EL presidente de Francia, Emmanuel Macron, pretende que Europa y los Estados Unidos entreguen de manera urgente un porcentaje de sus vacunas a los países más pobres. El Reino Unido se comprometió a donar todas las dosis sobrantes del proceso de vacunación una vez que termine en el propio territorio. A ambas iniciativas se suma la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a propósito de un financiamiento de 4000 millones de dólares para el Covax, el mecanismo de adquisición y distribución global de vacunas a los países más necesitados, de la Organización Mundial de la Salud.
La pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y amenaza la vida de sus habitantes. Enfrentarla depende de cada nación. No hay un camino único, cada país tiene el suyo, con diversos actores que responden a diferentes políticas: económicas, científicas, sociales y de acceso a la salud. De allí la complejidad de analizar cada caso. Sin embargo, hay un punto que ha dado lugar a razonamientos e interpretaciones no del todo claras y muchas veces erróneas. Nos referimos a las patentes.
El derecho del titular de una patente no es absoluto. Una pandemia como la actual, que afecta a la salud mundial, constituye una de las excepciones que permite limitar dicho derecho a través de las llamadas “licencias obligatorias”. Por ellas, los Estados pueden determinar el uso de una patente sin autorización de su titular, por parte del propio Estado o de terceros autorizados por este, en casos de emergencia nacional u otra circunstancia de extrema urgencia.
En última instancia, la responsabilidad última en la salud es competencia de los Estados, que deben buscar precios accesibles y eficiencia en la distribución.
