Visibilidad e inclusión
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LA NACION
El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para muchos, incluidos numerosos organismos, ellas permanecen invisibles. Baste como ejemplo considerar cuántos censos nacionales debieron concretarse antes de lograr que se incluyera una mención indirecta a las viviendas en las cuales habita una persona con discapacidad.
La información que el Estado recoge sobre la población de la república está destinada a trazar políticas cada vez más certeras en beneficio de la comunidad. En tal sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que reporta desde el aumento mensual del costo de vida hasta el precio del kilo de papas, no registra cuántas personas que sufren discapacidad existen en el país o en una determinada jurisdicción, información igualmente relevante para distintos fines en múltiples sentidos: arquitectónicos, sanitarios, educativos, deportivos y espirituales, entre otros.
El Registro Nacional de Personas con Discapacidad, al 2 de marzo de 2022, contabilizaba 1.503.779 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. De ese universo, son 46.002 las personas con síndrome de Down certificadas, un 3% del total. Cuando las organizaciones internacionales hablan de un promedio del 10% de la población con algún tipo de discapacidad, el subregistro local confirma la importancia que habría tenido incluir una consulta al respecto en el censo. Hablamos de dar visibilidad a más de 4 millones de personas. Recordemos, en comparación, que el último censo sí contempló una pregunta sobre orientación sexual que dio por resultado que apenas el 0,12% del total expresó su no binarismo.
Nos cansamos de escuchar hablar de la importancia de la inclusión; tanto que incluso se pretende imponer un pseudolenguaje inclusivo, alejado de ser adoptado por la sociedad en su conjunto.
Sacando partido de la pasión mundialista, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), en unión con la agencia Wunderman Thompson Argentina, lanzó una campaña sobre “Los no convocados de la Argentina” (www.youtube.com/watch?v=1sDG0vGW79Y) para exigir al Indec la concreción de la encuesta nacional de personas con discapacidad, incluyendo expresamente a la población con síndrome de Down, prometida oficialmente.
Nunca es agradable quedar excluido. Cuando la exclusión es una política de Estado, en franca violación a compromisos internacionales asumidos en la materia, la omisión se torna gravemente irritante. Nuestro país es signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reviste carácter supranacional y establece que “los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención”. No es posible negarle a nadie sus derechos. Pero retaceárselos a quienes más los necesitan por su particular condición constituye una grave irresponsabilidad.
El Indec, tantas veces puesto al servicio de gobiernos que han pretendido negar la realidad, debería hacerse cargo de este reclamo e implementar cuanto antes esta encuesta, poco costosa y muy necesaria. Ojalá tomen debida y urgente nota.
LA NACION
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