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Vuelos ilegales sin control
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El sistema de aeronavegación del país vive, tal vez, el momento más crítico de su larga y rica historia. Los innumerables inconvenientes que presentan a diario los vuelos comerciales, el déficit en el sistema de radarización y las denuncias sobre el crecimiento de pistas ilegales usadas para el contrabando y el narcotráfico constituyen serios y graves problemas cuya solución no admite más demoras.
Los vuelos ilegales se acrecientan a tal punto que se estima que cerca de 1000 de ellos se registran anualmente a lo largo de la frontera de más de 2200 kilómetros del nordeste argentino, la cual cuenta, por lo menos, con 895 puntos propicios para aterrizar y descargar cargamentos ilegales. Esas filtraciones alimentan una gran sensación de desprotección a pesar del trabajo conjunto de la Fuerza Aérea, la Gendarmería, las policías provinciales y la Policía Federal.
El Departamento de Estado norteamericano, en el informe de este año sobre la situación del narcotráfico en la Argentina, titulado International Narcotics Control Strategy Report , señala: "Los funcionarios del gobierno argentino tienen una preocupación creciente por el uso de pequeñas aeronaves privadas para el traslado de cargamentos de drogas desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina". Lo curioso, si no más inquietante aún, es que buena parte de la solución a esos problemas depende de las decisiones de los funcionarios que se muestran preocupados.
La Fuerza Aérea debe velar por la seguridad de los cielos argentinos, pero para las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe apenas cuenta con dos viejos radares móviles que funcionan por unas pocas horas debido al elevado costo de su puesta en marcha y al insuficiente número de personal capacitado para operar con ellos. Con un promedio de ocho horas diarias, el sistema colapsa a menudo y es insuficiente para los 387.045 kilómetros cuadrados que comprenden toda la zona.
Por esa razón, en el Ministerio de Defensa se presentaron innumerables notas que abogan por el funcionamiento durante las 24 horas del sistema de radarización para la Región Aérea Nordeste y por partidas presupuestarias que deberán cubrir, además de los gastos de energía, los insumos necesarios para la operación y el mantenimiento del sistema, así como para la contratación del personal especializado que opere el sistema en condiciones óptimas y adecuadas.
El presidente Néstor Kirchner anunció, el 5 de julio último, que iba a emprender la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, en coordinación con las Fuerzas Armadas y de seguridad, en el norte del país. Se refirió de ese modo al Operativo Fortín, impulsado por el Ministerio de Defensa, por el cual se enviaron a la zona tres radares de alerta temprana del Ejército, que proveen altitud y rumbo.
A sólo 15 días de su lanzamiento, el personal del Ejército que operaba esos radares regresó a su destino original porque no contaba con los recursos económicos necesarios para solventar su estadía en Formosa.
Por el lado de los contrabandistas y narcotraficantes, la situación es bien diferente. Los aviones que hacen los vuelos furtivos, sin las mencionadas restricciones presupuestarias, tienen equipos cada vez mejor equipados para evitar ser avistados. Esas organizaciones delictivas saben que, aun cuando sean detectados, no corren el riesgo de ser interceptados, pues los aviadores de la Fuerza Aérea no tienen permiso para derribar aviones no identificados: sólo pueden perseguirlos y avisar a la Justicia. Por ello, las aeronaves y sus cargas sólo son fortuitamente capturadas cuando se ven obligadas a realizar aterrizajes de emergencia.
El Gobierno ha anunciado que el plan de radarización tantas veces postergado comenzará a ejecutarse a fines de este año. Es de desear, mientras tanto, que las autoridades nacionales dispongan de partidas presupuestarias adicionales, como ocurre en muchas otras áreas, para que los elementos de detección disponibles en la actualidad puedan operar sin restricciones y sean reparados y puestos en funcionamiento aquellos que lo requieran.
Cada vuelo ilegal que transporta droga, dinero o armas entraña un grave riesgo para la sociedad en su conjunto y configura una amenaza a las instituciones de la República. En consecuencia, no deben escatimarse esfuerzos ni recursos para impedir que ello ocurra.
