Venezuela: represión y torturas
LA NACION
Los últimos informes de organismos nacionales e internacionales sobre ejecuciones, violaciones, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro han sido demoledores. Lamentablemente, estos delitos son prácticas sistemáticas en ese régimen.
Según el informe anual de la organización no gubernamental Provea, en los primeros diez años del gobierno de Maduro, las fuerzas de seguridad asesinaron a 10.085 personas, 1652 fueron víctimas de torturas y 7309 sufrieron tratos crueles o degradantes. En 2023, la organización documentó 53 víctimas de torturas y, por primera vez, el número de mujeres casi duplicó al de hombres: 35 contra 18.
En ese estudio, titulado “Maduro: una década oscura para los derechos humanos en Venezuela”, Provea reveló que la inmensa mayoría de los casos de abuso policial continúan sin ser investigados. Buena parte de ellos conforman el dossier de la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre las aberraciones cometidas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al Estado de Venezuela de violar sistemáticamente los derechos humanos con la finalidad de desalentar la participación política en vistas de las próximas elecciones.
La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 418 ataques e incidentes contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024, un 85% más con respecto al mismo período de 2023. De esos casos, 301 fueron por estigmatización; 62, por intimidación y hostigamiento, y hubo 45 de amenazas, entre otros.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas registró un alarmante aumento en estas nefastas prácticas y precisó que las personas desaparecidas son tanto integrantes del principal partido político de la oposición como militares. Ante la proximidad de las elecciones presidenciales de julio, se observa también una serie de medidas de gobierno tendientes a obstaculizar el derecho de la población a votar libremente.
Todo lo anterior deja en claro que las violaciones no responden a excepciones o desviaciones de los cuerpos de seguridad o de sus miembros; por el contrario, son parte de una estrategia integral para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad en un clima de total impunidad cuya responsabilidad llega hasta la cúpula del poder. Maduro controla el Estado y evita sanciones penales contra su aparato represivo.
Las libertades fundamentales de expresión, participación política y acceso a la información han sido socavadas de manera constante, dejando a la población vulnerable y sin voz.
Ante la clara posibilidad de que en comicios libres perdería estrepitosamente, Maduro no solo se ha dedicado a bloquear candidaturas y a dividir a la oposición, sino también a incrementar brutalmente la represión.
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