son voces opositoras al Gobierno las que alertan sobre un brote de criminalidad mayor del que ya asistimos y que podría agravarse una vez que la extensa cuarentena termine. Algo así ya ocurre en ciudades como Rosario, donde se retomaron algunas rutinas, con un agravamiento del delito común, al que se suma el del narcotráfico. Esos mensajes alarmistas provienen del propio riñón kirchnerista o, más específicamente, cristinista. Los encarnan un impulsivo y efectista ministro de Seguridad bonaerense y la fundadora de la agrupación Justicia Legítima, actualmente interventora nada menos que en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
A ello se suma la irresponsable contribución a la inseguridad que implicó la liberación de convictos realizada so pretexto de la pandemia. Con el aval del propio presidente de la Nación, presos por delitos comunes, violadores y asesinos se vieron beneficiados por una decisión tan arbitraria como peligrosa para la sociedad en su conjunto.
Más allá de esas advertencias lanzadas mediáticamente, quienes nos gobiernan deberían delinear un plan de seguridad de implementación inmediata que permita también ir previendo con alguna efectividad el tiempo difícil de la poscuarentena.
Un rápido repaso es útil para tomar dimensión del escenario inquietante que prevén estos funcionarios en materia de seguridad. Cuando fue oficializada como interventora en el SPF, la excamarista Garrigós de Rébori brindó una entrevista radial en la que anticipó: "El día que salgamos de la cuarentena, es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad por la situación económica. Todas las crisis a lo largo de la historia produjeron esto", dijo la expresidenta de Justicia Legítima, la activa agrupación judicial kirchnerista que respaldó el fracasado proyecto de "democratización de la Justicia".
Berni también aportó lo suyo. "Se espera un aumento de los delitos a la propiedad privada por la pandemia. Negar eso es no entender la realidad", afirmó. Y el miércoles pasado, tras su show en Puente La Noria, en el primer día del regreso a la cuarentena estricta, hizo declaraciones televisivas en las que ya no se refirió a delitos futuros, sino que marcó el actual recrudecimiento al que con lógica preocupación asistimos. "Por primera vez estamos deteniendo a gente que tenía su historial limpio, que comete delitos de supervivencia", señaló públicamente. Y recalcó que esta etapa de la cuarentena no es "el último esfuerzo. Se trata –dijo– del primero de todos los esfuerzos que tenemos que hacer, porque después de la pandemia vamos a tener que poner un país de pie".
En el conurbano, territorio que debe controlar el locuaz ministro con la policía bonaerense, la situación es muy grave. En los primeros 21 días de junio ya se habían registrado 40 homicidios en la provincia de Buenos Aires, 26 de los cuales tuvieron lugar en distritos del conurbano, con Merlo y Moreno como escenarios principales, según dimos cuenta desde nuestras páginas.
El peso de los intendentes del Gran Buenos Aires es clave en la política bonaerense. Son los primeros en reprochar al gobernador de turno la falta de patrulleros y de efectivos cuando algún caso conmocionante estalla en sus distritos y los pone bajo los focos de la prensa como consecuencia de la indignación vecinal. A los jefes comunales los inquieta mucho más una marcha en reclamo de seguridad que el pirotécnico enfrentamiento entre Berni y su par nacional, Sabina Frederic. Este cortocircuito impacta en los intendentes solo cuando tiene consecuencias sobre el envío a sus distritos de efectivos federales que están bajo el mando de la ministra de Seguridad nacional. La Gendarmería es una fuerza con presencia en muchos partidos bonaerenses, bien vista por los vecinos y necesaria para los jefes comunales a la hora de mostrar despliegue en un territorio caliente.
Uno de los pocos "barones del conurbano" que queda en pie, el intendente peronista de José C. Paz, Mario Ishii, fue crudo al describir el clima callejero. "La gente sale porque está enojada. En este último mes se ve mucha más delincuencia. Reaparecieron los motochorros, que no los teníamos aquí. En José C. Paz no se robaron nunca bancos y hoy hay operativos de veinte o treinta motos con gente armada", dijo durante una entrevista.
La sobreabundancia de armas en manos de particulares es, precisamente, uno de los mayores problemas. La toma de terrenos, delito frecuente en algunos puntos del conurbano, también resulta particularmente sensible para los jefes comunales. En La Matanza y en José C. Paz se registraron intentos de usurpación el mes pasado.
Si el escenario se desmadra, como advierten Garrigós de Rébori y Berni, entre otros, el primer destinatario de los pedidos de los intendentes será el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Los harán más públicos o más reservados de acuerdo con sus alineamientos políticos, pero sin dudas existirán. Sabido es que el vínculo de varios intendentes peronistas con el gobernador no es del todo aceitado, una realidad que también puso en pausa la pandemia del Covid-19.
Con el conurbano todavía más expuesto al delito en la poscuarentena, Kicillof quedará en medio de una situación incómoda. Deberá satisfacer los reclamos de los intendentes y, al mismo tiempo, intentar domar a Berni, su ministro de más alto perfil.
Así como no se puede negar el derrumbe de la actividad económica, la pandemia y su emergencia sanitaria, tampoco se puede ocultar el avance del delito, menos aún el agravamiento que anticipan tan conspicuos funcionarios kirchneristas. Debemos intentar evitar que la salida de la pandemia se dé combinada con un desborde incontrolable de la criminalidad, a raíz de la sostenida parálisis económica.
Los funcionarios tienen la obligación de preparar anticipadamente un plan para enfrentar el violento futuro que en materia de seguridad ellos mismos vislumbran. Cuando no van acompañados de un plan concreto de acción, los discursos tremendistas solo suman preocupación a una población angustiada, cansada y deseosa de poder volver a salir a la calle sin arriesgar su vida. Urge establecer frenos y acciones para contener ya mismo el agravamiento del delito. La planificación en este terreno es impostergable y la ciudadanía aguarda de sus gobernantes que actúen con la responsabilidad y seriedad que la situación demanda. No hay espacio ni tiempo para especulaciones políticas, cualquier desmadre en este delicado terreno abrirá un camino de difícil retorno.
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