La estabilidad fiscal está de moda
Que el orden macroeconómico es una condición necesaria para el desarrollo es algo que hasta el llamado peronismo federal acaba de reconocer
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Es un fenómeno sorprendente, pues ahora hasta el peronismo ha tomado nota de que la población desea mantener el valor de la moneda y dejar atrás la inflación. No es para menos. La evidencia de los últimos años es contundente. En 2019, al día siguiente de que Alberto Fernández ganara las PASO con el 47,78% frente al 31,79% de Mauricio Macri, el S&P Merval cayó el 37,9% en pesos y el 48% en dólares, mientras los ADRs argentinos se derrumbaron hasta el 59%. En 2025, cuando Fuerza Patria ganó ampliamente las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los bonos cayeron hasta el 9% y se disparó el riesgo país. Por contraste, cuando La Libertad Avanza (LLA) revirtió el resultado en las legislativas nacionales de octubre, los activos argentinos se recuperaron con fuerza. Esa experiencia fue tan traumática que aún se refleja en el índice de riesgo país, penúltimo de América Latina, solo superior a Venezuela, pues el temor de que se repita en 2027 es difícil de superar.
Para recuperar a su electorado y aventar su mala imagen, el denominado “peronismo federal” se reunió el pasado 1° de mayo bajo la consigna “Primero las Ideas” y elaboró un documento que afirma, como primer punto, que “sin orden macroeconómico no hay desarrollo sostenible para el país”. Dejando a salvo que se trata de una “condición necesaria pero no suficiente”. En esa salvedad quedó el huevo de la misma serpiente que, desde 1946, envenenó a nuestro país cuando se estatizó el Banco Central.
Ahora que la inflación ha descendido desde el 211% en 2023 al 30%, algunos creen que basta con mantener las cuentas públicas en orden, como si fuera una simple cuestión de gestión económica, similar a bajar la tasa de interés, subir aranceles o subsidiar la energía. Y no es así. Desde 1900 la Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 126 años sufriendo 22 crisis económicas que forzaron nueve defaults (incluyendo el mayor del mundo en 2001) y siempre por causas fiscales. Un argentino de 56 años vivió cinco crisis estructurales con disrupciones institucionales: 1975, 1982, 1989, 1990, 2001. Y tres coyunturales profundas en 1995, 2009 y 2018. Desde 1956 hubo 24 acuerdos con el FMI y todos fueron repudiados por implicar ajustes del gasto estatal. Como consecuencia, desde 1970 se quitaron 13 ceros al peso y se sufrieron dos hiperinflaciones cuyas heridas todavía duelen. Por eso, la Argentina carece de moneda como medida de valor y para ahorro de las familias. Vive al borde de otra crisis.
El gasto público no solo refleja las prioridades de una sociedad para atender necesidades colectivas, sino que también es campo de batalla por obtener empleos, contratos, subsidios u otros ingresos por fuera del mercado y a través de decisiones políticas. El prontuario de desatinos enumerado arriba es un síntoma grave de un problema profundo, consolidado por un sistema de ideas y creencias de nuestro ser nacional. Si nunca pudo ser corregido en años, se trata de una cuestión estructural que modela la distribución del ingreso de los argentinos, sus trabajos, sus quehaceres grandes y sus desvelos pequeños. Cualquier intento de austeridad implica alteraciones tan profundas de los devenires cotidianos y la afectación de intereses tan arraigados, que es imposible el éxito sin superar rechazos y abucheos.
Para evitarlos, los programas de estabilización nunca redujeron de verdad las causas de los gastos, sino que congelaron gastos corrientes (como salarios y jubilaciones) y se focalizaron en aumentar ingresos para cubrir los déficits. Las huellas de esos malabares fiscales se reflejan en la estructura impositiva distorsionada que caracteriza a nuestro país, con retenciones al campo, los impuestos al cheque, a los bienes personales e ingresos brutos y las múltiples tasas municipales que traban la producción. En 2023 la presión fiscal de la Argentina era del 27,9% del PBI sobre quienes tributaban, por la enorme evasión del resto y a pesar de eso, el déficit alcanzó casi el 3% del PBI. En 2025 se redujo a 21,9%, la más baja en 19 años, con equilibrio fiscal. Aun así, las industrias sufren ese “costo argentino” que les impide tener una “cancha nivelada” para competir con las importaciones. Para protegerlas, se adoptó un modelo de economía cerrada con elevados costos unitarios (incluyendo la presión fiscal) e incapaz de generar divisas, que muestra sus falencias al momento de integrarse al mundo. Por ello, el equilibrio fiscal debe acompañarse de reformas estructurales (función del ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger) para que la competitividad productiva pueda sostenerlo de forma genuina y creciente.
Es la primera vez que la Argentina encara a fondo su mayor dolencia, pues es la primera vez que un economista ha sido ungido presidente. En el pasado, muchos buenos consejos del Palacio de Hacienda fueron desoídos por la Casa Rosada para no torcer antiguas consignas o desilusionar a bases históricas. Ahora la decisión de equilibrar las cuentas proviene de quien ejerce la primera magistratura y no es solo una carpeta con buenas intenciones. El “Diario de una temporada en el Quinto Piso” (Juan Carlos Torre, 2022) con las desventuras del equipo económico que diseñó el Plan Austral es ilustrativo. Impedido de reducir el gasto estatal, privatizar empresas y realizar reformas por la vieja guardia radical, Juan Sourrouille se sentía aislado e impotente. Raúl Alfonsín lo apoyaba en privado, pero carecía de convicciones para contener los desbordes del ala política que espiralizaron la carrera de precios y salarios. Y al final, debió renunciar.
Todas las partidas del presupuesto reflejan finalidades plausibles y por algo fueron votadas por mayorías legislativas. La educación, la salud, la justicia, la seguridad como acápites mayores y una multiplicidad de necesidades específicas, cuya satisfacción es siempre prioritaria. “Por cada necesidad, un derecho”, aun sin financiación. Las discapacidades, la tercera edad, los subsidios tarifarios, los trenes y los colectivos, la investigación científica, las universidades, el cine, los medios públicos y, por supuesto, la infraestructura insuficiente por todo el país. Cualquier recorte en una partida repercute en otra, como la sábana corta. Pero detrás de esos fines encomiables, hay costos redundantes y capas geológicas que se resisten, más allá de la corrupción que sustrae fondos masivos a los bolsillos familiares.
La estabilidad está de moda, pero el costo de lograrla, no lo está. Las marchas, las cautelares, los cortes de rutas, las pancartas, los reclamos individuales y las quejas colectivas, todos tienen su razón y todos tocan el corazón. Por ello, su costo nunca fue asumido de forma explícita antes de 2024 y fue transferido, con disimulo inflacionario, a sectores vulnerables que cayeron en la pobreza.
Detener la inflación y recuperar la existencia misma de moneda es condición previa e indispensable para que el país funcione, las empresas inviertan, demanden personal, paguen impuestos y hagan aportes jubilatorios. Nada puede hacer el Estado que comprometa sus finanzas para acelerar ese círculo virtuoso, pues si lo hiciera, giraría al instante en sentido contrario. Mucho puede hacer, en cambio, para generar confianza evitando ruidos internos y exhibiendo la ejemplaridad de sus funcionarios.
Reformulando el fraseo peronista, la estabilidad fiscal es condición necesaria, pero no suficiente pues para que el país crezca y pueda sufragar sus aspiraciones, debe acompañarse de reformas estructurales que aumenten la productividad, cambiando los incentivos. Es indispensable que las iniciativas se conformen a las señales del mercado y lleguen las inversiones que han sido remisas a visitarnos para no estar expuestas a “pagar el pato” de nuestros desquicios fiscales con devaluaciones, confiscaciones u otras burlas populistas a la seguridad jurídica.
Tipo de trabajo:
opinión
