Venezuela y la tortura

La tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica habitual, de acuerdo con las múltiples denuncias formuladas por distintas organizaciones de derechos humanos. Los abusos han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas. El último caso, protagonizado por el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, no hace más que confirmarlo.

El militar fue detenido sin orden judicial, acusado de conspiración por el régimen de Nicolás Maduro. Fue recluido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar y sin que sus abogados ni sus familiares tuvieran contacto con él hasta el momento del traslado al tribunal, ocurrido una semana después. Acosta Arévalo falleció el 29 de junio, 15 horas después de haber sido presentado ante un tribunal militar desorientado y prácticamente inmóvil, apenas pidiendo auxilio y asintiendo ante su abogado, quien le preguntó si había sido torturado.

El informe sobre las causas de su muerte señala que fue consecuencia de un politraumatismo generalizado y de un edema cerebral severo debido a la insuficiencia respiratoria aguda. El cuerpo de Acosta presentaba 16 costillas fracturadas, el tabique nasal roto, excoriaciones en hombros, codos y rodillas y hematomas en ambas extremidades, lo que confirma la tesis de que fue torturado durante su detención. El representante del presidente interino Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsara un mecanismo especial para investigar el caso.

En Venezuela , las denuncias por violaciones de los derechos humanos son reiteradas. La organización Human Rights Watch (HRW), con apoyo del Foro Penal Venezolano -organización de asistencia legal a presos políticos-, elaboró un informe que documentó 45 casos de personas detenidas por protestar, que sufrieron graves violaciones de sus derechos, de los cuales 10 podrían calificarse como tortura. En 2017, otro informe frente a las protestas ocurridas entre marzo y mayo de ese año reportó una conclusión similar, con 53 casos documentados de graves violaciones de los derechos humanos y siete de tortura.

En 2018, Amnistía Internacional también elaboró un informe que asegura haber investigado casos de tortura. Para enero de 2019, HRW destaca haber investigado y corroborado 380 casos de trato cruel y 31 de tortura. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció el 20 de marzo pasado un uso sistemático de la tortura en Venezuela con apoyo de Cuba y dijo que esto constituye un crimen de lesa humanidad que debe investigarse sin demora.

Más recientemente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un demoledor informe en el que denunció tanto el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones contrarias al régimen del dictador Maduro como ejecuciones extrajudiciales, torturas o tratos inhumanos como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones, y responsabilizó de esos actos aberrantes tanto a fuerzas civiles como a militares.

Venezuela está regida por un gobierno que usa la fuerza de manera brutal e ilegítima y aprovecha su poder político para impedir la libre expresión de los ciudadanos y de líderes políticos de la oposición. Lo que viene ocurriendo en este país desde hace años obliga a llamar a las cosas por su nombre y a actuar con premura y decisión en defensa de su castigado pueblo.